El éxodo de California recibe una orden mordaza

Como lo confirma U-Haul, una empresa estadounidense de alquiler de equipos de mudanza, 2023 fue el cuarto año consecutivo durante el cual más californianos rentaron camiones solo de ida para salir de California que residentes de cualquier otro estado. Según el recuento del editor de Los Angeles Times, Paul Thornton, más de 800.000 californianos abandonaron el estado el año pasado, pero los “motivos de su partida no justifican el impulso de insultar a California al marcharse”, por lo que la gente debería mudarse “sin denigrar verbalmente el lugar.”

Los que se van no están menospreciando “el lugar” que cuenta con maravillas como el valle de Yosemite, los bosques de secuoyas, las hermosas playas oceánicas y demás. Según Tom Garnett, quien dejó su “querido estado natal” de California para mudarse a Carolina del Norte, el motivo radica en políticos que promueven “costosas políticas progresistas sobre el cambio climático, la falta de vivienda y otros programas, pero sin medidas claras de éxito”. En este sentido, Garnett tiene razón.

“El problema de las personas sin hogar se ha vuelto insoluble con las políticas actuales“, explica el profesor de economía de la UCLA, Lee Ohanian. “California ha gastado 20,000 millones de dólares en los últimos cinco años en abordar la falta de vivienda, y sin embargo, durante este período, el número de personas sin hogar ha aumentado en casi 40,000, llegando a un total actual de aproximadamente 172,000”. Ohanian señala además que los políticos estatales también deben considerar “los muchos miles más que podrían quedarse sin hogar en el futuro debido a sus políticas”.

“Las políticas de statu quo de California han dado lugar a lo que se ha convertido en un problema perpetuo”, señala Ohanian. “Y aquellos que crearon esas políticas no evidencian voluntad alguna de cambiar”. Eso también rige para el problema de la delincuencia.

“La Proposición 47 de 2014 redujo una gran cantidad de delitos graves a meras faltas, incluyendo delitos relacionados con drogas, violaciones que ocurren durante una cita y robos de objetos con un valor menor a los 950 dólares, incluso para reincidentes que roban diariamente”, explica Katy Grimes del California Globe. “El aumento proporcional de la delincuencia en toda California es asombroso. Y no es coincidencia que durante este mismo período se haya producido la escalada exponencial de personas sin hogar y adictos a las drogas en las calles”.

Es un resultado extraño para una medida titulada “Ley de Barrios y Escuelas Seguros” de la entonces fiscal general del estado, Kamala Harris. Autora de Smart on Crime: A Career Prosecutor’s Plan to Make Us Safer, Harris también dio el título de “Ley de Seguridad Pública y Rehabilitación” a la Proposición 57 de 2016.

Como señala Grimes, esta medida “permite ahora a los delincuentes no violentos optar por la libertad anticipada, y las juntas de audiencias de libertad condicional sólo pueden tener en cuenta la imputación más reciente a un recluso, y no todo su historial”. Según la Proposición 57, explica Grimes, los delitos “no violentos” incluyen: “violación de una persona inconsciente o por intoxicación”, “disparar desde un vehículo a una vivienda o vehículo sin ocupantes”, “agresión a un agente de policía”, “incendio provocado en serie” y otros. Hasta la fecha, ningún político demócrata del estado ha “admitido abiertamente” que estos “son realmente delitos violentos, y precisan ser reclasificados”.

Al menos 20.000 presidiarios, incluidos asesinos convictos, se llevaron 140 millones de dólares, gentileza de los más de 30.000 millones de dólares en concepto de fraude con beneficios de desempleo durante la pandemia. Esto ocurrió bajo la supervisión de Julie Su, directora de la Agencia del Desarrollo del Trabajo y la Fuerza Laboral de California (LWDA es su sigla en inglés).

Su, elegida por Joe Biden para el cargo de Secretario de Trabajo, también apoyó el Proyecto de Ley 5 de la Asamblea de California, un ataque frontal contra los trabajadores independientes del estado. El gobernador Gavin Newsom promulgó la medida y, durante la pandemia, se dio un atracón con sus propios gastos.

En abril de 2020, el gobernador Newsom anunció un acuerdo de 1.000 millones de dólares para adquirir barbijos con la empresa china Build Your Dreams, que carecía de experiencia en materia de equipos de protección. La cuenta de 1.000 millones de dólares superaba en un 30% el presupuesto estatal para enfermedades infecciosas para todo el año. El gobernador ocultó detalles incluso a sus camaradas demócratas, y qué ocurrió exactamente con ese dinero es algo que sigue sin estar claro.

Newsom también confinó a las personas sanas y cerró comercios y escuelas. Por otro lado, el gobernador y sus compinches se sintieron libres para cenar sin máscaras en el lujoso restaurante French Laundry.

El draconiano régimen pandémico de Newsom podría motivar fácilmente a los californianos a buscar otros estados o países. También podría hacerlo el estatus de California como un estado con un alto nivel de impuestos, de regulación y de delincuencia, con un problema de personas sin hogar que, como señala Ohanian, parece empeorar “cuanto más gasta California”.

En definitiva, los californianos tienen muchas razones legítimas para marcharse, y deberían sentirse libres de expresar sus quejas. Podrían decir: “El último que apague la luz”, pero eso ya está ocurriendo. Los “apagones periódicos” han sido habituales en los últimos años y, durante la ola de calor de 2022, las autoridades estatales pidieron a los californianos que no cargaran sus vehículos eléctricos.

Para muchos, eso podría haber sido la gota que rebalsó el vaso y, como confirma U-Haul, el éxodo continúa a buen ritmo. El fracaso de las políticas progresistas ha básicamente transformado a California que pasó de ser un lugar donde la gente deseaba vivir a un lugar que la gente prefiere abandonar.

Traducido por Gabriel Gasave