Tras haber iniciado una serie de historias investigativas criticando a la Administración de la Seguridad en el Transporte (TSA es su sigla en inglés) en mayo de 2008, el reportero de la CNN Drew Griffin informa haber sido incluido con más de un millón de otros nombres en la abultada lista de vigilancia del terrorismo de la TSA. Pese a que la TSA insiste en que el nombre de Griffin no aparece en la lista y rechaza cualquier posibilidad de venganza por el negativo informe de Griffin, el periodista ha sido fastidiado por diversas aerolíneas en 11 vuelos desde mayo. Las aerolíneas insisten en que el nombre de Griffin aparece en el listado. El Congreso le ha solicitado a la TSA que investigue las tribulaciones de este prominente pasajero.
En un reciente artículo editorial en el Washington Post, probablemente respondiendo a la controversia acerca de Griffin, Leonard Boyle, el director del Centro de Detección de Terroristas, defendió la lista de vigilancia, afirmando que en virtud de que los terroristas posee múltiples alias, los nombres en el listado se reducen a solamente cerca de 400.000 personas reales. Si hay 400.000 terroristas esperando para atacar a los Estados Unidos estamos en problemas.
Pero aguarde un instante. No ha habido ningún ataque terrorista importante en suelo estadounidense desde el 11 de septiembre de 2001—hace casi siete años. ¿Dónde están todos estos nefastos malvados?
Boyle afirma que el 95 por ciento de estas personas no son ciudadanos estadounidenses ni residentes legales y que la vasta mayoría ni siquiera se encuentra en los Estados Unidos. En cambio tímidamente defiende el tamaño de la lista al escribir, “Su tamaño se corresponde con la amenaza. Es un mundo grande”.
Eso trae aparejado un tema muy importante. El gobierno estadounidense procura regularmente vigilar al mundo y combatir las amenazas para otras naciones—generando por lo general más enemigos en el trayecto. Examinando a las cuarenta y cuatro organizaciones incluidas en el listado altamente politizado de las Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO es su sigla en inglés) del Departamento de Estado, uno encuentra que tan solo muy pocas concentran sus esfuerzos sobre objetivos estadounidenses. Y el gobierno de los EE.UU. ha incluso coqueteado con una agrupación anti-iraní, la organización de Mujahedin-e Khalq, que fue incluida en la lista de FTO hace bastante tiempo.
De manera similar, la lista del Departamento de Estado de cinco Estados patrocinadores del terrorismo ha incluido a Cuba y Corea del Norte—ninguno de los cuales ha participado activamente en ataques terroristas en décadas. Estos dos países continuaron en la lista por otras razones—a saber, la aversión que les tiene el gobierno estadounidense. En su website, el Departamento de Estado admite incluso que, “La República Popular Democrática de Corea (RPDC) ha sido conocida por no haber patrocinado ataque terrorista alguno desde el bombardeo del vuelo de Korean Airlines en 1987”. El website contiene también una admisión implícita de que el mantenimiento de países selectos en la lista de Estados patrocinadores puede cosechar beneficios políticos ulteriores para los Estados Unidos. El website destaca que bajo el paraguas de las conversaciones a seis bandas, los Estados Unidos intentan remover a Corea del Norte de la lista en la medida que esa nación emprenda acciones tendientes a deshacerse de su programa de armas nucleares. Incluso las tres naciones restantes en la lista de patrocinadores del terrorismo—Siria, Irán y Sudan—no apoyan a grupos que focalizan sus ataques contra los EE.UU..
De este modo, la lista exageradamente grande de vigilancia del terrorismo para los viajes en avión y el listado excesivamente largo de FTO y Estados patrocinadores son algunos ejemplos más de cómo los Estados Unidos asumen la carga de la seguridad de otras naciones. Sin embrago, tratar de ser el “grandote del mundo” acarrea un horrendo costo para la libertad estadounidense dentro del país.
La lista de la vigilancia terrorista es absolutamente inconstitucional. Bajo la Cuarta Enmienda a la Constitución, no se expedirán mandamientos a menos de que exista causa probable de que un crimen ha sido cometido. Si el gobierno posee dicha causa probable de que un pasajero está conspirando para cometer un acto terrorista contra una aeroplano, no debería molestar a esa persona en el aeropuerto cuando está tratando de volar ni prohibirle que vuele; debería arrestarla. Pero por supuesto, el gobierno carece de toda evidencia para hacer eso respecto de la vasta mayoría de los 400.000 individuos en la lista de vigilancia.
Y aparentemente no resulta sencillo que lo saquen a uno de la lista una vez que ingresó en ella. A pesar de que Boyle afirma que la TSA constantemente escudriña el listado en busca de posibles identidades equivocadas de personas que tienen frecuentes “encuentros” con la lista, aún cuando no presenten una queja, Griffin reveló el caso de un inocente pasajero con un nombre común—James Robinson—que se había quejado hasta el cansancio y no había recibido solución alguna para su caso. El senador Edward Kennedy—también un nombre común—experimentó interminables molestias y padeció la burocracia al procurar quitar su nombre de la lista. Si una figura tan bien conocida tiene esos problemas, el viajero incorrectamente identificado promedio se encuentra en un gran embrollo.
Y como dirían los economistas, ¿qué ocurre con el costo de oportunidad para la verdadera seguridad? El gobierno de los EE.UU. debería emplear el tiempo que dedica al escrutinio de las 400.000 personas en la lista de vigilancia, y a la vasta mayoría de las 44 FTO y la totalidad de los 5 países que no patrocinan al terrorismo anti-norteamericano, en la nuevamente creciente amenaza de Osama bin Laden, Ayman al-Zawahir y otras decenas de recalcitrantes seguidores de al Qaeda que operan en Paquistán. El público estadounidense estaría mucho más seguro. Tal como dijo el famoso mandatario militar (y economista teórico) prusiano Federico el Grande, “Defender todo implica defender nada”. Además, bajo la actual política gubernamental, no tenemos ni libertad ni seguridad.
Traducido por Gabriel Gasave
¿Hay 400.000 terroristas, 44 agrupaciones terroristas y cinco Estados patrocinadores tratando de atacar a los Estados Unidos?
Tras haber iniciado una serie de historias investigativas criticando a la Administración de la Seguridad en el Transporte (TSA es su sigla en inglés) en mayo de 2008, el reportero de la CNN Drew Griffin informa haber sido incluido con más de un millón de otros nombres en la abultada lista de vigilancia del terrorismo de la TSA. Pese a que la TSA insiste en que el nombre de Griffin no aparece en la lista y rechaza cualquier posibilidad de venganza por el negativo informe de Griffin, el periodista ha sido fastidiado por diversas aerolíneas en 11 vuelos desde mayo. Las aerolíneas insisten en que el nombre de Griffin aparece en el listado. El Congreso le ha solicitado a la TSA que investigue las tribulaciones de este prominente pasajero.
En un reciente artículo editorial en el Washington Post, probablemente respondiendo a la controversia acerca de Griffin, Leonard Boyle, el director del Centro de Detección de Terroristas, defendió la lista de vigilancia, afirmando que en virtud de que los terroristas posee múltiples alias, los nombres en el listado se reducen a solamente cerca de 400.000 personas reales. Si hay 400.000 terroristas esperando para atacar a los Estados Unidos estamos en problemas.
Pero aguarde un instante. No ha habido ningún ataque terrorista importante en suelo estadounidense desde el 11 de septiembre de 2001—hace casi siete años. ¿Dónde están todos estos nefastos malvados?
Boyle afirma que el 95 por ciento de estas personas no son ciudadanos estadounidenses ni residentes legales y que la vasta mayoría ni siquiera se encuentra en los Estados Unidos. En cambio tímidamente defiende el tamaño de la lista al escribir, “Su tamaño se corresponde con la amenaza. Es un mundo grande”.
Eso trae aparejado un tema muy importante. El gobierno estadounidense procura regularmente vigilar al mundo y combatir las amenazas para otras naciones—generando por lo general más enemigos en el trayecto. Examinando a las cuarenta y cuatro organizaciones incluidas en el listado altamente politizado de las Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO es su sigla en inglés) del Departamento de Estado, uno encuentra que tan solo muy pocas concentran sus esfuerzos sobre objetivos estadounidenses. Y el gobierno de los EE.UU. ha incluso coqueteado con una agrupación anti-iraní, la organización de Mujahedin-e Khalq, que fue incluida en la lista de FTO hace bastante tiempo.
De manera similar, la lista del Departamento de Estado de cinco Estados patrocinadores del terrorismo ha incluido a Cuba y Corea del Norte—ninguno de los cuales ha participado activamente en ataques terroristas en décadas. Estos dos países continuaron en la lista por otras razones—a saber, la aversión que les tiene el gobierno estadounidense. En su website, el Departamento de Estado admite incluso que, “La República Popular Democrática de Corea (RPDC) ha sido conocida por no haber patrocinado ataque terrorista alguno desde el bombardeo del vuelo de Korean Airlines en 1987”. El website contiene también una admisión implícita de que el mantenimiento de países selectos en la lista de Estados patrocinadores puede cosechar beneficios políticos ulteriores para los Estados Unidos. El website destaca que bajo el paraguas de las conversaciones a seis bandas, los Estados Unidos intentan remover a Corea del Norte de la lista en la medida que esa nación emprenda acciones tendientes a deshacerse de su programa de armas nucleares. Incluso las tres naciones restantes en la lista de patrocinadores del terrorismo—Siria, Irán y Sudan—no apoyan a grupos que focalizan sus ataques contra los EE.UU..
De este modo, la lista exageradamente grande de vigilancia del terrorismo para los viajes en avión y el listado excesivamente largo de FTO y Estados patrocinadores son algunos ejemplos más de cómo los Estados Unidos asumen la carga de la seguridad de otras naciones. Sin embrago, tratar de ser el “grandote del mundo” acarrea un horrendo costo para la libertad estadounidense dentro del país.
La lista de la vigilancia terrorista es absolutamente inconstitucional. Bajo la Cuarta Enmienda a la Constitución, no se expedirán mandamientos a menos de que exista causa probable de que un crimen ha sido cometido. Si el gobierno posee dicha causa probable de que un pasajero está conspirando para cometer un acto terrorista contra una aeroplano, no debería molestar a esa persona en el aeropuerto cuando está tratando de volar ni prohibirle que vuele; debería arrestarla. Pero por supuesto, el gobierno carece de toda evidencia para hacer eso respecto de la vasta mayoría de los 400.000 individuos en la lista de vigilancia.
Y aparentemente no resulta sencillo que lo saquen a uno de la lista una vez que ingresó en ella. A pesar de que Boyle afirma que la TSA constantemente escudriña el listado en busca de posibles identidades equivocadas de personas que tienen frecuentes “encuentros” con la lista, aún cuando no presenten una queja, Griffin reveló el caso de un inocente pasajero con un nombre común—James Robinson—que se había quejado hasta el cansancio y no había recibido solución alguna para su caso. El senador Edward Kennedy—también un nombre común—experimentó interminables molestias y padeció la burocracia al procurar quitar su nombre de la lista. Si una figura tan bien conocida tiene esos problemas, el viajero incorrectamente identificado promedio se encuentra en un gran embrollo.
Y como dirían los economistas, ¿qué ocurre con el costo de oportunidad para la verdadera seguridad? El gobierno de los EE.UU. debería emplear el tiempo que dedica al escrutinio de las 400.000 personas en la lista de vigilancia, y a la vasta mayoría de las 44 FTO y la totalidad de los 5 países que no patrocinan al terrorismo anti-norteamericano, en la nuevamente creciente amenaza de Osama bin Laden, Ayman al-Zawahir y otras decenas de recalcitrantes seguidores de al Qaeda que operan en Paquistán. El público estadounidense estaría mucho más seguro. Tal como dijo el famoso mandatario militar (y economista teórico) prusiano Federico el Grande, “Defender todo implica defender nada”. Además, bajo la actual política gubernamental, no tenemos ni libertad ni seguridad.
Traducido por Gabriel Gasave
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