Gerald Ford, ¿un mero suplente o alguien que sentó precedentes?

A pesar de que Gerald R. Ford nunca fue elegido vicepresidente ni presidente y tan sólo ocupó el cargo durante dos años y medio, no involucró a los Estados Unidos en profusas aventuras en el extranjero y combatió de manera inconsistente la estanflación creada por sus dos predecesores, fue un presidente mucho más trascendental que alguien que meramente se limitó a completar el segundo mandato de un Richard Nixon caído en desgracia, que lo había designado vicepresidente y luego renunció.

Ford fue muy relevante por una decisión: su indulto incondicional y amplio a Nixon para evitar su probable procesamiento y posible condena por los delitos que cometió en el cargo.

Ford defendió el indulto afirmando que cualquier acusación, juicio y condena de Nixon hubiese distraído al gobierno y al público estadounidenses de los importantes problemas, tanto nacionales como extranjeros, que el país se encontraba enfrentando. Hizo otras declaraciones que insistían en que estaba intentando reunificar al país tras la pesadilla nacional del caso Watergate.

El 12 de enero de 1977, casi al final de su mandato, aseveró: “Estoy orgulloso del rol que he tenido en la reconstrucción de la confianza en la presidencia, la confianza en nuestro sistema libre y la confianza en nuestro futuro”.

Aunque las declaraciones de Ford lucen mejores con el paso del tiempo, como indican los favorables elogios de parte de los medios de comunicación, los políticos y otras luminarias tras su muerte en 2006, el indulto fue un desastre para el Estado de Derecho estadounidense que sigue repercutiendo hasta el presente.

“Estado de derecho” es un término que significa que la ley se aplica a todos los ciudadanos por igual. Conceder con descaro un trato especial a personas importantes, famosas o ricas da lugar a un sistema judicial dual, que resulta hostil a una democracia madura y estable. Peor aún, el indulto de Ford a Nixon incluso antes de que hubiera sido acusado de un delito fue probablemente inconstitucional. La Constitución dice que el jefe del ejecutivo “tendrá poder para conceder indultos y perdones por ofensas contra los Estados Unidos”. Sin embargo, para que haya una “ofensa”, una persona debe ser acusada, juzgada por un jurado y condenada por un delito. Ford indultó a Nixon tan sólo un mes después de que dejara el cargo, algo que fue pergeñado para adelantarse a cualquier debido proceso por los probables delitos de Nixon, por los cuales los fiscales del caso Watergate ya lo habían calificado de “cómplice no acusado”.

A pesar del posterior intento de Ford de maquillar el tema, la forma en que anunció el indulto dice mucho de su vergüenza al hacerlo. Sin consultar al fiscal especial del caso Watergate, a los líderes parlamentarios del partido, a los miembros del Congreso o al público, ni dar ninguna pista de lo que estaba por venir, anunció el indulto incondicional de todos los delitos cometidos por Nixon durante su presidencia en una somnolienta mañana de domingo en la que sólo había una mínima presencia de medios de comunicación en la Casa Blanca. (Dar a conocer noticias malas o embarazosas en un momento en el que es probable que nadie preste mucha atención es una técnica regularmente utilizada por los presidentes para minimizar la cobertura informativa de las mismas).

El pronunciamiento de Ford de que se le permitiría a Nixon destruir las cintas incriminatorias de la Casa Blanca que condujeron a su dimisión fue igualmente esclarecedor. Más tarde, el Congreso frenó loablemente este intento de blanquear la historia.

Anteriormente, en su audiencia de confirmación para vicepresidente, Ford afirmó que “no creo que el público aceptaría (el indulto)”. Su secretario de prensa, Jerald terHorst, que había dicho a los periodistas que Ford respaldaría esta declaración previa, renunció disgustado. Así, a pesar de los esfuerzos de minimización de Ford, se produjo una apropiada indignación nacional. Los líderes parlamentarios calificaron el indulto de “abuso de poder”, la misma acusación que se había planteado contra Nixon. Los miembros del Congreso estaban furiosos con el indulto y por no haber sido consultados previamente. Tras el indulto, la popularidad de Ford se desplomó más de 20 puntos porcentuales, una de las principales razones por las que perdió los comicios de 1976.

Los medios de comunicación y la opinión pública estaban indignados porque Nixon había salido impune cuando muchas personas de menor rango que cumplían sus órdenes ilegales fueron enviadas a la cárcel. Ford pretendía arreglar ese desastre indultando a todos los implicados en el escándalo Watergate, pero el Senado se enteró y se adelantó a Ford sancionando una resolución que declaraba que el presidente no debía indultar a nadie más antes de ser condenado.

El indulto de Ford a Nixon, que le permitió retirarse con tranquilidad en lugar de entre rejas, aceleró una presidencia que ya era imperial -como señaló el historiador Arthur Schlesinger Jr. en 1973- y contribuyó a que siguiera expandiéndose desde entonces. El horrible precedente de este indulto, realizado supuestamente para proteger de más procedimientos desagradables a un pueblo estadounidense exhausto a mediados de la década de 1970, sigue con nosotros, como queda ilustrado cuando la jueza Aileen Cannon y muchos otros piensan que el ex presidente Donald Trump debería recibir un tratamiento especial en el sistema legal. De hecho, como han demostrado hasta ahora las condenas por los eventos del 6 de enero de 2021, un castigo adecuado puede disuadir de futuras acciones delictivas. Si Nixon hubiese sido juzgado y condenado, tal vez esta lección habría moderado el comportamiento ilegal de futuros presidentes imperiales.

Traducido por Gabriel Gasave