Chile: Pensiones bajo fuego

¿La emprendería usted contra los dos motores a vapor de triple expansión del Titanic porque el barco chocó trágicamente contra un iceberg y el capitán Edward Smith tardó en bajar los botes para que la gente pudiese escapar? Cualquiera puede entender que los motores fueron ajenos al problema. Sin embargo, se ha desatado una campaña contra del sistema privado de pensiones de Chile que culpa a los potentes motores del barco por la existencia de icebergs en el agua y la lentitud de la reacción del capitán.

Esta campaña ha sido reforzada por los candidatos presidenciales chilenos e incluso ha cogido desprevenidas a algunas publicaciones internacionales. Si el error de percepción continúa, uno de los pocos logros de la economía política de América Latina—imitado en varios países–podría ser alterado y la marcha del país hacia el desarrollo podría verse severamente obstaculizada.

Hace casi 25 años, a los chilenos asalariados se les permitió optar por salirse del sistema previsional de reparto y colocar parte de su dinero en cuentas de ahorro personales administradas por AFPs de su elección. La mayor parte de los trabajadores optaron por convertirse en dueños de sus propios activos. Gracias a la reforma de José Piñera, los jubilaciones de los trabajadores chilenos han podido obtener un retorno anual del 10 por ciento. El capital acumulativo generado por el sistema privado de pensiones alcanza actualmente los $85 mil millones si contamos las reservas de $15 mil millones de las compañías de seguros a las que algunos pensionistas han entregado sus activos a cambio de recibir una renta vitalicia. Es decir, ¡casi el 90 por ciento del PBI de la nación!

El sistema es más libre que en otros países. No existen barreras de ingreso, a lo que se debe que, a diferencia de otros mercados chilenos con menos oferta, seis compañías estén compitiendo en ese mercado. Las comisiones han venido disminuyendo. Si más chilenos deciden participar, bajarán aún más.

La objeción principista que uno puede plantear es que en una sociedad libre no deberían existir ahorros obligatorios para los asalariados. Es cierto. También es cierto, claro, que el aspecto obligatorio, aplicado a una suma fija de pesos, se está diluyendo porque los salarios reales se han triplicado desde que se hizo la reforma. En todo caso, el sistema de capitalización es un gran paso adelante respecto de lo que era cuando no existía relación alguna entre los aportes de los trabajadores y sus beneficios, y cuando no podían siquiera soñar con poseer cuentas de ahorro con una tasa de interés promedio del 10 por ciento. Como muchos chilenos se han acostumbrado a asumir la responsabilidad de su propia jubilación, resulta políticamente concebible que un futuro estadista se atreva un día a permitir a los asalariados, tal como lo hacen ahora los trabajadores independientes, decidir si prefieren invertir en una cuenta de retiro o hacer algo distinto con su dinero.

Sin embargo, las objeciones en voga contra las pensiones privadas en Chile no tienen nada que ver con esta cuestión de principios. Ellas esencialmente se resumen en la acusación de que la mitad de la fuerza laboral chilena no recibirá una pensión decente. Pero resulta que se trata de personas que carecen de un empleo o tienen uno de corto plazo, o que –en el caso de muchos trabajadores independientes- prefieren invertir su dinero de otra manera. Para no hablar de quienes son parte de la economía informal.

Naturalmente, si usted se queda sin empleo o tiene uno de corto plazo, su cuenta no puede acumular aportes como lo hace la de un empleado de largo plazo. Y si usted es un pequeño emprendedor o un agricultor que prefiere expandir su negocio en lugar de abrir una cuenta de retiro, no recibirá una “jubilación decente” pero probablemente conseguirá, a menos que alguien arruine la economía, ¡una vida decente!

Resulta significativo que a pesar de los feroces ataques contra las jubilaciones privadas los candidatos no hayan propuesto confiscar los activos de los trabajadores y redistribuirlos. Entienden que se echarían a la mitad de la fuerza laboral en contra suya en un santiamén. En realidad, los críticos del sistema de capitalización son propagandistas del sistema privado de pensiones sin ser conscientes de ello. Al afirmar que la mitad de la fuerza laboral no tendrá una jubilación decente, están diciendo: nos gustaría extender esta exitosa reforma a toda la sociedad. No deja de ser irónico que el propio gobierno socialista se queje en la actualidad de que el sistema de jubilaciones de las fuerzas armadas—un sistema de reparto que nunca fue privatizado—esté generando un déficit.

Si Chile quiere que todos los ciudadanos obtengan jubilaciones decentes, dos cosas son necesarias: pleno empleo y una Gestapo que le diga al 40 por ciento de la fuerza laboral, compuesta de trabajadores independientes, cómo invertir su dinero. ¿Quién tiene la culpa de que exista actualmente una tasa desempleo del 10 por ciento en general y de 26 por ciento entre los más pobres? ¿Quién tiene la culpa de que la mayoría de los contratos laborales sean de corto plazo? Se debe culpar a la rigidez de los mercados laborales—una de las áreas en las que ha habido algunos retrocesos en Chile—y por cierto a los altos impuestos. Los españoles tuvieron en los años 80 el mismo desfase entre una economía que crecía y un mercado que ofrecía suficiente trabajo. En los años 90, al reducir trabas y costos, crearon 8 millones de nuevos empleos. Si el 18 por ciento de los chilenos son pobres porque no hay empleos que los saquen de la pobreza, ¿a quién se debe culpar: a tres millones de ciudadanos que han sido capaces de ahorrar para obtener una buena jubilación o a un entorno político y reglamentario que impide a los chilenos generar el pleno empleo?

Este debate es una buena oportunidad para recordarles a los chilenos que no pueden dormirse sobre sus laureles. Son necesarias nuevas reformas para alcanzar el pleno desarrollo. ¡Pero dejemos de culpar a los motores por la presencia de icebergs en el agua y por la lenta reacción de quienes manejan el barco!