El hogar de un hombre (y el de una mujer) es un castillo

La historia de Anthony Bars—el niño de 4 años quien fue hambreado y golpeado hasta morir en Indiana por padres adoptivos con antecedentes criminales de abuso infantil—continúa.

Debido a la bronca de los medios y del público, la funcionaria a cargo del caso, quien recomendó remover a Anthony de un anterior y cariñoso padre adoptivo se encuentra enfrentando cargos. Denise Moore está acusada de mala conducta pública y de falsificar informes en un proceso de adopción: ofensas menores.

Tristemente, Anthony es tan solo uno en una larga lista de niños descuidados o abusados por los Servicios de Protección de Menores en un estado tras otro. En este caso, la prensa está aún machaqueando acerca de por qué los funcionarios del bienestar infantil nunca disciplinaron a Moore por sus acciones e invocaron leyes estatales de confidencialidad ante casi cada pregunta formulada.

Escándalos y conflictos emergentes en Indiana y en otras partes no deberían permitir que nos distrajéramos de las preguntas más fundamentales: ¿Cuándo un tercero debería tener el terrible derecho de separar a un niño de sus padres? ¿Con qué derecho los servidores públicos ingresan a su hogar y lo amenazan con remover a sus hijos si usted no responde a la acusaciones de abuso—a menudo acusaciones efectuadas anónimamente—de un modo que los satisfaga?

Las ampliadas facultades de las agencias del bienestar infantil para hacerlo provienen de la legislación que se remonta a la Ley Mondale de 1974. Esa ley estableció enormes incentivos financieros para las agencias estatales que descubrieran el abuso, sin proveer controles o contrapesos para proteger a aquellos erróneamente acusados. La misma también inmunizó virtualmente a los trabajadores del bienestar infantil y a los falsos acusadores contra la responsabilidad.

Pero una facultad no es un derecho. Si lo fuere, entonces todo lo que usted tiene el poder de hacer sería también correcto que usted lo hiciese. ¿Qué son entonces los derechos?

Un derecho es una demanda factible de hacerse cumplir que un individuo posee sobre otras personas; el mismo conlleva el correspondiente deber de respetar aquellos derechos en los demás. Por ejemplo, su derecho a la libertad de religión viene con el correspondiente deber de respetar el derecho de los demás de alcanzar sus propias conclusiones. Los derechos y las responsabilidades son dos caras de la misma moneda social.

Dicho de otra forma: Todo ser humano pacífico posee una jurisdicción moral sobre su cuerpo y propiedad a la que nadie más puede justificadamente violar.

Pocos actos simbolizan a esta jurisdicción moral más claramente que el derecho a cerrar la puerta del frente detrás de usted y dejar afuera al mundo. Este acto dramatiza la diferencia entre las esferas pública y privada.

“El hogar de un hombre es su castillo” es una frase acuñada por un abogado de los derechos civiles, Clarence Darrow. La misma significa que los individuos mandan dentro de sus casas, y que los demás carecen de derecho alguno de ingresar sin permiso.

El concepto está incorporado dentro del Bill of Rights, específicamente en la Cuarta Enmienda:

“No se violará el derecho del pueblo a la seguridad de sus personas, hogares, documentos y pertenencias, contra registros y allanamientos irrazonables, y no se expedirá ningún mandamiento, sino en virtud de causa probable, apoyado por juramento o promesa ….”

¿Qué constituye la intrusión justificada? Un motivo creíble y específico para creer que los derechos de personas dentro de la casa están siendo violados. Se torna correcto para terceros el derribar una puerta por la misma razón que es correcto para ellos detener un atraco en la calle: proteger a la victima. Si un progenitor emplea la violencia contra un hijo, el o ella ha abandonado la responsabilidad respecto de los derechos de los demás. El o ella no pueden ya demandar un respeto automático y similar de parte de los demás.

Resumiendo, la Cuarta Enmienda no es un cheque en blanco para emplear la violencia bajo el disfraz de la privacidad. Pero es una clara y constrictiva demanda de que cualquier individuo o agencia que derriba una puerta debe hacerlo en base a una evidencia creíble, no de confidencias anónimas, y que todos los acusados deben recibir el debido proceso. Además, cualquier tercero que más tarde se descubra que actuó con malicia u otro grosero mal comportamiento debería ser legalmente responsable por esas acciones.

La circunstancia de que los progenitores acusados de abuso infantil no se encuentran actualmente ajustados al debido proceso—en efecto, son “culpables hasta que se pruebe su inocencia”—refleja un cambio de 180 grados en la actitud de la sociedad hacia el hogar y la familia. La familia solía ser vista como un dominio privado dentro del cual la ley ingresaba con extremada cautela.

Desde los años 70, sin embargo, la familia per se ha estado bajo ataque como un criadero de violencia doméstica, abuso infantil, y otras brutalidades. Este cambio de actitud se encuentra grandemente enraizado en una rama del feminismo que surgió en los 70: el feminismo del genero, el cual ha ejercido gran influencia sobre las leyes concernientes a las mujeres y a los niños. El feminismo del genero ve a los hombres y a las mujeres como clases separadas y antagónicas, con la familia siendo otra expresión del conflicto del genero.

En consecuencia, una puerta cerrada en y de sí misma es motivo para sospechar la presencia de violencia. Ordenes de allanamiento, la causa probable, y juramentos ya no son considerados necesarios.

Deberían serlo.

Y, sin ellos, las puertas abiertas en Norteamérica debieran cerrarse de un portazo y permanecer cerradas.

Traducido por Gabriel Gasave