El siniestro propósito detrás del desapego a la ley de la administración Bush

La aparente irracionalidad detrás de las políticas “a contrapelo” (y de la ley) de la administración de George W. Bush respecto de la tortura, la vigilancia interna no autorizada y actualmente el informe del Congreso sobre las operaciones encubiertas de la CIA no fue para nada irracional.

La mayoría de los expertos afirman que la tortura es contraproducente porque el sujeto torturado le dirá al interrogador lo que él o ella desea oír a fin de detener el dolor y porque muchos en las fuerzas armadas sostienen que meramente activa al máximo a la oposición, no les otorga incentivo alguno para rendirse y les brinda todo los incentivos para torturar al personal militar estadounidense. No obstante, frente a esta montaña de opiniones autorizadas y la clara violación por parte de esa política del derecho internacional y de la ley penal de los EE.UU. en contra de la tortura, la administración Bush alegremente la aplicó de todos modos.

La Ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero (FISA como se la conoce en inglés) de 1978, claramente prohibía el espionaje en los Estados Unidos sin una autorización otorgada por un tribunal y declaraba de manera explícita que era la única norma que regulaba esa práctica. La administración Bush, tras el 11 de septiembre, no realizó ningún esfuerzo por lograr que un Congreso virtualmente deseoso de hacerlo modificase a la ya flexible ley. Después de todo, si la vigilancia hubiese sido tan urgentemente necesaria para detener un ataque terrorista, el tribunal secreto y pro-seguridad de la FISA podría haber emitido la autorización después del hecho. Pero la administración Bush extrañamente escogió violar de manera flagrante a la ley y la Cuarta Enmienda de la Constitución para de todas maneras llevar a cabo requisas internas sin autorización.

Más recientemente, se ha revelado que el vicepresidente Dick Cheney ordenó a la CIA que violara una ley que exigía incluso la pronta divulgación de operaciones encubiertas anticipadas. La coartada que los republicanos están procurando actualmente preparar en defensa del inusualmente taciturno Cheney—que la rama ejecutiva debe proteger las fuentes y los métodos de la inteligencia—podría aplicarse a un intento de asesinato en particular pero no a la existencia de un programa completo durante un periodo de siete años. Sorprendentemente, el vicepresidente Cheney—ni siquiera el presidente—decidió concienzuda y afirmativamente no aplicar la ley.

¿Son estos meramente ejemplos de la arrogancia de Cheney o de Bush? Supongo que la arrogancia tiene algo que ver, pero parafraseando a Rahm Emanuel, el Jefe de Gabinete de Barack Obama, ninguna crisis debería pasar sin ser aprovechada. Cantidades de expertos, incluido este, han marchado contra la administración Bush por utilizar de un modo cínico a la tragedia del 11/09 para invadir Irak. Pero menos se han percatado de un legado incluso peor de la administración Bush que el atolladero iraquí.

¿Qué podría ser peor que la muerte del personal de servicio de los EE.UU. e iraquíes inocentes? La teoría unitaria del Poder Ejecutivo.

Dick Cheney llegó al cargo considerando que el Poder Ejecutivo había sido excesivamente erosionado durante los años de Vietnam y Watergate. Pocos académicos de renombre creen en este disparate. La mayor parte de los académicos presidenciales han concluido que la rama ejecutiva ha crecido en poder con respecto a las otras ramas gubernamentales desde comienzos del siglo 20, pero en verdad aumentó intensamente hasta tornarse una “presidencia imperial” durante la Guerra Fría desde la presidencia de Truman en adelante. Este desarrollo es un apartamiento del sistema dominado por el legislativo que los fundadores de la nación y la Constitución imaginaron. La ligera reducción del Poder Ejecutivo durante Vietnam y Watergate fue tan solo una pausa momentánea mientras el mastodonte ejecutivo se encaminaba hacia la administración Bush.

La defensa de Cheney de la teoría unitaria, a la que evidentemente convenció también de comprarla a su ego maniaco jefe, implicó que la administración consideraba que podía utilizar las facultades del comandante en jefe con una interpretación amplia —otro anatema para los fundadores— a fin de ignorar la sanción parlamentaria de las leyes durante las “épocas de guerra”. En las dictaduras, denominamos a esto “gobernar por decreto”. Por lo tanto, la violación deliberada de las leyes de parte de la administración tenía la finalidad y el efecto más siniestro de establecer una “presidencia hiper-imperial”. Esto es lo más importante y lo peor que hizo la administración Bush en el cargo. Ya podemos observar que en la de Obama y probablemente en futuras administraciones, la autolimitación del Ejecutivo será mucho más difícil de cara a las tentaciones de este puesto más poderoso heredado, que estará basado en los precedentes de la era Bush. Tememos por la República.

Traducido por Gabriel Gasave