La corrupción en Perú

Washington, DC— La mayor parte de los libros sobre la corrupción en América Latina son tendenciosos, confunden los síntomas con las causas o se entrampan en lo puramente sensacionalista. Por eso, cuando el profesor Alfonso Quiroz de la City University of New York me invitó presentar su libro “Corrupt Circles: A History of Unbound Graft in Peru” en el Woodrow Wilson Center, pensé declinar la invitación.

Pero se trata, en realidad, de una contribución sustancial a la comprensión de la corrupción latinoamericana. Aunque se centra en el caso del Perú desde la época colonial hasta el presente, su validez es universal.

El libro presenta a la corrupción como un fenómeno que recorre todos los tipos de gobierno que ha padecido el Perú. Con ello, muestra que se trata de un rasgo institucional, no de espasmos episódicos. La colosal corrupción que existe desde siempre en el Perú sería hija de la forma en que está organizado el poder y se fijan las reglas.

El autor intenta cuantificar las pérdidas, una tarea ardua porque el cálculo incluye la sustracción o desvío de dineros públicos y la riqueza que podría haberse creado en un contexto más seguro.

Entre 1680 y 1810, el cohecho y otros delitos económicos equivalieron en promedio a más del cuatro por ciento del PBI cada año. Entre la década de 1820, cuando el Perú obtuvo (le obtuvieron) su independencia, y comienzos del siglo 21, el promedio anual fue levemente inferior a esa cifra. En el siglo 20, las peores décadas fueron la de 1920, la de 1970 y la de 1990. Bajo Alberto Fujimori y su monje negro, Vladimiro Montesinos, la corrupción equivalió al cincuenta por ciento del presupuesto del Estado y al 4,5 por ciento del PBI cada año. El autor calcula que los sobornos le han costado al Perú la mitad de sus posibilidades de desarrollo.

Pero el verdadero aporte del libro es más fundamental que sus fosforescentes estadísticas. Es la aseveración de que la “corrupción como sistema tiene lugar cuando las reglas formales e informales, las políticas destinadas al crecimiento y las normas constitucionales—que protegen los derechos de propiedad, reducen los costos de transacción, desalientan la búsqueda de renta y garantizan los pesos y contrapesos políticos—brillan por su ausencia, están distorsionadas o son inciertas”.

Hace unos años, describí en un libro los “cinco principios de la opresión” que están detrás del relativo atraso de América Latina: el corporativismo, el mercantilismo, el privilegio, la transferencia de riqueza y la ley política o Derecho politizado. En estas sociedades, los derechos individuales, la propiedad privada y la competencia fueron sofocados por el poder autoritario.

El gobierno colonial descargó sobre los peruanos un millón de leyes que fueron desobedecidas tanto por quienes debían aplicarlas como por las víctimas. La república independiente se deshizo del dominio español, no de la tradición estatista. En el Brasil del siglo 19, el Vizconde de Albuquerque se refería al poder persistente de las instituciones defectuosas en contra de los intentos reformistas cuando, en un contexto distinto, sostuvo que “un conservador es un liberal que está en el gobierno”. Sólo aquellos países en los que la sociedad civil fue más fuerte y las instituciones menos intrusas, la corrupción resultó menos abarcadora: Costa Rica, Uruguay y Chile.

Según “Corrupt Circles”, la corrupción peruana ha cambiado de foco según las tendencias prevalecientes. En tiempos de gobierno militar —por ejemplo, con los dictadores Sánchez Cerro, Oscar Benavides y Manuel Odría—, fue especialmente elevado el cohecho ligado a las compras militares. En el periodo, entre la décadas de 1930 y 1980, cuando el nacionalismo económico embrujó al Perú como a la mayor parte del continente, la corrupción estuvo muy ligada a las políticas proteccionistas y socialistas —por ejemplo, bajo el general Juan Velasco.

La corrupción es un síntoma de la inoperancia institucional. Es el medio mediante el cual una persona común se protege de reglas poco realistas –una especie de seguro contra el riesgo de obedecer la ley— y mediante el cual la gente poderosa explota la maquinaria de un Estado que le pone escasos límites.

En 2001, poco después del colapso del gobierno de Fujimori, sugerí la necesidad de un “museo de la corrupción”, financiado de forma independiente. La memoria es una manera en la que los peruanos puedan empezar a modificar algunas de las causas sempiternas de la corrupción. Pero la preservación de la memoria política no es una tradición peruana.

Un debate tiene lugar en estos días con respecto a la propuesta de crear un “museo de la memoria” relacionado al atroz sufrimiento infligido a los peruanos, la mayoría de ellos andinos sin pena ni gloria, por dos décadas de terrorismo marxista y la respuesta militar indiscriminada. El Ministro de Defensa del Perú, de apellido Flores Aráoz, pensó que les prestaba un servicio a los uniformados, aunque en el fondo los insultaba, cuando sostuvo, hace poco, que en un país pobre los museos no son una prioridad. El Vicepresidente Giampietri, un cuestionado ex almirante, también se ha ofuscado con la amenaza de un museo.

En el caso harto improbable de que el Ministro y el Vicepresidente consideren que los libros tienen alguna utilidad en los países pobres, deberían leer “Corrupt Circles.” Podría ayudarlos a comprender por qué la memoria puede ser un poderoso antídoto contra la repetición ad infinitum de la (mala) historia.

(c) 2009, The Washington Post Writers Group