Hay que abolir la nominación de Hayden y la Agencia de Seguridad Nacional

La nominación del General Michael V. Hayden, el ex director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA es su sigla en inglés), para reemplazar al desastrosamente incompetente Porter Goss como Director de la CIA, debería ser rechazada sobre la base de que Hayden subvirtió la Constitución de los Estados Unidos. Además, el debate público acerca de la eficacia de la reciente reorganización de la inteligencia debería conducir a la abolición de su ex agencia y a la inclusión de sus funciones más legitimas en una comunidad de la inteligencia más delgada y ágil.

En un esfuerzo por salvar a la nominación de Hayden, los oficiales de inteligencia, a través de filtraciones a la prensa, están argumentando que solamente los heroicos esfuerzos de Hayden contra la fuerza irresistible del Vicepresidente Dick Cheney limitaron el programa de escuchas telefónicas no autorizadas de la NSA a los casos en los que alguien en los Estados Unidos se encontraba llamando al exterior o recibiendo una llamada desde allí. Sostienen que el vicepresidente consideraba, bajo su teoría expansiva de las facultades del ejecutivo, que el presidente podía también realizar escuchas telefónicas secretas de las llamadas internas a efectos de preservar la seguridad nacional. Pero Hayden debería ser en primer lugar considerado responsable por sugerir la expansión de las actividades de la NSA en el espionaje no autorizado.

¿Qué parte de la Cuarta Enmienda a la Constitución no entiende el general? La enmienda establece:

El derecho de los habitantes a la seguridad en sus personas, domicilios, papeles y efectos, contra incautaciones y cateos arbitrarios, será inviolable, y no se expedirán al efecto las órdenes correspondientes a menos que exista una causa probable, corroborada mediante juramento o declaración solemne, y cuyo contenido describirá con particularidad el lugar a ser registrado y las personas o cosas que serán objeto de detención o embargo.

La enmienda claramente tiene la intención de que resulta necesaria una orden para todos los allanamientos—lo cual incluye a las escuchas secretas y a la instalación de micrófonos ocultos de la actualidad —y establece de manera especifica que las ordenes no deberán ser emitidas a menos que los funcionarios gubernamentales puedan certificar que existe “causa probable” de que un crimen ha sido cometido. La ley suprema de la nación considera tan importante el derecho de los ciudadanos estadounidenses a estar protegidos contra el potente poder de policía del gobierno que la misma no crea exención alguna para la “seguridad nacional”.

La distinción artificial que ha hecho la administración Bush entre las llamadas internacionales y las internas de individuos en los Estados Unidos es absurda y no tiene ningún fundamento en la ley. La distinción se ha hecho en virtud de que así resulta más fácil de vender el espionaje ilegal e indebido al público y a parte de la comunidad de la inteligencia, quienes correctamente consideran que el espionaje interno de cualquier tipo destruirá la confianza pública en las agencias de inteligencia de la nación. Pero incluso el hecho de espiar las llamadas internacionales de individuos en los Estados Unidos es inconstitucional sin una orden. Por lo tanto, Hayden estuvo defendiendo subvertir a la Constitución a fin de expandir las actividades de su agencia.

También, bajo la vigilancia de Hayden en la NSA, aprobó un programa para procurar rastrear toda llamada telefónica en los Estados Unidos, ya sea realizada dentro de los limites del país o involucrando a una parte en el exterior. La administración Bush sostiene que esto no implica realizar escuchas clandestinas sino meramente seguir el rastro de quienes llaman, quienes reciben las llamadas, y los patrones de las llamadas de modo tal que las mismas puedan ser eliminadas como forma de encubrir a actividades terroristas.

¿Pueden en verdad creer los estadounidenses la afirmación del presidente de que la creación de tan costosa base de datos no significa que el gobierno esté espiando o que espiará a cientos de millones de personas cuyas llamadas resulten archivadas? El gobierno posee un largo historial de espionaje ilegal e inconstitucional sobre los individuos. También, este argumento rememora a la afirmación de Bill Clinton de que fumó marihuana pero no inhaló el humo—la gimnasia verbal no reduce la ilegalidad de la acción. La creación de una masiva base de datos gubernamental detallando los patrones de llamadas de los estadounidenses, aún si ninguna escucha ilegal tiene lugar, es claramente un cateo de la información personal sin la orden exigida por la Constitución. La misma parecería violar también la parte de la Cuarta Enmienda que exige allanamientos específicos, en lugar de generales.

Pero el hecho de desechar a la nominación de Hayden para ser director de la CIA no resulta suficiente. Aquellos en la comunidad de la inteligencia que creían que la circunstancia de espiar a individuos en los Estados Unidos podía desacreditar a las agencias de espionaje estaban acertados en el caso de la NSA. La NSA ha sido tan desacreditada por su espionaje no autorizado y la minería de datos que es tiempo de reorganizar la existencia de la agencia.

Recientemente ha habido cierta voluntad en el Congreso y en el debate público de admitir que la reorganización de la comunidad de la inteligencia post-11/09 solamente añadió más burocracia a un sistema cuyo principal problema durante el 11/09 fue el de la falta de coordinación entre las agencias. Las 16 agencias de la comunidad precisan ser modernizadas y consolidadas. El sitio para comenzar es la NSA. Esta desacreditada agencia debería ser eliminada y sus funciones más legitimas incorporadas a una comunidad de inteligencia reorganizada y más ágil.