De vuelta al trabajo

La palabra “desempleo” no fue inventada sino hasta 1888. Durante las tres primeras décadas del siglo veinte, el gobierno hizo muy poco respecto de la desocupación. En verdad, la participación del gobierno en los mercados del trabajo era insignificante: no existía ningún salario mínimo a nivel federal, ninguna Ley Davis-Bacon, ningún seguro federal contra el desempleo, ni leyes contra la discriminación, ninguna ley que promoviese la sindicalización, ningún Departamento de Salud y Servicios Humanos (AFDC son sus siglas en inglés) o estampillas de alimentos. Los mandatarios no trataban de “estimular” a la economía con una política fiscal “contra cíclica” durante las depresiones económicas.

Desde los años 30, todo esto ha cambiado. El desempleo se ha vuelto un tópico dominante en el debate de las políticas públicas en todo el mundo industrializado. Hemos tratado de estimular la demanda aumentando el ingreso disponible y bajando las tasas de interés; hemos creado una miríada de reglamentos para “proteger” a los trabajadores dentro y fuera del trabajo; hemos construido programas masivos de entrenamiento; hemos sancionado leyes contra la discriminación; hemos introducido transferencias de pagos masivas para aliviar los problemas asociados con quedar desempleado. Resumiendo, hemos creado un Estado del Bienestar.

Estos esfuerzos han sido en su mayoría bien intencionados—y enormemente infructuosos. En los hechos, los mismos han probablemente destruido más empleos que los que han creado, disminuyendo en el interin tanto a la productividad como a los ingresos. En las tres décadas pasadas—los años de la intervención más activa—la tasa promedio de desocupación ha trepado a casi el 6,1%. Ese es un incremento de casi un 30% por sobre la tasa del 4,7% de las tres primeras décadas del siglo veinte.

Alguien podría sostener que, pese a este incremento del desempleo, las consecuencias negativas de la falta de trabajo se han reducido debido a que la seguridad neta gubernamentalmente suministrada ha vuelto más llevadero al desempleo. Este argumento es débil. Si bien es cierto que el seguro por desempleo reduce el sufrimiento de ser un desocupado, lo hace de una manera costosa e ineficiente; un sistema privado haría un trabajo mucho mejor. Además, muchos estadounidenses tienen ahora una nueva forma de protección de sus ingresos: sus cónyuges. El sistema actual de compensación por desempleo fue concebido en una era en la que dos trabajadores en el seno del hogar era algo raro. Hoy día, pocas familias padecen de hambrunas si uno de sus miembros pierde su empleo.

Otros defensores del status quo podrían sostener que las bruscas fluctuaciones en el desempleo son algo del pasado. Pero una diligente investigación de Christine Romer en Berkeley ha demostrado que las fluctuaciones en las empresas no eran mayores en la era previa a las políticas gubernamentales intervencionistas que lo que son en la actualidad.

Resumiendo, tras derrochar mucho dinero y esfuerzo, terminamos con una desocupación más alta y ninguna mayor estabilidad económica. Como si eso fuera poco, los impuestos son más elevados, y todo el activismo que los mismos financian está desplazando a la inversión privada: mientras el gasto público como un porcentaje del producto total se ha elevado desde los años 20, la inversión privada como un porcentaje del producto total ha caído. Esta caída ha reducido nuestra habilidad para modernizar nuestras existencias de capital, disminuyendo la productividad y, en consecuencia, evitando que el estándar de vida se incrementase tan rápidamente como hubiese podido hacerlo.

Creando Desocupación

En nuestro libro “Out of Work: Unemployment and Government in Twentieth Century America,” sostenemos que el desempleo aparece cuando el precio del trabajo se eleva por encima del nivel que “limpiaría” el mercado laboral. Lo que llamamos el salario real ajustado subirá si los salarios monetarios se elevan o si los precios o la productividad caen. Gran parte del libro está dedicada a documentar que esta relación existe, y que muchas recesiones fueron causadas por las bien intencionadas pero inapropiadas intervenciones gubernamentales que elevaron el precio del trabajo.

Resulta instructivo comparar la depresión de 1920-21 con la Gran Depresión de los años 30. La crisis de 1920-21 fue, en gran medida, más severa que los primeros seis o siete cuartos de la depresión que siguió a 1929. La producción industrial cayó más, así como lo hicieron los precios. No obstante ello nos recuperamos prontamente de la crisis económica de 1920-21, mientras que la Gran Depresión persistió por una década.

¿Qué hizo la diferencia? En 1920-21, el gobierno hizo poco o nada para terminar con la recesión. Cuando la crisis comenzó, el Presidente Woodrow Wilson tuvo un ataque cerebral y se abstuvo de intervenir. (Como un colega lo expresara alguna vez sin mucho tacto, este fue realmente un golpe de suerte.) Fue reemplazado, cinco cuartos dentro de la declinación, por Warren Harding, quien estaba comprometido con una política de no intervención.

Comparemos esto con 1929. A menos de un mes del colapso del mercado bursátil, el Presidente Herbert Hoover convocó a los líderes empresariales de la nación a una conferencia en la Casa Blanca, donde los urgió a mantener altos los salarios a fin de estimular el consumo. Ellos siguieron su consejo, lo que dio lugar a un desempleo más alto, deteriorando los estados contables de las empresa, y a una declinación en la capacidad de repago de los prestamos bancarios. Esto a su vez hizo bajar el valor de mercado de los activos bancarios, llevando a una disminución en la confianza de los inversores y luego a la de los depositantes en los bancos, lo que en última instancia llevó a la crisis bancaria de fines de 1930. En combinación con el desatino de los salarios altos se encontraba la Ley de Aranceles Smoot-Hawley, las políticas deflacionarias de la Reserva Federal, y un enorme incremento en el impuesto a las ganancias.

En 1932, Franklin Roosevelt fue elegido presidente en base a una plataforma de conservadurismo fiscal. Pero una vez en el cargo, FDR continuó con todas sus fuerzas con el hooverismo, institucionalizando la política de salarios altos en la legislación, la que le puso un precio por fuera del mercado al trabajo. De marzo a agosto de 1933, la tasa de desocupación cayó más del 5%. Entonces la National Industrial Recovery Act (Ley de Recuperación de la Industria Nacional) de Roosevelt, sancionada en junio, comenzó a aplicarse. Las disposiciones sobre salarios mínimos de la NIRA condujeron a un extraordinario incremento en los salarios industriales de más del 20% en tan solo seis meses. La caída en el desempleo llegó a un estridente fin, y el país quedó envuelto en una desocupación del 20% durante dos años.

Finalmente, en 1935, la Suprema Corte declaró inconstitucional a la NIRA. El salario real ajustado comenzó entonces a caer significativamente, llevando a la baja a las tasas de desocupación hasta cerca de un 13% a comienzos de 1937. En ese punto, no obstante, la Ley Wagner entró en vigor, conduciendo a una masiva sindicalización, a otro incremento salarial de dos dígitos, y a índices de desempleo del 20%. Los nuevos impuestos de la Seguridad Social y del seguro por desempleo no ayudaron tampoco a estas cuestiones, en la medida que empujaron adicionalmente hacia arriba el costo real de contratar trabajadores.

El New Deal no restauró la prosperidad. El mismo prolongó la miseria económica. La Gran Depresión es a menudo representada como una espectacular falla del mercado. De hecho, la misma es el mejor ejemplo de la falla del gobierno en este siglo.

La Marca de Keynes

La vieja economía clásica que había prevalecido más o menos hasta fines de los años 20 sostenía que los ajustes del mercado en los salarios, precios, y/o en la productividad reducirían los costos laborales, incrementarían la contratación y por ende aliviarían el desempleo. Apuntalando a la política de Hoover-Roosevelt de incrementar los gastos gubernamentales para compensar el “bajo gasto” en los mercados privados, sin embargo, se encontraba la nueva economía de John Maynard Keynes, quien sostenía que incrementos masivos en los déficits presupuestarios estimularían la demanda y de esa manera el empleo, mientras que el gasto reducido conduciría a un aumento de la desocupación.

En un nivel superficial, la Segunda Guerra Mundial parecía justificar la teoría de Keynes: los déficits presupuestarios estadounidenses subieron y la desocupación bajó. Sin embargo, más de la mitad de esta declinación de la desocupación ocurrió en verdad antes de Pearl Harbor. Además, gran parte de la declinación puede ser atribuida a la conscripción. Saquemos a diez millones de individuos del mercado laboral civil y el desempleo está confinado a reducirse, pero difícilmente sea ese un medio a largo plazo para curar la desocupación en una sociedad libre.

Para 1945, todos los gurúes keynesianos estaban prediciendo que el desempleo de dos dígitos regresaría después de la guerra. El gasto gubernamental fue reducido en cerca de un 75% casi de la noche a la mañana. En un año, 10.000.000 personas perdieron empleos vinculados a la defensa. El enorme déficit dio paso a un sostenido superávit presupuestario, el equivalente a pasar en la actualidad de un déficit de más de $1 billón (trillion en inglés) a un superávit de $250 mil millones en un año. Pero a pesar de las advertencias keynesianas de una desconsolada depresión, el desempleo nunca ascendió por encima del 4%.

¿Por qué no apareció la depresión? Porque los mercados funcionaron. Los salarios reales (ajustados por el cambio en la productividad) cayeron, permitiendo que millones de trabajadores civiles fueran absorbidos nuevamente por la economía. Truman no inició un programa de estimulo a los empleos—en verdad, persiguió la más severa contracción de la política fiscal en la historia estadounidense moderna—pero la esperada depresión no se produjo, debido a que la caída del precio real del trabajo hizo que contratar fuese atractivo.

Siempre ingeniosos, los keynesianos rápidamente aparecieron con una teoría para explicar que había ocurrido: La prosperidad de la post guerra era la resultante de una demanda acorralada por los bienes de consumo. Pero mientras esa demanda ciertamente existió, el paso relativamente indoloro a una economía de tiempos de paz con baja desocupación aconteció mucho antes de que la producción civil de bienes durables y la construcción de viviendas retornasen a los niveles normales.

En síntesis, la más exitosa transición económica de post guerra en la historia estadounidense llegó durante un periodo de sostenida reducción del entremetimiento federal en los mercados laborales, un período en el que el salario y los controles de precios de las épocas de guerra finalizaron.

El fin de los años 40 y los 50 vieron más buenos tiempos económicos. Hubo durante este periodo varios incrementos en el salario mínimo federal, pero en su conjunto, el gobierno evitó nuevas intervenciones serias en los mercados de trabajo. La Ley Taft-Hartley recortó el poder sindical, y la afiliación a los sindicatos inició una caída continua. La política fiscal al estilo keynesiano fue empleada tibiamente, si es que se la implementó en alguna medida. La deuda pública federal real per capita era más pequeña hacia fines de la administración Truman que lo que era en sus comienzos. Para finales de la presidencia de Eisenhower, la misma era aún más baja.

Los años 60 marcaron la cúspide del keynesianismo. La economía era sólida, con una desocupación cayendo -pese que no a niveles tan bajos como lo estuvo en algunos momentos en los años 40 y 50. El producto real subió sostenidamente, y el país vivió 100 meses sin una crisis. Este éxito parecía haber sido alcanzado con las políticas keynesianas. Los presidentes Kennedy y Johnson indujeron de manera deliberada a la inflación, reduciendo los salarios reales e incrementando el atractivo del trabajo. Richard Nixon no solamente continuó con las políticas a comienzos de los 70, sino que expandió adicionalmente el rol del gobierno. “En la actualidad, somos todos keynesianos,” explicaba.

Sin embargo, la prosperidad de fines de los 60 edificó el escenario para la “stagflation” (expresión inglesa para significar inflación con estancamiento) de la década siguiente. No insumió mucho tiempo para que los trabajadores y los prestamistas se percatasen de lo que estaba ocurriendo y modificaran su comportamiento. Los trabajadores exigieron mayores aumentos salariales para compensar la inflación. Los banqueros exigían tasas de interés más altas. La inflación fue anticipada, y el estímulo fiscal gubernamental se tornó ineficaz. El mismo había funcionado en el pasado tan solo debido a que la gente era engañada aceptando salarios reales o tasas de interés anormalmente bajas.

Los keynesianos de la era de la “stagflation”—demócratas y republicanos por igual—consideraban que la solución era aún más estímulo, más programas de empleos, más intervención. A partir de 1970, los déficit presupuestarios fueron la regla. Pero la desocupación permanecía alta. En 1980, teníamos tanto una inflación de dos dígitos como un desempleo del 7% por vez primera en la historia estadounidense. El índice de miseria—la suma de las tasas de desocupación y de inflación—se habían encontrado en un solo digito durante los años 50 y 60, pero llegó a 20 en 1980, el nivel más alto en la historia moderna.

Llegan el Presidente de la Reserva Federal Paul Volcker y el Presidente Ronald Reagan. La Gran Inflación fue dramática e inesperadamente reducida, conduciendo a un entumecimiento temporal en el poder adquisitivo de los salarios lo que disparó la breve pero potente recesión de 1982. En 1983, sin embargo, la más prolongada recuperación de épocas de paz en la historia de los Estados Unidos comenzaba.

El auge de los 80 fue impulsado adicionalmente por una retirada de la intervención gubernamental. Los sindicatos se volvieron aún más débiles, lo que fuera ayudado por el despido simbólicamente importante por parte de Reagan de los controladores del tráfico aéreo después de su huelga ilegal. En términos reales, el salario mínimo federal cayó en más de un cuarto. La desregulación incrementó la movilidad de los recursos y la habilidad de las fuerzas del mercado para reasignar eficientemente a los recursos. La productividad laboral subió mucho rápido que en los 70, disminuyendo el costo real del trabajo por unidad producida. Casi 20 millones de empleos fueron credos, el mercado bursátil más que se triplicó en su valor, y la prosperidad reinaba.

El nuevo enfoque puede ser entendido del mejor modo posible al contrastar la respuesta de Reagan a la caída del mercado accionario de 1987 con la respuesta de Hoover a la crisis de 1929. Reagan, hablando toscamente, no hizo nada, y la crisis de 1987 rápidamente pasó a la memoria. Actualmente el índice Dow Jones es más del doble de lo que era tras los sucesos de octubre de 1987.

La elección de George Bush trajo un renovado activismo gubernamental, lo que resultó en una nueva “stagflation” apenas un año después de que Reagan dejara el cargo. El 1 de mayo de 1990 el salario mínimo subió por primera vez en nueve años, seguido por otro gran incremento un año más tarde. El aumento total fue del 27%, creando una inflación salarial que volvió al trabajo demasiado costoso y llevó a una creciente desocupación.

Junto a ese problema se encontraban dos nuevas políticas federales que aumentaron la incertidumbre del empleador y elevaron las potenciales responsabilidades financieras de contratar trabajadores. La Ley de los Estadounidenses con Discapacidades amenazó a la productividad laboral y de ese modo el costo real del trabajo por cada unidad producida. Una nueva ley de derechos civiles elevó los temores de que los trabajadores tendrían que ser contratados y pagados en base a otras consideraciones y no según su productividad. La nueva legislación sobre el medio ambiente también incrementó los costos, tal como lo hiciera el gran aumento los impuestos de 1990.

Usted puede sacudir a los mercados, puede mutilar a los mercados, puede asustar a los mercados, pero ellos siempre regresan. A pesar de las desagradables políticas de la era de Bush, los mercados de trabajo se ajustaron. Los declinantes salarios reales gradualmente hicieron al trabajo estadounidense más interesante, así como lo hicieron los costos laborales en alza en otras naciones. Un año y pico atrás, la expansión del empleo continuaba saludablemente. Una recuperación estaba en camino.

Más de cuatro millones de empleos han sido creados durante los pasados dos años, y el desempleo a nivel nacional ha caído por debajo del 6 %. Esta expansión en el empleo ha sido ayudada por lo que algunos llamarían obstruccionismo y un cuello de botella. Bill Clinton y sus principales colaboradores poseen una agenda interna intervencionista que dramáticamente incrementaría los costos labores. El temor a estos planes mantuvo tenue al crecimiento del empleo en los primeros meses de la administración, pero ha habido recientemente una creciente percepción de que Clinton no será capaz de avanzar con los elementos más extremos de su programa.

En particular, la marcha atrás en la “reforma” de la atención de la salud removió, al menos temporalmente, la amenaza de costos laborales incrementados de manera significativa. De haberse sancionado esa legislación, tantos como un millón de empleos se hubiesen perdido, y hubiese habido una aguda reducción en los salarios reales. Además, el Secretario de Trabajo Robert Reich ha fracasado en persuadir al Presidente Clinton para presionar por un salario mínimo más alto, y el 10% de caída en el salario mínimo real durante los pasados 41 meses ha adicionado una expansión en los empleos. Otras amenazas al empleo, tales como la ley de reemplazo del huelguista y una más fuerte ley sobre el cierre de plantas, han disminuido junto con la popularidad en caída del presidente.

Pero algún temor subsiste. Los empleadores están preocupados de que bajo el gobierno de Clinton, los trabajadores de tiempo completo se conviertan en un costo fijo que no pueda ser reducido durante las crisis. A un nivel sin precedentes, han resuelto pagarle a los actuales trabajadores horas extras y contratar la ayuda de trabajadores de media jornada o temporarios.

Las lecciones de la historia son claras. El desempleo es generalmente bajo cuando los mercados son dejados libres. Los principales grandes aumentos en la desocupación reflejan a menudo impactos en los costos laborales, los que resultan usualmente de políticas gubernamentales bien intencionadas pero perjudiciales.

Pagarle a la Gente para No Trabajar

Mientras tanto, el Estado del Bienestar moderno ofrece una fuente alternativa de ingresos, permitiéndole a muchos elegir estar desocupados. La compensación por desempleo eleva las tasas de desocupación en un 1% al elevar lo que en la jerga económica se denomina como el “salario de reserva”—el mínimo salario aceptable. Si alguien que gana unos $300 por semana pierde su empleo, ¿por qué debería aceptar otro trabajo a $200 semanales cuando puede recibir aproximadamente ese importe en concepto de compensación por desempleo? ¿Por qué trabajar cuando puede quedarse en casa mirando Hospital General Hospital y vivir igual de bien?

El impacto del Estado del Bienestar sobre la desocupación varia enormemente entre los grupos. En la era de las leyes de Jim Crow, del terror del Ku Klux Klan, y de las mafias que aplicaban linchamientos, la tasa de desocupación entre los estadounidenses negros era casi la misma que la de los blancos. Pero en los pasados 40 años, a medida que las vidas de los afro americanos han mejorado en muchos otros aspectos, el índice de desocupación de los negros ha sido típicamente cerca del doble del de los blancos. ¿Por qué la desocupación negra ha subido tanto?

Parte de la respuesta se vincula a la demografía, pero en gran medida la misma refleja la circunstancia de que el moderno Estado del Bienestar induce a números incongruentes de negros a elegir los pagos de la asistencia pública por encima del trabajo. El bienestar ha elevado el salario de reserva. Si el jefe de un hogar que obtiene del sistema de bienestar $1.200 por mes en efectivo y en beneficios no en efectivo, acepta un empleo que le paga la misma cantidad, perderá virtualmente todos sus beneficios. Su ganancia por trabajar en el corto plazo es de cero. En esencia, el gobierno está imponiéndole un impuesto laboral del 100% a los pobres. Esto se aplica a individuos de todas las razas, por supuesto, pero los afro americanos son desproporcionadamente pobres, y así también desproporcionadamente elegibles para el bienestar. En consecuencia, un vasto número de negros, de manera muy racional, han preferido estar desempleados.

De este modo, el Estado del Bienestar ha destruido oportunidades laborales para los grupos más desaventajados de la sociedad. El Estado del Bienestar está manteniendo pobre las personas. Cuando un individuo recibe el auxilio, puede mejorar su posición económica en lo inmediato, pero perderá beneficios más importantes en el largo plazo. La experiencia laboral conduce a ingresos más altos. La experiencia de recibir bienestar no.

Hacia el Pleno Empleo

En agosto de 1994, la tasa de desocupación en West Virginia era del 9%; la de Nebraska era del 2,4%. Esta diferencia no es nueva; durante el último tercio del siglo veinte, los índices de desocupación han sido siempre dramáticamente más bajos en Nebraska que en West Virginia. ¿Por qué?

Mientras nuestro análisis es aún preliminar, la evidencia estadística sugiere que las tasas de desempleo relativamente altas en el largo plazo tienden a tener niveles relativamente altos de asistencia pública, cargas tributarias locales y estaduales crecientes, e índices muy elevados de sindicalización. En síntesis, donde sea que las políticas públicas y las rigideces institucionales tienden a encarecer al trabajo, más gente estará desempleada.

Para mejorar las oportunidades de empleo, muchas restricciones sobre los mercados de trabajo, tales como los salarios mínimos, deberían simplemente ser abolidas. Además, el bienestar debería ser privatizado. John Fund del The Wall Street Journal ha propuesto un sistema que congelaría el gasto en bienestar pero que otorga créditos fiscales a los ciudadanos que deseen ayudar a los pobres a través de organizaciones privadas de caridad tales como el Ejército de Salvación. Esto reduciría de manera dramática el desincentivo a trabajar del actual sistema de bienestar; pocas caridades privadas le otorgarían a alguien $1.200 en concepto de beneficios mensuales durante prolongados periodos de tiempo.

Existen otras políticas ingeniosas que mantendrían la intención de la actual legislación pero que conducirían a mayores eficiencias y a una ocupación más alta en los mercados de trabajo. Los estadounidenses estarían inmensamente mejor si privatizaran el sistema de compensación por desempleo—y no queremos decir meramente pasarle su administración a las compañías de seguros privados. Una buena idea sería la de la Cuenta Individual de Retiro. Los individuos podrían depositar dólares libres de impuestos en una Cuenta de Ingresos de la Seguridad, o ISA según su sigla en inglés; los retiros podrían efectuarse después de que el trabajador pierda su empleo o se jubile. Los retiros podrían también realizarse para gastos médicos no rutinarios, como en una Cuenta Médica de Ahorros, resolviendo muchos de nuestros problemas del cuidado de la salud

Privatizando el seguro de desempleo, reduciríamos los desincentivos a trabajar del actual sistema. Una trabajadora que pierde su empleo podría hacer retiros de su ISA, y así recibiría una protección de su ingreso. No obstante, tendría todos los incentivos para rápidamente encontrar otro trabajo, dado que viviría de sus ahorros personales, no de los contribuyentes.

Otra reforma sensible sería la de reducir los gravámenes ocultos de los reglamentos, obligando a los reguladores a tomar en cuenta los costos privados de sus acciones cuando efectúen pronunciamientos acerca del comportamiento económico privado. Podemos terminar con los perjudiciales e ineficaces intentos de estímulo de la política fiscal mediante una variedad de medios constitucionales, los que van desde una enmienda sobre un presupuesto equilibrado hasta vetos parciales y requisitos para el votante o la aprobación por parte de una super mayoría de las principales iniciativas en materia de impuesto y de gastos.

Resumiendo, los valiosos objetivos del Estado del Bienestar pueden ser alcanzados de manera que se le otorguen facultades a los individuos, que restauren un sentido de responsabilidad individual, que liberen el espíritu empresarial, y que reduzcan los desincentivos al empleo tanto del capital físico como del humano. Podemos apuntar a alcanzar el bajo desempleo de la era pre-keynesiana, cuando el índice de los desocupados promediaba por debajo del 5% y los periodos de un prolongado desempleo alto eran raros. Es decir, podemos restaurar la vitalidad del mercado que alguna vez reinara en nuestra nación, una vitalidad que hizo a los Estados Unidos la potencia económica líder en el mundo.

Traducido por Gabriel Gasave