Fujimori y la justicia global

Mientras escribo este artículo, el ex mandatario peruano Alberto Fujimori está detenido por la policía en Chile tras su sorpresivo arribo desde el Japón. Fujimori pasó los últimos cinco años luchando contra los esfuerzos del gobierno peruano por lograr su repatriación a Lima para enfrentar cargos que van desde violaciones a los derechos humanos hasta corrupción. Viajó a Chile, un país que limita con el Perú, como parte de un intento por presionar a las autoridades judiciales peruanas para que le allanen el camino a fin de que pueda postularse en los próximos comicios presidenciales, algo que a estas alturas se encuentra impedido de hacer.

No está claro a estas alturas si Fujimori permanecerá detenido durante la duración del proceso de extradición o si recuperará su libertad mientras los tribunales chilenos toman una decisión final, una vez que el Perú efectúe el pedido de extradición formal. Acontezca lo que acontezca, sus planes para ser candidato en las elecciones del año próximo, con total desprecio por los serios cargos en su contra relacionados con su dictadura de diez años, han sido al menos temporalmente interrumpidos.

Tendemos a considerar la globalización como un fenómeno relacionado con los bienes comerciales y los flujos de capital, y algunas veces con grandes oleadas migratorias, pero rara vez como un proceso institucional que incluye la internacionalización de la justicia. Sin duda, ha habido una gran controversia respecto de la justicia global y la figura de la intervención humanitaria en los años recientes, pero casi siempre con relación a los tribunales internacionales y a las acciones militar en vez de la noción más elemental de que los límites nacionales están ofreciendo cada vez menos garantías de escape para aquellos que cometieron crímenes cuando estaban en el cargo.

La justicia global es usualmente relacionada con entidades internacionales—tales como los diferentes Tribunales para Crímenes de Guerra—cuyos estándares son a menudo discutibles. Y resulta particularmente controversial cuando se enreda con la intervención humanitaria, la cual por lo general implica una acción militar. Pero hay otro lado de la justicia global que debería causar mucho menos disenso: a saber, la idea de que ciertos estándares del derecho están ganando la aceptación internacional, haciendo más difícil que los violadores de los derechos humanos eludan la justicia.

Cuando alguien como Augusto Pinochet es arrestado en Londres o el Sr. Fujimori es detenido en Santiago en virtud de un pedido internacional basado en una sospecha razonable de violaciones a los derechos humanos y de corrupción, estamos enfrentados con la mejor dimensión de la justicia global.

Por supuesto, hubo una época en la que el arresto de líderes políticos en terceros países simplemente significaba la internacionalización de la persecución política. Los gobiernos se ayudaban entre sí a atrapar a sus fugitivos en función de sus propios intereses políticos, en vez de basarse en los méritos de las órdenes de arresto. Hoy día, sin embargo, muchas de las figuras políticas arrestadas en terceros países no son víctimas de persecución política a manos de gobiernos hostiles. Son en verdad individuos cuyas acciones los han convertido en blancos legítimos de sistemas judiciales que son capaces de actuar más allá de sus fronteras. Este tipo de globalización de la justicia no es el diseño deliberado de algún organismo internacional sino el resultado de la renuencia gradual de los gobiernos y los tribunales en varios países a soportar una condena moral por no actuar contra los fugitivos. Este desarrollo debería ser bienvenido con no menos entusiasmo que el creciente flujo de bienes y servicios a través de las fronteras.

Ello significa que muchas personas tienen actualmente una posibilidad mayor de ver entre rejas a aquellos ex dirigentes que asesinaron o encarcelaron a sus seres queridos y les robaron su dinero. Pero quizás de un modo más significativo, demuestra la consolidación gradual de las nociones internacionales del derecho que algún día harán responsable a todo aquel que ejerza el poder donde quiera que intente huir (incluidos aquellos mandatarios que en la actualidad están tratando de llevar ante la justicia a quienes alguna vez ocuparon el cargo y pueden ellos mismo cometer abusos de poder).

En el caso de Fujimori, el gobierno que está intentando llevarlo ante la justicia es corrupto y tiende a torcer la ley. Pero la circunstancia de que los tribunales chilenos hayan actuado contra Fujimori significa que la corrupción en el Perú no es una excusa para no someter a Fujimori ante la justicia. La atención internacional probablemente obligará al sistema legal peruano, si es que Fujimori resulta extraditado, a actuar más independientemente del gobierno. Pero incluso si Fujimori no fuese extraditado al Perú, no le será posible escapar con total impunidad porque, como quedó evidenciado con la decisión de Chile de arrestarlo, otros países también lo consideran responsable.

El proceso de la justicia global en el sentido muy específico de la disolución de los limites nacionales está tan sólo en sus etapas iniciales. Muchos defectos son aún evidentes. Por ejemplo, la justicia internacional es todavía incapaz o no está dispuesta a tratar con aquellos que cometen crímenes mientras se encuentran todavía en el poder. Los Robert Mugabes y los Fidel Castros de este mundo son todavía capaces de viajar periódicamente sin meterse en la clase de problemas en los que se metió Fujimori al aterrizar en Chile. Pero lo que aconteció en Chile es un paso en la dirección correcta.