El gobierno tiene que aflojar la presión reguladora sobre las compañías de seguros

A pesar de la calma temporada de huracanes de este año, la última década de desastrosas tormentas ha hecho que sea más difícil para muchos propietarios encontrar un seguro accesible. No es de extrañar que culpen a las compañías de seguros. Pero no es tan sencillo.

Las catastróficas pérdidas de bienes generan enormes problemas para las aseguradoras debido a que afectan simultáneamente a un gran número de asegurados y no se producen con una regularidad predecible.

Complicando aún más las cosas, las autoridades estatales—procurando que los seguros sigan estando disponibles y a precios asequibles—regulan fuertemente la industria, limitando dónde y bajo qué circunstancias las aseguradoras pueden ingresar o “salir” de los mercados, qué cobertura debe incluirse en las pólizas de los propietarios de viviendas, cuánto pueden cobrar las compañías de seguros, cuándo pueden negarse a renovar una póliza y en qué circunstancias y en cuánto pueden aumentar las tarifas. Cada decisión se torna política.

Además, las compañías de seguros residenciales deben ofrecer a los propietarios de viviendas un paquete de cobertura que normalmente incluye la residencia, sus contenidos, las dependencias independientes, la responsabilidad y más. Mientras que en teoría las compañías de seguros “fijan” los precios, las tarifas deben ser aprobadas por los reguladores estatales de seguros, quienes son reticentes a autorizar aumentos que generarán protestas públicas.

No acontece lo mismo en el mercado de los seguros comerciales. Las compañías de seguros comerciales, por lo tanto, pueden proporcionar una cobertura mucho más flexible a precios mucho más flexibles, a pesar de que los riesgos de la propiedad comercial son mayores que los riesgos residenciales.

Frente a todo esto, las compañías de seguros residenciales que no pueden lograr seguir siendo rentables cuando ocurren eventos catastróficos tienen un incentivo para dejar de emitir pólizas e incluso abandonar ciertos mercados, tal como State Farm lo está haciendo en el estado de Florida.

El gobierno podría ayudar a resolver este problema aflojando el peso de las regulaciones, permitiendo que las compañías de seguros se vuelvan más creativas y puedan cobrar primas que reflejen con mayor precisión los riesgos reales.

Más libertad en el establecimiento de las tarifas permitiría cotizar a algunos propietarios de viviendas de ingresos bajos y moderados en áreas de alto riesgo afuera de sus hogares. En vez de esperar que se muden, y en lugar de impedir los necesarios incrementos de las tarifas, una mejor opción sería la de subsidiar sus primas. Estos subsidios se aplicarían únicamente a los propietarios existentes, de manera tal que no serían fomentados más emprendimientos en áreas de riesgo.

Es importante recordar que el mercado asegurador privado ha superado con éxito las catastróficas pérdidas de bienes sin solicitar rescates del gobierno. La oposición automática a los aumentos de las primas solamente hace que sea más atractivo para las compañías de seguros cautelosas abandonar los mercados, dejando a los consumidores en aprietos.

Traducido por Gabriel Gasave