El secreto gubernamental es una farsa

Durante el fin de semana, el Fiscal General Alberto Gonzales realizó una draconiana amenaza de enjuiciar a los periodistas por escribir acerca del monitoreo ilegal y clandestino de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA conforme su sigla en inglés) de las comunicaciones telefónicas entre los Estados Unidos y el exterior. Esa amenaza evidencia en que clase de farsa orwelliana se ha convertido el sistema de información clasificada del gobierno.

Gonzales está amenazando con procesar a los reporteros conforme la Ley de Espionaje de 1917. Esta anacrónica ley fue sancionada durante la Primera Guerra Mundial a efectos de volver ilegal para el personal no autorizado el hecho de recibir y transmitir información atinente a la defensa nacional. La ley está siendo utilizada en la actualidad también para procesar a dos cabilderos del American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) por la obtención y transmisión de información clasificada que recibieron de un empleado del Departamento de Defensa estadounidense. Los abogados de los cabilderos han interpuesto una moción ante el tribunal sosteniendo que la ley es una lesión inconstitucional del derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda.

Un enjuiciamiento exitoso en el caso del AIPAC podría abrir las compuertas para acusar a periodistas por la publicación de información clasificada filtrada a ellos por funcionarios del gobierno. El gobierno tendría más facilidad para procesar a reporteros que la que tiene para descubrir y enjuiciar a los por lo general anónimos informantes. En verdad, la amenaza de ser enjuiciado podría volver a los reporteros menos inclinados a proteger sus fuentes, y de esa manera hacer desaparecer a los informantes, o de volver a los funcionarios más renuentes a efectuar filtraciones en primer lugar.

El observador casual podría concluir que la circunstancia de reducir la cantidad de información clasificada en los medios podría ser una buena idea. Pero la revelación del inconstitucional programa de espionaje interno de la NSA demuestra que las filtraciones por parte de funcionarios conscientes puede, a veces, tener efectos positivos. Y el público no debería asumir que toda, o que la mayor parte, la información que el gobierno oculta de la vista del público precisa ser secreta.

La clasificación puede esconder hechos embarazosos para el gobierno de los Estados Unidos o mantener alejado del público estadounidense algo que sea de conocimiento común entre los gobiernos extranjeros. Un ejemplo de esto ultimo fue la revelación por televisión del Presidente Jimmy Carter de que los Estados Unidos tenían satélites espías, lo que las naciones del mundo sabían desde hacía rato.

Funcionarios trabajando tanto para las administraciones demócratas y republicanas han exhibido de manera rutinaria y predecible un comportamiento contradictorio respecto de la información clasificada—por una lado, filtrando regularmente información altamente clasificada a favor de un beneficio político o de alguna política y, por el otro, intentando sofocar filtraciones de información embarazosa. El caso más famoso de lo Segundo fue el equipo de “fontaneros” del edificio Watergate del Presidente Nixon, el cual originalmente fue montado para tapar filtraciones.

Tal comportamiento esquizofrénico fue exhibido recientemente en la audiencia de confirmación del General Michael Hayden, nominado a director de la CIA. El General Hayden dijo que solamente respondería a las mordaces preguntas de la senadora Diane Feinstein acerca de las embarazosas actividades de espionaje y métodos de interrogación de prisioneros gubernamentales en una sesión del comité cerrada a los medios y al público. Pero en respuesta a uno de los interrogantes de la senadora Feinstein, el General Hayden ansiosamente aprovechó la oportunidad para hablar acerca de la amenaza iraní en la sesión abierta. De modo similar, los funcionarios del gobierno mantienen clasificado al costo del presupuesto general de la inteligencia de los Estados Unidos, aún cuando es ampliamente conocido que ronda los $44 mil millones. No obstante, no tienen ningún problema en realizar filtraciones a los medios para jactarse acerca de la triplicación del número de oficiales de inteligencia en campaña clandestinos o la apertura de un 20 por ciento más de estaciones secretas de la CIA alrededor del mundo—información que en verdad podría ser de alguna utilidad a los terroristas y alas agencias de inteligencia extranjeras.

Sí, existe alguna información que debería ser clasificada—por ejemplo, los oficiales de inteligencia en campaña (o las fuentes y contactos extranjeros) podrían ser asesinados si sus identidades fuesen reveladas. No obstante, la misma administración Bush que bien puede enjuiciar a los reporteros por escribir acerca de su ilegal programa de espionaje no autorizado conspiró en los niveles más altos para dar a conocer la identidad de una oficial en campaña de la CIA por beneficios políticos. La evidencia parecería indicar que el Vicepresidente Dick Cheney estaba interesado en la ocupación de la oficial de la CIA Valerie Plame.

Pero la sobre-clasificación de gran parte de la información gubernamental torna cínicos a los funcionarios respecto de mantener cuantías mucho más pequeñas de datos legítimamente sensitivos guardados en secreto. De este modo, una masiva desclasificación de la información gubernamental volvería más seguros a los secretos remanentes y menos abiertos a la manipulación política. Desgraciadamente, la administración Bush está clasificando incluso más información.

Todavía más importante, en una democracia, donde los supuestos gobernantes—el pueblo—precisan la máxima información posible para tomar buenas decisiones, la cuantía de información que resulta retenida del público debería ser mínima. Y si el gobierno no puede mantener esos datos en secreto, los funcionarios gubernamentales, no los periodistas, deberían ser los que resulten enjuiciados.