Una causa judicial podría congelar la donación de esperma

La Corte Suprema del estado de Pennsylvania se encuentra considerando en la actualidad una apelación legal que podría establecer un precedente de gran alcance tanto para la política sobre la prestación alimentaria a favor de los hijos como para las clínicas de fertilidad en los Estados Unidos. Tal como lo destaca un informe, «los donantes de esperma que creían que estaban recibiendo $50 por su material genético»—un arancel clínico estándar—y nada más, pueden sufrir un verdadero impacto.

La causa involucra al donante de esperma Joel L. McKiernan y a su amante Ivonne V. Ferguson. Diez años atrás, celebraron un contrato verbal respecto del cual un panel integrado por tres jueces del Tribunal Superior dijo que era “en apariencia” válido. A cambio de la donación del esperma de McKiernan, la que condujo al nacimiento de mellizos mediante una fertilización in-vitro (IVF como se la conoce en inglés,) Ferguson lo relevó de cualquier obligación respecto de los niños. (IVF implica la fertilización de los óvulos de una mujer con esperma en un laboratorio y, luego, la colocación de los óvulos fertilizados nuevamente en el útero de la aspirante a madre.)

Ferguson niega que haya existido alguna vez un acuerdo tendiente a relevar de responsabilidad a McKiernan. Pese a todo, ella señaló a su por entonces esposo como »padre» en el certificado de nacimiento. Cinco años después del nacimiento de los mellizos y en la estela del divorcio, inició una demanda judicial contra McKiernan por alimentos para los menores.

La enmarañadas circunstancias personales de esta situación, constituyen una pesadilla legal y el tipo de causa »difícil» que da lugar a una mala legislación. Y una mala ley es exactamente lo que puede resultar.

Tanto el tribunal de enjuiciamiento como el Tribunal Superior denominaron a las acciones de Ferguson como «desdeñables» y expresaron su simpatía para con McKiernan. Sin embargo, ambas instancias consideraron que el mismo estaba obligado a pagar por encima de $1500 mensuales en concepto de alimentos, más las respectivas cuotas atrasadas, a la actualmente divorciada Ferguson. (McKiernan se ha casado, se mudó, y tiene en la actualidad otros dos hijos a los que está criando.)

¿Por qué fue considerado responsable McKiernan? El contrato original fue considerado como de cumplimiento imposible en virtud de «principios legales, de equidad, y morales.» El principal principio abrogatorio: los padres biológicos no pueden renunciar a los intereses de un hijo—un tercero—quien posee un »derecho» independiente que debe ser sostenido por cada uno de ellos.

No importa que ese tercero no existía en el momento de la celebración del contrato y que probablemente nunca hubiese existido sin ese acuerdo. Tampoco interesa que la ley presuma que por lo general, el esposo es el padre de cualquier hijo nacido durante el matrimonio. La donación de esperma por sí sola convierte a McKiernan en financieramente responsable por los mellizos hasta que éstos alcancen la adultez.

O lo hará si él pierde la apelación ante la Corte Suprema, la cual analiza el alcance de la responsabilidad de un donante de esperma. Presumiblemente, el pronunciamiento judicial impactará por igual a las mujeres que donan óvulos para el tratamiento de fertilidad de otra persona.

Pennsylvania, como la mayoría de los estados, no ha adoptado una versión de la Uniform Parentage Act, ley que protege a los donantes de esperma y de óvulos de las responsabilidades de la paternidad. Muchos—cuando no la mayoría—de los donantes presumen que meramente el anonimato les proporciona dicha protección.

En la causa de Ferguson versus McKiernan, la identidad del donante de esperma fue siempre conocida. Pero el principio sostenido por los tribunales podría aplicarse con idéntica fuerza a los donantes anónimos.

El abogado de Ferguson sostuvo que su causa no amenazaba a los bancos de esperma o a las clínicas de fertilidad, debido a que tales instalaciones no habían estado involucradas. El letrado de McKiernan destacó que el contrato en cuestión era virtualmente idéntico a los que ellas ofrecen: a saber, el anonimato o el no involucramiento a cambio de una donación. Si una madre o un padre no pueden renunciar al »derecho» de un hijo potencial a recibir apoyo, entonces no queda claro cómo una clínica de fertilidad podría hacerlo en su capacidad como un agente intermediario con fines de lucro entre los dos »padres».

El peligro que este precedente traería aparejado fue expresado por Arthur Caplan, profesor de ética medica en la University of Pennsylvania. Caplan explicó que todo aquel que dona material genético sobre la base del anonimato «debería comprender que su identidad podría serle revelada a cualquier hijo que el mismo produjese y que podrían ser vistos por los tribunales como el mejor lugar al cual acudir a fin de asegurar que el niño cuenta con el apoyo financiero adecuado.» Esta posibilidad se vuelve más probable si uno de los padres se encuentra solicitando apoyo de una agencia gubernamental.

A los bancos de esperma se les exige legalmente que mantengan un registro de la identidad de cada donante, a menudo de manera indefinida.

El Juez de la Corte Suprema de Pennsylvania, Ronald D. Castille, fue más franco que Caplan en su valoración del riesgo de que las donaciones cesarían. «¿Qué hombre en su sano juicio estaría de acuerdo con ello [la donación de esperma] si decidimos esta causa a su favor? Ninguno.»¿Qué mujer en su sano juicio donaría óvulos?

Las estimaciones sobre la infertilidad en los Estados Unidos varían pero la tasa está ubicada por lo general en alrededor del 15 por ciento, incluso sin tener en cuenta a las parejas de homosexuales y de lesbianas. Es decir, que el 15 por ciento de las parejas no pueden concebir tras un año de relaciones sexuales regulares y sin protección. Si se toma en consideración a los embarazos perdidos, la tasa se incrementa.

La utilización de esperma y de óvulos donados es una solución común para la infertilidad. Según el Dr. Cappy Rothman del Cryobank de California, una cifra estimada de entre 150.000 y 200.000 inseminaciones artificiales tienen lugar cada año en los Estados Unidos. Y esa es tan solo una forma de tratamiento contra la infertilidad.

Si la Corte Suprema del estado de Pennsylvania juzga que el donante de esperma es responsable del pago de la prestación alimentaria, entonces muchas formas de tratamientos contra la infertilidad en la mayoría de los estados podrían volverse menos disponibles y más costosas. Aquellos donantes que los llevasen a cabo, desearán ser compensados por su incrementado riesgo legal.

Los tribunales han opuesto a los «mejores intereses» de un niño contra los derechos de los padres biológicos de celebrar contratos entre sí sobre las condiciones de la reproducción. Han también abierto una caja de Pandora de complicaciones que involucran a los reclamos de los niños sobre la información y la fortuna de un donante de esperma.

Pero la peor consecuencia puede ser la de la negación de la propia vida a aquellos niños que son deseados desesperadamente por parejas infértiles. La ley no debería obstruir sus posibilidades de concebir.

Traducido por Gabriel Gasave