Terminemos con esta ridícula demanda judicial

Primero, mi descargo: detesto al tabaco. Nunca he fumado y creo que repudiaría a uno de mis hijos si él o ella comenzaran a hacerlo. Creo que los estados tienen el derecho constitucional de prohibir fumar (a pesar de que serían muy necios y muy crueles sí lo hiciesen, dado que muchos estadounidenses fuman legalmente y desean continuar haciéndolo.) Nunca he recibido tampoco un solo centavo de parte de alguna compañía tabacalera en concepto de fondos de consultoría.

Dicho esto, la demanda federal en curso contra las compañías tabacaleras es un ultraje contra el Estado de Derecho y contra la propia idea del gobierno federal limitado. Esta demanda, heredada por la administración Bush de los clintonistas, fue reducida la semana pasada desde $280 mil millones (billones en inglés) hasta unos «meros» $10 mil millones (billones en inglés.) Es hora de que la administración le suministre un coup de grace a esta demanda judicial, debido a que la misma convierte en una parodia a nuestro sistema de agravios.

Como lo señalara en mi libro del año 2002, Fire and Smoke: Government Lawsuits and the Rule of Law, en 1997 la Fiscal General Janet Reno testificó ante el Senado que el gobierno federal carecía de un fundamento legal para recuperar de parte de las compañías tabacaleras a los gastos en concepto de atención de la salud. A eso se debe que ella le cediera esta tarea a los estados, los cuales recuperaron unos formidables $246 mil millones (billones en inglés) de parte de la industria en 1998. Sin embargo en 1999, bajo la presión de la Casa Blanca, que había fracasado en decretar su deseado incremento del impuesto federal a los cigarrillos de 55 centavos por paquete, la Fiscal General Reno desvergonzadamente interpuso la misma demanda respecto de la cual ella había admitido de manera explicitita que carecía de fundamento.

La demanda federal es simplemente un gran desorden legal. Considérese:

• Abrumadora evidencia revela que los fabricantes de tabaco nunca engañaron al gobierno federal. Washington ha sabido durante décadas que el fumar es peligroso. Desde el año 1964, cada paquete de cigarrillos vendido en los Estados Unidos ha llevado una advertencia ordenada federalmente dando cuenta de los riesgos que implica para la salud el fumar. Por lo tanto Washington, no tiene porque demandar por fraude a las grandes empresas tabacaleras.

• Tampoco puede Washington sostener que de alguna manera ha adquirido los derechos de los fumadores individuales a demandar. ¡Por algo, el gobierno federal durante largo tiempo negó que dichos derechos existiesen! En 1997 el Departamento de Asuntos de los Veteranos rechazó, basándose en que los veteranos asumieron los riesgos de fumar, una demanda de parte de ex soldados supuestamente enfermos a causa de los cigarrillos que les fueran provistos por el Departamento sin costo alguno. Resulta que Washington les distribuyó gratuitamente cigarrillos a los hombres de servicio hasta 1974, una década completa después de que el gobierno exigiera las advertencias sobre los peligros para la salud.

• Virtualmente todo experto serio que ha estudiado el tema ha concluido que, mientras el hecho fumar es peligroso para los fumadores, el mismo no le causa ninguna pérdida financiera al gobierno federal. Esto es en virtud de que fumar afecta el momento en que se generan los costos de la atención de la salud que afronta el gobierno. Los fumadores mueren en promedio antes que los no fumadores, por lo tanto los costos pagados por el gobierno para tratar a las enfermedades relacionadas con el tabaco se encuentran más que compensados con los ahorros en otras enfermedades y en los beneficios jubilatorios. Los miles de millones (billones en inglés) en concepto de impuestos federales al consumo federal generan cada año una ganancia neta para los cofres federales. La verdad es que Washington sufriría fiscalmente si todos los estadounidenses dejasen de fumar.

En un reconocimiento tácito de lo endeble de su causa legal, la demanda judicial intenta una maniobra desesperada y la única causa de acción que ha sobrevivido al escrutinio judicial es la de un reclamo basado en la ley RICO (Sigla en inglés para la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act es decir la Ley de las Organizaciones Corruptas y del Chantaje Influido.) Bajo la RICO, alguien perjudicado por un “patrón de actividad criminal” puede incoar una demanda civil contra el pandillero agraviante.

Pero los daños civiles de la RICO se le acumulan a los individuos. Durante el debate que precedió a la sanción de la ley RICO, fue retirada una enmienda propuesta que le hubiese permitido a los Estados Unidos demandar. Y los ejemplos que brinda Washington de “chantaje” son risibles. Una acusación representativa de la RICO fue la de que los avisos publicitarios de “Joe Camel” en la revista Sports Illustrated constituyen un patrón de actividad criminal. ¡Sin embargo estos avisos eran tanto legales como discutiblemente protegidos constitucionalmente! De todas maneras, desde un fallo del mes de febrero de 2005 emitido por el Tribunal de Apelaciones de Circuito del Distrito de Columbia, se ha vuelto obvio que los federales no pueden efectuar un recupero por estos reclamos de la RICO. Debido a esta sentencia, la Administración ha groseramente disminuido su demanda. Su nuevo y patético reclamo es ahora por $10 mil millones (billones en inglés) debidos en concepto de daños en razón del riesgo de «futuras violaciones» a la ley RICO por parte de las compañías tabacaleras.

Se ha informado que la demanda federal por el tema del tabaco ha costado más de $135 millones a fin de prepararla y de llevarla a delante. Desde el comienzo, la misma no fue nada más que una búsqueda finamente velada de los miles de millones en ingresos federales que el Presidente Clinton fue incapaz de obtener a través del proceso tributario constitucional. La misma sintetiza a la reglamentación mediante la litigación, a la cual el Presidente Bush prometió desmantelar en su campaña. Fiscal General Gonzáles, por favor termine con este pleito.

Traducido por Gabriel Gasave