El furor a nivel nacional por el intento de la derecha israelí de neutralizar al poder judicial independiente del país se ha enfriado, al menos temporalmente, porque el gobierno dio marcha atrás y accedió a retrasar las «reformas judiciales». Sin embargo, los Estados Unidos deberían aprender de la debacle israelí.
La derecha israelí aborrece lo que califica de obstrucción judicial izquierdista a su agenda. Así que, en nombre de la «democracia», el gobierno israelí intentó politizar la selección de jueces, limitar la capacidad del Tribunal Supremo israelí para revisar las leyes aprobadas por el parlamento y aumentar la capacidad de ese órgano legislativo para anular las sentencias del Tribunal Supremo que no le agradaban. Dado que los jueces son seleccionados por otros jueces, es probable que técnicamente esto mejore la democracia. No obstante, más democracia no siempre es algo bueno.
Contrariamente a la creencia popular, los artífices de la Constitución estadounidense se percataron de que en última instancia el gobierno tenía que descansar en el apoyo popular, pero también de que había que enfriar las volátiles pasiones populares y que los derechos individuales debían ser protegidos de la tiranía de la mayoría mediante una Constitución escrita, una Carta de Derechos y un sistema de controles y contrapesos. Estos controles y contrapesos incluían un gobierno federal con tres poderes, incluido un poder judicial mayoritariamente independiente; un Congreso bicameral en el cual el Senado estaba destinado a ser el platillo de enfriamiento de una Cámara de Representantes que tendía a reflejar los sentimientos populares del momento; y una estructura de gobierno federal que contaba con centros de poder estatales fuertemente compensatorios, que incluso incluían la preservación de milicias estatales reguladas para contrarrestar al ejército nacional mediante una Segunda Enmienda sobre armas de fuego.
De hecho, en la época de la fundación estadounidense, «democracia» no era consideraba una palabra propicia. Y aunque los Estados Unidos se han convertido en una sociedad más democrática a lo largo de los 235 años transcurridos desde que la Constitución fue ratificada, la república federal de sus redactores aún perdura.
Israel, con su sistema parlamentario más democrático, tiene pocas de las salvaguardias de la república estadounidense. No posee una constitución escrita y su sistema parlamentario combina los poderes legislativo y ejecutivo. Además, en virtud de que no es una república federal, los gobiernos regionales no pueden contrarrestar las posibles extralimitaciones del gobierno central. Así pues, el poder judicial independiente es uno de los pocos controles contra la posible tiranía de una escasa mayoría parlamentaria (la situación actual). Los únicos otros controles sobre el gobierno son unos medios de comunicación libres y las masivas protestas callejeras de una minoría vociferante para obstaculizar (al menos temporalmente) el intento de someter el poder judicial al control del parlamento.
Además de pregonar la naturaleza democrática de las «reformas judiciales», los defensores israelíes señalan a la selección política de los jueces en los Estados Unidos. Sin embargo, además de todos los demás controles y contrapesos del sistema estadounidense, la designación política de los jueces federales requiere tanto la selección del ejecutivo como la aprobación del Congreso, un control de dos ramas con el que no contará un poder judicial israelí reformado. Aunque el Congreso y el poder ejecutivo pueden restringir el ámbito de competencia de los tribunales estadounidenses y modificar su tamaño, no pueden revocar las sentencias federales y del Tribunal Supremo.
Sin embargo, el sistema judicial estadounidense no es inmune a las intromisiones, que se están produciendo actualmente, incluso mientras se ha desencadenado la crisis de Israel. Incluso antes de que la oficina del fiscal del distrito de Manhattan acusara formalmente al ex presidente Donald Trump, algunos miembros del Congreso estaban acosando a esa oficina para obtener testimonios y documentos en esta causa penal. Además, en Georgia, la legislatura y el gobernador recientemente aprobaron y promulgaron, respectivamente, una nueva ley diseñada para intimidar al fiscal de distrito del condado de Fulton -que casualmente se encuentra investigando el supuesto intento ilegal de Trump de anular los resultados certificados del estado de Georgia en los comicios presidenciales de 2020- facilitando al gobierno estatal el despido de fiscales locales cuyas acciones no le agraden.
A pesar de que los Estados Unidos cuentan con los controles y contrapesos de una república que la democracia israelí no posee, los intentos del gobierno federal o estatal de entrometerse en el sistema judicial independiente estadounidense siguen corroyendo de manera significativa el sistema político de la nación. El sistema judicial independiente, dotado de jueces republicanos y demócratas, fue un baluarte importante contra el intento de Trump de anular las elecciones libres y justas de 2020, permaneciendo así inconstitucionalmente en el poder. A partir de 2024, si el sistema judicial independiente ha sido erosionado por Trump y sus acólitos, podemos experimentar una agitación política similar a la que Israel ha estado expuesto recientemente.
Traducido por Gabriel Gasave
La agitación de Israel en torno a su poder judicial debería ser una advertencia para los EE.UU.
Hanay / Wikimedia Commons
El furor a nivel nacional por el intento de la derecha israelí de neutralizar al poder judicial independiente del país se ha enfriado, al menos temporalmente, porque el gobierno dio marcha atrás y accedió a retrasar las «reformas judiciales». Sin embargo, los Estados Unidos deberían aprender de la debacle israelí.
La derecha israelí aborrece lo que califica de obstrucción judicial izquierdista a su agenda. Así que, en nombre de la «democracia», el gobierno israelí intentó politizar la selección de jueces, limitar la capacidad del Tribunal Supremo israelí para revisar las leyes aprobadas por el parlamento y aumentar la capacidad de ese órgano legislativo para anular las sentencias del Tribunal Supremo que no le agradaban. Dado que los jueces son seleccionados por otros jueces, es probable que técnicamente esto mejore la democracia. No obstante, más democracia no siempre es algo bueno.
Contrariamente a la creencia popular, los artífices de la Constitución estadounidense se percataron de que en última instancia el gobierno tenía que descansar en el apoyo popular, pero también de que había que enfriar las volátiles pasiones populares y que los derechos individuales debían ser protegidos de la tiranía de la mayoría mediante una Constitución escrita, una Carta de Derechos y un sistema de controles y contrapesos. Estos controles y contrapesos incluían un gobierno federal con tres poderes, incluido un poder judicial mayoritariamente independiente; un Congreso bicameral en el cual el Senado estaba destinado a ser el platillo de enfriamiento de una Cámara de Representantes que tendía a reflejar los sentimientos populares del momento; y una estructura de gobierno federal que contaba con centros de poder estatales fuertemente compensatorios, que incluso incluían la preservación de milicias estatales reguladas para contrarrestar al ejército nacional mediante una Segunda Enmienda sobre armas de fuego.
De hecho, en la época de la fundación estadounidense, «democracia» no era consideraba una palabra propicia. Y aunque los Estados Unidos se han convertido en una sociedad más democrática a lo largo de los 235 años transcurridos desde que la Constitución fue ratificada, la república federal de sus redactores aún perdura.
Israel, con su sistema parlamentario más democrático, tiene pocas de las salvaguardias de la república estadounidense. No posee una constitución escrita y su sistema parlamentario combina los poderes legislativo y ejecutivo. Además, en virtud de que no es una república federal, los gobiernos regionales no pueden contrarrestar las posibles extralimitaciones del gobierno central. Así pues, el poder judicial independiente es uno de los pocos controles contra la posible tiranía de una escasa mayoría parlamentaria (la situación actual). Los únicos otros controles sobre el gobierno son unos medios de comunicación libres y las masivas protestas callejeras de una minoría vociferante para obstaculizar (al menos temporalmente) el intento de someter el poder judicial al control del parlamento.
Además de pregonar la naturaleza democrática de las «reformas judiciales», los defensores israelíes señalan a la selección política de los jueces en los Estados Unidos. Sin embargo, además de todos los demás controles y contrapesos del sistema estadounidense, la designación política de los jueces federales requiere tanto la selección del ejecutivo como la aprobación del Congreso, un control de dos ramas con el que no contará un poder judicial israelí reformado. Aunque el Congreso y el poder ejecutivo pueden restringir el ámbito de competencia de los tribunales estadounidenses y modificar su tamaño, no pueden revocar las sentencias federales y del Tribunal Supremo.
Sin embargo, el sistema judicial estadounidense no es inmune a las intromisiones, que se están produciendo actualmente, incluso mientras se ha desencadenado la crisis de Israel. Incluso antes de que la oficina del fiscal del distrito de Manhattan acusara formalmente al ex presidente Donald Trump, algunos miembros del Congreso estaban acosando a esa oficina para obtener testimonios y documentos en esta causa penal. Además, en Georgia, la legislatura y el gobernador recientemente aprobaron y promulgaron, respectivamente, una nueva ley diseñada para intimidar al fiscal de distrito del condado de Fulton -que casualmente se encuentra investigando el supuesto intento ilegal de Trump de anular los resultados certificados del estado de Georgia en los comicios presidenciales de 2020- facilitando al gobierno estatal el despido de fiscales locales cuyas acciones no le agraden.
A pesar de que los Estados Unidos cuentan con los controles y contrapesos de una república que la democracia israelí no posee, los intentos del gobierno federal o estatal de entrometerse en el sistema judicial independiente estadounidense siguen corroyendo de manera significativa el sistema político de la nación. El sistema judicial independiente, dotado de jueces republicanos y demócratas, fue un baluarte importante contra el intento de Trump de anular las elecciones libres y justas de 2020, permaneciendo así inconstitucionalmente en el poder. A partir de 2024, si el sistema judicial independiente ha sido erosionado por Trump y sus acólitos, podemos experimentar una agitación política similar a la que Israel ha estado expuesto recientemente.
Traducido por Gabriel Gasave
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