Es tiempo de que el Congreso de los EE.UU. se ocupe del correo

El Congreso ha dado un paso tentativo hacia el ingreso en el siglo veintiuno de los servicios postales de la nación. Desafortunadamente, las reformas que sancionó en 2006 están visiblemente lejos de aquellas ya adoptadas por la Unión Europea y otros países. Una reforma más sería resulta necesaria.

El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS según su sigla en inglés), es un anacronismo. El académico en derecho y economía de la Universidad de Yale, George Priest, lo ha caracterizado como “el más significativo ejemplo de socialismo en los Estados Unidos…[abarcando] casi todos los aspectos del socialismo rechazados en Europa oriental y en las economías privatizadas de Occidente”. Emplea al 30 por ciento de la fuerza laboral no-militar federal; paga salarios y beneficios un 30 por ciento por encima de los niveles competitivos y más del 60 por ciento de sus oficinas funciona a pérdida.

El Servicio Postal ha sobrevivido—pese a sus altos costos, insulsos productos y servicio comparativamente regular—mediante la explotación de sus dos monopolios establecidos por ley: el acarreo de correo de Primera Clase y el acceso exclusivo a los buzones de los clientes. A pesar de esta ventaja económica, su prolongada supervivencia está siendo amenazada por Internet, que permite alternativas mejores, más rápidas y menos costosas al correo de Primera Clase. Como resultado de ello, el volumen de la correspondencia está declinando, y a un ritmo más rápido del que fue predicho hace tan solo algunos años. Esto tiene importancia porque el correo de Primera Clase es la vaca del dinero en efectivo del Servicio Postal. La Oficina General de Auditoría advierte en la actualidad que “una amplia reforma postal se requiere urgentemente…para minimizar el riesgo de un significativo salvataje de los contribuyentes o dramáticos incrementos en las tasas postales”.

El Congreso parece haberse dado cuenta tan solo mínimamente. La Postal Accountability and Enforcement Act de 2006 enfrenta escuetamente a la inminente crisis al permitir al Servicio Postal ajustar los precios más rápidamente y cerrar oficinas postales no rentables. La Ley no contempla ninguna medida audaz, tal como la privatización del Servicio Postal y la limitación de la reglamentación al mantenimiento de un servicio mínimo y estándares de entrega. La Unión Europea, en contraste, ya ha hecho ambas cosas. La Ley tampoco contempla la remoción de los monopolios legales que protegen al Servicio Postal contra la beneficiosa disciplina de la plena competencia del mercado.

En un aspecto más alentador, la Ley ordena a la Comisión Regulatoria Postal emprender una variedad de estudios que en principio representan un preludio para una futura reforma legislativa. Este trabajo, que deber estar completado en apenas un año, casi con certeza será evaluado por un Congreso controlado por los demócratas cuyas sensibilidades de una reforma difieren de aquellas del Congreso republicano que sancionó la legislación subyacente. Las rápidamente cambiantes condiciones del mercado, no obstante, requieren que una amplia y oportuna reforma sea promulgada. Hacerlo sería prudente bajo cualquier circunstancia.

La lección actual de la industria de las telecomunicaciones enseña que una reforma amplia está llena de escollos políticos. Las facciones en competencia luchan ferozmente para configurar resultados legislativos y reglamentarios de modo que beneficien a intereses privados a expensas del público. Donde es exitosa, el resultado inevitable es una industria favorable a los abogados y paralizada por las barrabasadas administrativas y judiciales. Igualmente preocupante es la voluntad de los legisladores y reguladores de sostener a firmas moribundas mediante la imposición de arbitrarias restricciones, obligaciones e impuestos a fin de limitar a las tecnologías y oferentes más eficientes.

Los ingresos anuales del Servicio Postal, 60 mil millones de dólares, son lo suficientemente grandes como para atraer un interés político depredador. La tributación adicional posibilita una gran amenaza. Por ejemplo, toda la mensajería electrónica de la actualidad casi indiscutiblemente viola los Estatutos del Correo Expreso Privado, cuyas prohibiciones y sanciones draconianas han evolucionado para proteger al correo de Primera Clase de todas las formas de competencia. El financiamiento de alguna especie de servicio postal “universal” a través de un impuesto sobre la mensajería electrónica se volverá una tentación legislativa que debe ser resistida.

El Servicio Postal es un artefacto de una época en la que el Congreso buscaba medios prácticos para unir a la nación. La radiodifusión, la telefonía, Internet y las empresas de envío de paquetes a gran escala actualmente eliminan la necesidad de una autoridad postal cuasi-gubernamental operando bajo la protección de un monopolio legal.

El Congreso debe ser alentado a abjurar de los monopolios postales y a privatizar el Servicio Postal.

Traducido por Gabriel Gasave