El surgimiento de una dictadura estadounidense

Durante los últimos siete años, la administración Bush ha insistido que el trato dispensado a los denominados “enemigos combatientes” no precisaba cumplir con las salvaguardias procesales o soportar una revisión judicial. Tales personas son terroristas, se nos ha dicho, y por ende no tienen derecho alguno al debido proceso, a un juicio, ni a un recurso de Habeas Corpus.

¿Y quién es este “ilegal enemigo combatiente”? Según la Ley de las Comisiones Militares de 2006, recientemente sancionada por el Congreso y promulgada por el presidente, ese carácter será determinado por un Tribunal Revisor del Estatus de Combatiente u otro tribunal competente.

Esencialmente, un “enemigo combatiente” es cualquiera que el presidente o el secretario de defensa digan que lo es. Seguro, existe un tribunal, pero esto es un tecnicismo, dado que la Ley autoriza al presidente y al secretario de defensa a establecer dichos tribunales. Los decretos del Ejecutivo han reemplazado al Estado de Derecho.

Tales “enemigos combatientes” carecen absolutamente de derechos al debido proceso. Pueden ser detenidos y torturados, jamás confrontados por un demandante, ni siendo nunca llevados ante un juez con cargos en su contra.

Esto significa, básicamente, que el presidente es un dictador. Las facultades que posee en la actualidad no son menos tiránicas y absolutas que las de un gobernante tercermundista.

Algunos han sostenido que la disposición solamente se aplica a quienes no son ciudadanos, pero como lo ha advertido el experto en derecho constitucional William Watkins, el caso José Padilla ha demostrado que no considera que la ciudadanía sea una protección infalible contra las detenciones de un “enemigo combatiente”. Incluso si el gobierno fuese a comenzar con la aplicación de estas nuevas facultades mayormente a los no ciudadanos, el lenguaje de la ley no garantiza que se detendrá allí. Además, aún los no ciudadanos merecen tener derecho al Habeas Corpus.

Desde 1679, la venerable doctrina sobre el Habeas Corpus ha sido codificada en el derecho inglés. Fue pensada para garantizar que el gobierno nunca pudiese detener a un individuo sin al menos la presentación en una audiencia de una razón para la detención. La misma era tan importante que fue de manera explícita consagrada en la Constitución incluso antes de que el Bill of Rights fuese considerado y ratificado. La Constitución permitió su suspensión en casos de rebelión e invasión, como una concesión a los nacionalistas y conservadores que deseaban que el nuevo gobierno estadounidense fuese tan poderoso como la monarquía británica.

El Habeas Corpus fue suspendido por Abraham Lincoln durante la Guerra Civil, durante la cual decenas de miles de norteños que se oponían a la guerra fueron encarcelados por exteriorizar sus opiniones. Lincoln emitió una orden de arresto para el Juez de la Corte Suprema cuando este falló que según el Artículo I de la Constitución, solamente el Congreso, no el presidente, podía suspender el Great Writ (como se conoce al Habeas Corpus en la doctrina anglosajona).

Aparte de la Guerra Civil, la doctrina ha sido una de las pocas añejas libertades respetadas—ostensiblemente, al menos. Revocarla torna teóricas a la protección de la mayor parte de los otros derechos, dado que si el gobierno puede detener a quien le plazca sin siquiera demostrar una razón para su detención, no puede decirse que existan límites formales sustanciales alguno respecto de su poder sobre los individuos.

La Ley de las Comisiones Militares también permite la tortura de los detenidos en la guerra contar el terror, e inmuniza del enjuiciamiento a los funcionarios gubernamentales que torturen a prisioneros.

Los argumentos en contra de esta nueva tendencia hacia el poder gubernamental absoluto no deberían necesitar nunca ser formulados, pero son similares a aquellos planteados contra la Unión Soviética por sus poderes similarmente dictatoriales. Incluso si la administración Bush fuese a evidenciar moderación en el uso de estas facultades, son poderes que sencillamente no pueden ser confiados en manos de alguien. ¿Quién sabe qué podría hacer el próximo presidente?

El gobierno ha abusado ya de sus facultades respecto de los detenidos, enviando a personas inocentes a regímenes tiránicos en el exterior para ser torturadas durante el interrogatorio; acorralando a personas en Afganistán y deteniéndolas en condiciones tortuosas durante años antes de declarar su inocencia y liberarlas; y deteniendo a un ciudadano estadounidense sin imputarle un crimen. En los dos últimos meses, hemos sabido de un ciudadano canadiense, Maher Arar, un hombre inocente que fue indebidamente identificado como un terrorista y deportado por el Departamento de Estado a Siria, donde fue torturado durante diez meses. La Ley de las Comisiones Militares solamente envalentonará a los funcionarios estadounidenses, quizás haciéndolos menos proclives a enviar al exterior a prisioneros que también podrían ser torturados en casa.

El pretexto es que esto nos protege del terrorismo—pero ¿qué nos protegerá del gobierno? Aún cuando el terrorismo es un crimen atroz, los sospechosos podrían ser perfectamente inocentes. El Bill of Rights fue pensado para defender al inocente mediante la determinación de quién es en verdad culpable antes de inflingirle un castigo.

Es cierto que al menos todavía celebramos comicios, pero las elecciones no son lo que hacen libre a una sociedad. Los funcionarios electos pueden seguir actuando como dictadores. Thomas Jefferson advertía que “un despotismo electivo no es el gobierno por el que luchamos”. Aterradoramente, es el gobierno que tenemos en la actualidad.

Traducido por Gabriel Gasave