Fábricas de explotación: Busque la etiqueta del INS

El fenómeno del siglo diecinueve de las fábricas de explotación -o “sweatshops” conforme su denominación en inglés- está reapareciendo en el siglo 21 como una cuestión importante para el trabajo y los negocios estadounidenses. Por ejemplo, la agrupación United Students Against Sweatshops (Estudiantes Unidos contra las Fábricas de Explotación) han convocado a sus 180 afiliados de los campos universitarios para organizar y obligar a las universidades a que traten solamente con aquellos fabricantes que realicen prácticas laborales justas. En febrero, los estudiantes de la University of Pennsylvania realizaron una muy publicitada sentada frente a la oficina del presidente para asegurarse que la indumentaria con la insignia de la universidad que la misma vendía no estuviese siendo confeccionada con trabajo realizado en las fábricas de explotación.

Aunque los estudiantes admitieron que no poseían ninguna evidencia de que alguna prenda hubiese sido producida por las fábricas de explotación, pensaron que era “una asunción segura.” La universidad acordó retirarse de la Fair Labor Association (Asociación del Trabajo Justo,) a la que los estudiantes llamaron “un sistema de supervisión y contralor industrial que solamente sirve para encubrir los abusos de las fábricas de explotación” y “una operación de relaciones públicas diseñada para mejorar la imagen de sus miembros, como Kathie Lee Gifford y Nike.” En cambio, la universidad acordó unirse al Workers Rights Consortium (Consorcio de los Derechos del Trabajador)—una organización de derechos humanos y del trabajo que aboga por los “derechos” a un salario digno y a la sindicalización en el Tercer Mundo. Pero los activistas laborales rápidamente puntualizan que las fábricas de explotación existen también en los Estados Unidos. De hecho, parecen ser una tendencia creciente. Un “Garment Enforcement Report” (abril-junio de 1999) del Departamento de Trabajo de los EE.UU. divulgó que 205 investigaciones de fábricas de explotación dieron lugar al descubrimiento de 109 violaciones.

En el Austin American-Statesman (27 de febrero), la periodista Martha Irvine ofrece un relato típico. Irvine comienza centrándose en las severas condiciones de trabajo de una fábrica de tortillas en la parte sur de Chicago, y luego prosigue reportando los resultados más amplios del Center for Impact Research. “Más de un tercio de los 800 trabajadores interrogados—muchos de ellos inmigrantes—describieron condiciones en las fábricas, restaurantes y en otros lugares de trabajo a las que el gobierno federal juzgaría como talleres de explotación.” Como resultado de este informe y de la publicidad posterior, el Departamento de Trabajo de los EE.UU. anunció su intención de trabajar con los grupos étnicos de la comunidad para descubrir a los empleadores abusivos.

Este es un patrón común en el activismo contra los talleres de explotación—historias de explotación personal se juntan con el análisis estadístico fino, lo cual colectivamente da lugar a una respuesta gubernamental superficial. A menudo, el abuso es real. A veces, es horrible. Inescrupulosos empleadores son siempre culpados—y con causa. El gobierno es siempre la solución propuesta, con resultados desastrosos.

Pocas personas parecen cuestionarse una de las razones fundamentales por la cual las condiciones de los talleres de explotación del siglo diecinueve existen en el siglo 21 en los Estados Unidos. Los partidarios del libre mercado destacan correctamente que los salarios bajos son apropiados para los trabajadores inexpertos y sin habilidades y que muchas de las condiciones de las fábricas de explotación no son no más que [p. 30] lo que naturalmente ocurre en los estratos salariales más bajos del empleo. Pero, discutiblemente, los abusos más importantes—por ejemplo, una imposibilidad de los empleados para organizarse o hacer cumplir los acuerdos—sean el resultado del gobierno. En esto el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS son sus siglas en inglés) debe asumir una particular responsabilidad. Como le explicara uno de los trabajadores de la fábrica de tortillas a Irvine, “debido a que ellos [los trabajadores] no tienen papeles, los jefes piensan que pueden hacer lo que desean.” Los empleados que no se encuentran autorizados por el gobierno para trabajar poseen poca o ninguna protección contra los empleadores que rompen contratos y fuerzan su trabajo con amenazas. Por lo general, amenazan a los empleados o a los miembros indocumentados de su familia con denunciarlos ante el INS para que sean deportados.

Los papeles que proporcionan la elegibilidad de un trabajador para el empleo se convirtieron en obligatorios en los Estados Unidos bajo la Ley de Control de la Reforma de la Inmigración (IRCA son sus siglas en inglés) de 1986. La IRCA requiere a los empleadores completar el Formulario I-9 para las “nuevas incorporaciones” a efectos de registrar los documentos que establecen la elegibilidad para el empleo por parte del trabajador. Inmediatamente, los trabajadores indocumentados se volvieron vulnerables al abuso. Por ejemplo, si un empleado indocumentado protesta por un incumplimiento del contrato, él (o los miembros de su familia) pueden ser reportados al INS.

La relación entre los trabajadores indocumentados y los sindicatos grandes es más complicada. En 1986, la AFL-CIO (siglas con las cuales se conoce en inglés a la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, federación de 65 sindicatos nacionales e internacionales) respaldó vigorosamente a la Ley IRCA, en gran medida porque otorga a los trabajadores estadounidenses una ventaja extrema en el mercado laboral. Durante una década, el “Gran Trabajo” como se la conoce, observó contenta cómo cada empleador—bajo amenaza de sanciones legales—completaba un Formulario I-9 por cada empleado. Ahora los sindicatos poderosos como la UNITE (siglas en inglés para la Unión de Empleados Mercantiles, Industriales y Textiles) ha convocado a la abrogación de esas sanciones. El Secretario Tesorero de la AFL-CIO, Richard Trurnka declara, “somos todos los ilegales. . . a los ojos de Wall Street.” Con esta declaración, vincula a los intereses de los trabajadores estadounidenses con los de los inmigrantes indocumentados, alegando que ambos son víctimas del capitalismo explotador. Por lo tanto, el “Gran Trabajo” exige regulaciones adicionales para prevenir las fabricas de explotación Las regulaciones que se demandan se encuentran designadas para solucionar los problemas que los propios sindicatos ayudaron a crear mediante su apoyo previo a las políticas del INS. Para entender el cambio del “Gran Trabajo” con relación a los trabajadores indocumentados, es necesario hacer un poco de historia.

El Abuso Creado por el INS

La exigencia de los Formularios 1-9 por cada nuevo trabajador pronto se volvió inadecuada para el gobierno a fin de “proteger” el trabajo estadounidense. En 1998 la agencia se cansó de necesitar argumentos de sospecha para poder realizar revisiones de antecedentes sobre tipos específicos de empleados. Así comenzó un experimento llamado “Operación Vanguardia ”—una expedición de redadas dentro de la industria empaquetadora de carne en el medio oeste. El INS requirió los registros de empleo de todas las plantas empaquetadoras de carne de Nebraska, luego cruzó la información con la suministrada por la Seguridad Social y con la de otras bases de datos del gobierno a fin de determinar cuáles trabajadores contaban con la autorización de empleo apropiada. Después de la auditoría industrial inicial, el INS prosiguió con auditorias adicionales a intervalos regulares para revisar las nuevas contrataciones. (El programa ha sido ampliado desde entonces a otros estados, con el INS proponiendo emplear firmas privadas para realizar las revisiones de antecedentes relevantes. Tales firmas no estarían sujetas a las mismas restricciones que las agencias gubernamentales.)

Cuando una discrepancia surgía en un documento, el trabajador en cuestión era obligado a comparecer a una entrevista del INS. En muchos de los casos, cuando no en la mayoría de ellos, la discrepancia era una falla del INS. “La información en estas bases de datos es notoriamente mala,” explica Josh Bernstein, analista político senior en el National Inmigration Law Center. “Y debido a que la base de datos se encuentra defectuosa, mucha gente que posee autorización de empleo termina apareciendo como ilegal.”

Incluso si son legales, muchos trabajadores extranjeros deciden renunciar a sus empleos antes de ser entrevistados por el INS. “Es como una auditoria del IRS (Servicio de Rentas Internas), excepto que usted se imagina que enfrenta la amenaza de salir esposado,” dice Bernstein. Además, muchos trabajadores legales dejan sus trabajos porque un miembro de su familia no tiene papeles, y por lo tanto no desean experimentar una entrevista.

Las historias de horror de los abusos del INS así como tan bien los negativos recuerdos del gobierno en sus países de origen, significan que muchos trabajadores simplemente huyen. Generalmente, son a forzados trabajar informalmente en trabajos menos atractivos donde no tienen ninguna antigüedad y donde el empleador probablemente sabe cuánto temen al INS. Por ejemplo, el 5 de mayo de 1999, agentes del INS llegaron a una planta el empaquetadora de carne de IBP en Lexington, Nebraska, para interrogar a más de 2.000 trabajadores. El INS había revisado previamente los Formularios I-9 de la planta y había encontrado 318 discrepancias. El día de las entrevistas, sin embargo, 185 de los trabajadores bajo sospecha se habían ido. De los 133 restantes, uno fue arrestado y uno fue despedido. La arremetida del INS interrumpió las operaciones de la planta y atemorizó a cientos de trabajadores.

Una táctica en particular del INS es casi una fórmula para crear talleres de explotación. Como una parte general de su estrategia, el INS ha alentado a los empleadores a que se conviertan en sus socios en el proceso de verificación del gobierno. Los patrones son presionados para utilizar un programa electrónico de empleo denominado “Piloto Básico,” un proyecto en conjunto entre el INS y la Seguridad Social que le permite a los empleadores verificar a todos los empleados teniendo acceso a las bases de datos del gobierno. El Piloto Básico fue utilizado por vez primera en California, Florida, Illinois, Nueva York, y Tejas, pero ha sido ampliado.

Ofrecerle a los empleadores el acceso a las bases de datos del gobierno es parte de una estrategia del INS llamada la “Aplicación Interior de la Ley ”—es decir, la aplicación de las leyes de inmigración más allá de la frontera. A los ojos de los ya temerosos trabajadores inmigrantes, el empleador es ahora un brazo del INS. De hecho, los grupos por los derechos de los trabajadores advierten que el INS esté utilizando a los empleadores como agentes de aplicación de la ley. Por supuesto, el poseer información incriminatoria de un empleado le otorga al empleador una gran ventaja de negociación. Algunos empleadores poco éticos han explotado esta ventaja en detrimento de los trabajadores indocumentados que ya no se sienten capaces de hacer cumplir los contratos o de quejarse ante los abusos. Los trabajadores que participan en un sindicato pueden ser reportados al INS. En esencia, el INS ha dado a los empleadores luz verde para crear fábricas de explotación.

La Federación de Trabajadores cambió respecto de los Trabajadores Indocumentados

En su convención de anual de 1999 en Los Angeles, los funcionarios superiores de la AFL-CIO admitieron haber incurrido en una equivocación al respaldar la Ley IRCA. Pero el hostigamiento del gobierno a los trabajadores inmigrantes no es lo que provocó que el “Gran Trabajo” cambiase su postura. Después de todo, tal compasión no había incitado a la AFL-CIO a abogar por la protección del trabajo del inmigrante en el pasado. En cambio, las preocupaciones del “Gran Trabajo” eran dobles: primero, las afiliaciones al sindicato han estado declinando por décadas. En los años 50, el 35 por ciento de los trabajadores de los EE.UU. pertenecían a un sindicato. Hoy, el porcentaje está cerca del 14 por ciento. Para mantenerse constantes en ese nivel, los sindicatos tienen que reclutar a 400.000 trabajadores al año. Con cifras sindicales que indican que uno de cada diez trabajadores ha nacido en el exterior, “Gran Trabajo” ha arribado a una tardía conclusión: el trabajo del inmigrante necesita de los sindicatos.

Eliseo Medina, vicepresidente del Sindicato de Empleados de Servicio, es más cándido: los sindicatos precisan del trabajo del inmigrante. “Estoy. . . convencido que dado que el movimiento laboral es la mejor esperanza para los inmigrantes, los inmigrantes son la mejor esperanza para el movimiento laboral.” Si los sindicatos han de prosperar en el siglo 21, necesitan reconstruir su base de poder. Miguel Contreras, secretario de la Federación del Trabajo del Condado de Los Angeles, el consejo laboral más grande del país, concuerda. “Si vamos a organizar a LA, tenemos que organizar a los inmigrantes.”

La segunda razón del cambio de “Gran Trabajo” acerca de la Ley IRCA es el aumento en el resquebrajamiento sindical que ha acompañado a esta medida. Especialmente en el área de la agricultura, los encargados de las granjas han llamado al INS en varias ocasiones para que se lleve a los trabajadores indocumentados que eran figuras dominantes en las campañas del sindicato. Por ejemplo, cerca de 1.700 empleados fueron despedidos de 13 casas de embalaje de manzanas en el Valle de Yakima en el estado de Washington en marzo de 1999. Estas empresas habían sido objeto de una intensa organización por parte de los Teamsters. Habiendo limpiado a las casas de embalaje de manzanas de trabajadores con “discrepancias,” los empleadores también destruyeron a la dirección de las bases del crecientesindicato . Arturo Rodríguez, presidente de los Trabajadores de Granja Unidos, demanda que la Bear Creek Production Company, un firma que cultiva rosas en California, dispuso despedir al 15 por ciento de los miembros del sindicato a través de una revisión del INS de sus documentos. “Estos son trabajadores que han estado aquí 15, 20, 25 años,” indica, “tienen casas, tienen familias, están en el sistema educativo, han pagado impuestos, son miembros de sus comunidades. Les pidieron que demostraran su estatus en este país. Y después los desalojaron y perdieron sus trabajos.”

Algunos empleadores han sido más sutiles. Por ejemplo, cuando los empleados en una fábrica de ropa en California se adhirieron a la UNITE, los miembros del sindicato nacidos en el exterior fueron llamados a la administración y se les requirió exhibir sus documentos una y otra vez para su verificación. Otros trabajadores se percataron de la situación. El apoyo al sindicato declinó dramáticamente. Irónicamente, la barrera más grande para el reclutamiento por parte de la AFL-CIO de miembros inmigrantes y para la organización de nuevos sindicatos es la propia ley que defendió en 1986—la IRCA. No sorprende que los consejos laborales y los sindicatos locales a través de la nación están comenzando a pedir la abrogación de esos aspectos de la medida que hacen ilegal para un trabajador indocumentado tener un trabajo. Frank Hurt, presidente de los Trabajadores de Panadería, Confitería y del Tabaco, ha sido una voz dominante en apoyo de la Ley IRCA. Se encontraba consternado por las consecuencias involuntarias que le siguieron. “En cambio, ellos [la Ley IRCA y el INS] arman a los empleadores con armas adicionales. . . . Ellos enfrentan al trabajador contra el trabajador, al aliado contra el amigo, generando cuñas entre nosotros cuando deberíamos permanecer unidos.”

El 16 de febrero de 2000, la vicepresidente ejecutiva de la AFL-CIO Linda Chavez-Thompson elogió a los trabajadores inmigrantes. “A través de la historia de nuestro país los inmigrantes han desempeñado un importante rol en la edificación de las instituciones democráticas y de las vibrantes nuevas comunidades que enriquecen nuestras vidas.” Entonces el Consejo Ejecutivo emitió una resolución que declaró, “El supuesto proceso de sanciones del 1-9, que los empleadores inescrupulosos han sistemáticamente utilizado para tomar represalias contra los trabajadores que se reúnen en sindicatos, debe ser eliminado.” Esto revirtió la resolución del consejo ejecutivo de 1985 que pedía la imposición de sanciones al estilo de las del Formulario 1-9.

A pesar de esta experiencia aleccionadora acerca de cómo la regulación y la supervisión del gobierno de las empresas daña a los trabajadores, uno de los remedios para las fábricas de explotación que está siendo buscado por los sindicatos es más regulación y supervisión del gobierno. Por ejemplo, la UNITE aplaudió el anuncio del 7 de febrero del Vocero del Consejo de la Ciudad de Nueva York, Peter Vallone, referente a una ley contra los talleres de explotación que él está patrocinando. La ley prohibiría a la ciudad comprar indumentaria—incluyendo los uniformes para los policías—de fabricantes que no divulguen sus ubicaciones y no permitan inspecciones. De alguna manera, el “Gran Trabajo” está manifestando la misma respuesta por reflejo condicionado que Kathie Lee Gifford dio al descubrir que su línea de ropa de Wal-Mart estaba siendo producida en talleres de explotación. Gifford emprendió una cruzada para imponer más leyes sobre las empresas. Cuando el Gobernador de Nueva York George Pataki firmó la legislación sin precedentes contra los talleres de explotación en 1996, indicó, “En pequeña medida alguna, esta ley será firmada esta tarde porque Kathie Lee Gifford y Frank Gifford hicieron de esto una cruzada personal.” La legislación hace responsables a los fabricantes y a los minoristas que compran, envían, o entregan con su conocimiento bienes producidos por las fábricas de explotación. Tal legislación no hará otra cosa que llevar a estas practicas laborales más lejos subterráneamente, donde el abuso puede prosperar sin ser visto.

Al final, será el mercado—no la legislación—el que determine el valor del trabajo y las condiciones laborales que los trabajadores aceptarán. La economía que prevalece proporciona una oportunidad para los sindicatos si se encuentran dispuestos a trabajar con y no contra las fuerzas del mercado. El desempleo es extremadamente bajo, especialmente en los trabajos poco atractivos, tales como la costura, el empaquetamiento de carne, y la agricultura, en los cuales los trabajadores inmigrantes tienden a gravitar. Lo que los trabajadores necesitan ahora mismo, mientras que su posición de negociación es fuerte, es la capacidad de negociar honestamente y sobre la mesa mejores salarios y condiciones laborales. El gobierno solamente puede interferir en este proceso.

*Nota del Traductor:

INS era la sigla en inglés para el Immigration and Naturalization Service, es decir el Servicio de Inmigración y Naturalización de los EE.UU.

El mismo, desde el 1 de marzo de 2003 ha pasado a integrar el U.S. Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Interior de los EE.UU.) y sus funciones fueron divididas entre varias oficinas del mismo. Las correspondientes al ex-INS han sido asumidas básicamente por el Bureau of Citizenship and Inmigration Services o BCIS (Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración.)

Traducido por Gabriel Gasave