El Congreso debe acabar de una vez por todas con el mandato federal de las mascarillas

La apelación del Departamento de Justicia de los EE.UU. al pronunciamiento de un juez contra el mandato federal del uso de mascarillas en el transporte público ilustra por qué la Cámara de Representantes debe unirse al Senado y votar para poner fin a la norma de manera permanente. No tenía mucho sentido antes, y actualmente lo tiene aún menos.

El Departamento de Justicia presentó la apelación el pasado martes, alegando que la sentencia de abril del tribunal federal de distrito en Florida no llegaba a «demostrar que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han actuado fuera de la ‘zona de razonabilidad’” y además que existía un «amplio apoyo para la determinación de la agencia de que había una buena causa para hacer efectiva la orden sin demora». El gobierno de Biden podría restablecer unilateralmente el mandato si la apelación prospera.

El Senado aprobó un proyecto de ley para poner fin al mandato un mes antes del fallo del tribunal por un margen de 57 a 40, con ocho senadores demócratas uniéndose a todos los republicanos menos uno. Pero la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (demócrata de California), nunca ha permitido que se vote un proyecto de ley similar en la Cámara de Representantes, a pesar de las peticiones de los miembros para que esa votación se realice. El proyecto de ley de la Cámara de Representantes se había vuelto discutible hasta que el Departamento de Justicia recurrió el fallo, pero actualmente la Cámara tiene una buena razón para retomar el tema.

La mayor parte de la gente probablemente no piensa en la norma como una cuestión económica. Pero, en última instancia, los argumentos a favor o en contra de dicho mandato se basan en la lógica de algo que los economistas denominan «externalidades». Las externalidades tienen lugar cuando las personas no asumen la totalidad de los costos de sus decisiones porque algunos de esos costos «repercuten» en otras personas.

La aplicación simplista de la lógica de las externalidades a la norma es obvia. Cuando la gente decide no utilizar máscaras en los aviones, se beneficia de una mayor comodidad, pero parte del costo lo asumen otras personas que tienen más probabilidades de infectarse. Si la gente no tiene en cuenta el costo para los demás, los argumentos a favor de una regulación como la de las mascarillas podrían basarse en razones de eficiencia.

Sin embargo, el economista Ronald Coase, ganador del premio Nobel, ilustró hace tiempo que la situación es más compleja. Argumentó que las externalidades son recíprocas: Un mandato de mascarilla impone costos a las personas que preferirían no utilizarlas en beneficio de los demás. Pero aquellos que se benefician de la política no pagan por el costo que padecen los que se ven obligados a llevar mascarillas. Un mandato cambia quién soporta la carga de una externalidad, pero no la elimina.

Afortunadamente, cuando las externalidades ocurren en una propiedad privada, el afán de lucro lleva a las empresas a encontrar una solución eficiente. Cualquier política molestará a algunos clientes y complacerá a otros, por lo que las empresas ponderarán la cantidad de ventas que perderán o ganarán y establecerán sus políticas en consecuencia. El afán de lucro obliga a las empresas a «internalizar» las externalidades entre los clientes porque sus resultados se ven afectados.

Cuando la obligación de usar mascarillas fue dejada sin efecto, todas las compañías aéreas nacionales levantaron este requisito, a menudo con el aplauso de los pasajeros. Las aerolíneas pueden imponer sus propios requisitos, por lo que el hecho de que ninguna lo haya hecho es una prueba muy contundente de que el restablecimiento de la ordenanza impondría ineficientemente unos costos mayores que los beneficios.

El recurso de apelación del Departamento de Justicia se basa en la legalidad, no en la lógica del mandato. Es hora de que la Cámara vote. El proyecto de ley probablemente recibiría un fuerte apoyo bipartidista y podría evitarnos quedar atascados con un mandato reimpuesto que tiene más que ver con una reafirmación de la autoridad federal que con la mejora del bienestar de los Estados Unidos.

Traducido por Gabriel Gasave