Una presidencia imperial basada en una arena movediza constitucional

Tras revelaciones respecto de la orden del Presidente Bush de vigilar a los estadounidenses sin justificación, los limites del poder ejecutivo serán sin dudas uno de los principales temas a plantearse en la audiencia de confirmación del nominado a la Corte Suprema Samuel Alito. El conservador Alito ha apoyado públicamente la teoría del ejecutivo unitario, la cual implica una visión amplia de la autoridad presidencial. Los críticos liberales de Alito sostienen que sus antecedentes han sido demasiado serviles a favor de expandir el poder ejecutivo.

La oposición de estos dos campos parecería peculiar. Muchos de los conservadores de hoy, tales como Alito, el Vicepresidente Dick Cheney, y el jefe de personal de Cheney David Addington, consideran que la presidencia no es lo suficientemente muscular. En verdad, el vicepresidente, contrariamente a la mayor parte de la erudición sobre el tema, siente que en décadas recientes, la rama ejecutiva ha sido debilitada. No obstante ello, los conservadores también reclaman la custodia de la intención original de los diseñadores de la Constitución. Los padres fundadores de la nación se retorcerían en sus tumbas si tomasen conocimiento de la moderna presidencia imperial.

La Constitución de los Estados Unidos fue redactada después de una guerra de independencia de lo que los colonos consideraban era un rey despótico. El documento fue diseñado para limitar estrictamente el poder federal, vis-à-vis los poderes de los estados y del pueblo. Dentro del estrecho reino federal, los arquitectos de la Constitución intentaron convertir al Congreso descentralizado en la rama dominante y le otorgaron a ese cuerpo muchas más facultades enumeradas que al presidente o a la rama judicial. No es ninguna coincidencia que el artículo de la Constitución que establece las facultades de la rama legislativa se encuentre primero y sea mucho más extenso que el Artículo II, que enumera las responsabilidades de la rama ejecutiva, y el Artículo III, que se refiere al poder judicial.

En particular, los fundadores temían que el poder de un ejecutivo potente impusiera guerras sobre el pueblo estadounidense en las que tuviesen que soportar el peso de los costos en sangre y tesoros—en gran medida como los autocráticos monarcas europeos de entonces inflingían dichos costos sobre sus súbditos. Así, los diseñadores de la Constitución, contrariamente a la sabiduría convencional, le otorgaron al Congreso la mayoría de las facultades relacionadas con la guerra. La legislatura tiene el poder de declarar la guerra, habilitar y mantener una armada, dictar reglas para el gobierno y ordenanza de las fuerzas navales y terrestres, dictar reglas con relación a las presas de mar y tierra, y proveer lo necesario para organizar, armar y disciplinar, y establecer la milicia en tiempos de insurrección e invasión. En contraste, el presidente tiene solamente la facultad de comandante en jefe del ejército, la armada, y la milicia cuando sea llamada al servicio activo por el gobierno federal.

Es a esta última facultad a la que los presidentes modernos, especialmente el actual, han intentado estirar desde sus estrechos orígenes hasta la misma pesadilla que los redactores del documento deseaban evitar—un solo funcionario con facultades bélicas no controladas. El Presidente Bush ha justificado las leyes inconstitucionales en la “guerra contra el terror” al expandir las facultades de comandante en jefe más allá de la intención de los padres fundadores. Ha utilizado ese poder para justificar la tortura, el espionaje de los estadounidenses sin causa, y la suspensión efectiva del habeas corpus mediante la detención indefinida de los “combatientes enemigos”—incluidos varios estadounidenses—sin un juicio ni acceso a abogados. Sin embargo los fundadores pretendían solamente que el presidente comandara a las fuerzas en el campo de batalla porque era difícil que lo hicieran los distintos miembros de la rama legislativa. Sí, la recopilación de la inteligencia es parte de ese esfuerzo, pero otra parte de la Constitución—es decir, la Cuarta Enmienda en el Bill of Rights—implícitamente garantiza que el pueblo estará protegido contra allanamientos sin una justificación. Para los conservadores que aman esa intención original, la Constitución no dice nada respecto de ser suspendida durante las épocas de guerra. También, la tortura de prisioneros en violación de las Convenciones de Ginebra aprobadas parlamentariamente y la detención indefinida de ellos sin un juicio parecerían llevarse mal con las provisiones constitucionales que establecen que el Congreso tiene la facultad de dictar reglas con relación a las presas de mar y tierra e implica que solamente el Congreso, en lugar del ejecutivo, tiene la facultad de suspender el habeas corpus en épocas de rebelión o invasión (esta provisión está en el Artículo I y no en el Artículo II).

Por supuesto, actualmente no hay ninguna rebelión ni invasión, y por lo tanto cualquier suspensión del habeas corpus—ya sea por parte del presidente o del Congreso—es probable que sea inconstitucional. En verdad, no existe ninguna guerra; la “guerra contra el terror” no es en verdad para nada una guerra. La resolución parlamentaria posterior al 11/09 que autoriza el uso de la fuerza contra los perpetradores de los ataques y aquellos que los cobijaban, que el presidente utiliza como una justificación adicional para su fisgoneo interno, ni siquiera implicaba la aprobación de dicha vigilancia, una expansión del poder del ejecutivo (en verdad, los miembros del Congreso de ambos partidos quedaron registrados rechazando específicamente esa interpretación), ni una declaración de guerra.

Así, aún cuando el presidente y su administración constantemente dicen, “estamos en guerra,” técnicamente no lo estamos. La última guerra oficial que pelearon los Estados Unidos fue la Segunda Guerra Mundial. Después de ella, el Congreso abdicó de su responsabilidad de declarar la guerra. Desde entonces, los presidentes han declarado un derecho unilateral a enviar fuerzas estadounidenses al peligro—el peor de los temores de los padres fundadores. Por ejemplo, incluso a pesar de que el Presidente Bill Clinton no pudo obtener la aprobación parlamentaria para atacar a Serbia y Kosovo, ordenó de todas maneras el bombardeo. Antes de la Primera Guerra del Golfo, el Presidente George H. W. Bush sostuvo que estaba pidiendo una resolución parlamentaria de apoyo, como opuesta a una declaración de guerra, solamente como una cortesía—no debido a que se lo exigía la Constitución.

Incluso a pesar de la reciente desviación de las normas, la Constitución y los debates en la convención constitucional fueron claros respecto de que es necesaria una declaración de guerra para emprender una, a menos que una invasión le impida reunirse al Congreso. Incluso entonces, se espera que el Congreso ratificase un estado de guerra existente tan pronto como pudiese. En la actual “guerra contra el terror,” en virtud de que el Congreso no ha declarado la guerra, la resolución parlamentaria existente no debería ser utilizada para justificar el espionaje interno ni ninguna otra cosa. También, sin ninguna guerra oficial, la autoridad del presidente como comandante en jefe—interpretada estrechamente por los fundadores—estaría aún más limitada.

La gran mayoría de las acciones extraordinarias que el Presidente Bush ha emprendido después del 11/09 son inconstitucionales. La presidencia imperial—especialmente sus expandidas facultades de guerra—descansa sobre una arena movediza constitucional.

Traducido por Gabriel Gasave