El 12 de abril, una carta abierta sobre política inmigratoria redactada por 1.470 economistas fue enviada al Presidente Trump y líderes parlamentarios. Pocas veces suscribo cartas abiertas pero, sin embargo, en este caso me sentí compelido a hacerlo en virtud de lo mucho que las recientes medidas y la retórica política acerca de la inmigración se han apartado de la sensatez en las ciencias sociales y de los principios generales delineados en la carta.
No me agradan los argumentos de autoridad. Esa es la razón por la cual normalmente no firmo cartas abiertas de economistas. También es una de los motivos por los que les digo a mis alumnos que me pueden llamar por mi nombre en lugar de “profesor” o “doctor”. Pero los expertos tienen cierta autoridad por la naturaleza de su área de trabajo. Cuando una amplia muestra representativa ideológica de expertos sobre un tema está de acuerdo en que el discurso político se da de bruces con la buena ciencia, es un fuerte indicio de que los políticos deben hacer una pausa y recapacitar.
El amplio consenso de que “los beneficios que la inmigración aporta a la sociedad superan por lejos a sus costos” se refleja en la carta abierta. Algunos firmantes son republicanos, algunos demócratas, y otros no están afiliados a partido alguno e incluso como yo, ni registrados para votar. Independientemente de la inclinación ideológica, los economistas coinciden en gran medida en que la inmigración, al igual que el comercio internacional de bienes y servicios, vuelve más rica a la población nativa.
No negamos que la inmigración impone costos sobre la población nativa, y en particular, sobre aquellos con los niveles de educación más bajos. Por el contrario, los signatarios sostienen que “una política inmigratoria inteligente podría maximizar mejor los beneficios de la inmigración, reduciendo los costos”.
Si les preguntas a cada uno de los 1.470 firmantes cuál sería una política de inmigración “inteligente”, probablemente obtendrás 1.470 respuestas diferentes. Pero el modo en que nuestras respuestas variarían se diferencia fundamentalmente de cómo nosotros como grupo diferiríamos de los políticos y el público en general.
Los economistas que estudian la inmigración son conscientes de que, además de incrementar la riqueza de la población nativa, los inmigrantes como resultado neto no les arrebatan puestos de trabajo a los trabajadores nativos. Ni generalmente deprimen los salarios promedio de los trabajadores nativos, con la posible excepción de aquellos que no han podido finalizar la escuela secundaria.
Algunos de nosotros creemos que los inmigrantes representan una merma fiscal, mientras que otros creen que son un beneficio fiscal. Pero la gran mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que el hecho de modificar la política fiscal para convertir cualquier merma en beneficios es mucho más inteligente que suprimir la inmigración en cualquier lugar que uno encuentre una perdida.
Mi reciente libro, The Economics of Immigration: Market-Based Approaches, Social Science, and Public Policy, documenta el consenso entre los científicos sociales sobre estas cuestiones y luego ilustra cómo los expertos difieren en sus políticas públicas favorecidas a la luz de esta ciencia social. En ninguna parte de las políticas favorecidas encontramos a las que actualmente se aplican ni a las reformas pregonadas por estos días en Washington.
Considérese la reciente deportación de Roberto Beristain, que ganó los titulares noticiosos a nivel nacional. Roberto, que había permanecido en los Estados Unidos durante 20 años sin antecedentes penales, era dueño y administrador de un local de la cadena Eddie’s Steak Shed en Granger, Indiana. Daba empleo a ciudadanos estadounidenses y atendía a los consumidores estadounidenses. No me imagino a alguno de los 1.470 signatarios, o a los economistas que aparecen en mi libro, considerando que su deportación mejoró a los Estados Unidos. Sin embargo, su deportación es consistente con la actual política de inmigración.
Los argumentos nunca deberían ser aceptados simplemente porque provienen de una autoridad. Los expertos a menudo pontifican sobre temas más allá de sus conocimientos. Cualquier argumento, entonces, debe prevalecer o derrumbarse por sus propios méritos. Como indica esta carta abierta, los políticos serían sabios si prestasen a los argumentos de los economistas, de todas las convicciones políticas, una mejor atención si es que desean crear una política inmigratoria que “haga grande a los Estados Unidos”.
Traducido por Gabriel Gasave
La economía de la inmigración se da de bruces con la política
El 12 de abril, una carta abierta sobre política inmigratoria redactada por 1.470 economistas fue enviada al Presidente Trump y líderes parlamentarios. Pocas veces suscribo cartas abiertas pero, sin embargo, en este caso me sentí compelido a hacerlo en virtud de lo mucho que las recientes medidas y la retórica política acerca de la inmigración se han apartado de la sensatez en las ciencias sociales y de los principios generales delineados en la carta.
No me agradan los argumentos de autoridad. Esa es la razón por la cual normalmente no firmo cartas abiertas de economistas. También es una de los motivos por los que les digo a mis alumnos que me pueden llamar por mi nombre en lugar de “profesor” o “doctor”. Pero los expertos tienen cierta autoridad por la naturaleza de su área de trabajo. Cuando una amplia muestra representativa ideológica de expertos sobre un tema está de acuerdo en que el discurso político se da de bruces con la buena ciencia, es un fuerte indicio de que los políticos deben hacer una pausa y recapacitar.
El amplio consenso de que “los beneficios que la inmigración aporta a la sociedad superan por lejos a sus costos” se refleja en la carta abierta. Algunos firmantes son republicanos, algunos demócratas, y otros no están afiliados a partido alguno e incluso como yo, ni registrados para votar. Independientemente de la inclinación ideológica, los economistas coinciden en gran medida en que la inmigración, al igual que el comercio internacional de bienes y servicios, vuelve más rica a la población nativa.
No negamos que la inmigración impone costos sobre la población nativa, y en particular, sobre aquellos con los niveles de educación más bajos. Por el contrario, los signatarios sostienen que “una política inmigratoria inteligente podría maximizar mejor los beneficios de la inmigración, reduciendo los costos”.
Si les preguntas a cada uno de los 1.470 firmantes cuál sería una política de inmigración “inteligente”, probablemente obtendrás 1.470 respuestas diferentes. Pero el modo en que nuestras respuestas variarían se diferencia fundamentalmente de cómo nosotros como grupo diferiríamos de los políticos y el público en general.
Los economistas que estudian la inmigración son conscientes de que, además de incrementar la riqueza de la población nativa, los inmigrantes como resultado neto no les arrebatan puestos de trabajo a los trabajadores nativos. Ni generalmente deprimen los salarios promedio de los trabajadores nativos, con la posible excepción de aquellos que no han podido finalizar la escuela secundaria.
Algunos de nosotros creemos que los inmigrantes representan una merma fiscal, mientras que otros creen que son un beneficio fiscal. Pero la gran mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que el hecho de modificar la política fiscal para convertir cualquier merma en beneficios es mucho más inteligente que suprimir la inmigración en cualquier lugar que uno encuentre una perdida.
Mi reciente libro, The Economics of Immigration: Market-Based Approaches, Social Science, and Public Policy, documenta el consenso entre los científicos sociales sobre estas cuestiones y luego ilustra cómo los expertos difieren en sus políticas públicas favorecidas a la luz de esta ciencia social. En ninguna parte de las políticas favorecidas encontramos a las que actualmente se aplican ni a las reformas pregonadas por estos días en Washington.
Considérese la reciente deportación de Roberto Beristain, que ganó los titulares noticiosos a nivel nacional. Roberto, que había permanecido en los Estados Unidos durante 20 años sin antecedentes penales, era dueño y administrador de un local de la cadena Eddie’s Steak Shed en Granger, Indiana. Daba empleo a ciudadanos estadounidenses y atendía a los consumidores estadounidenses. No me imagino a alguno de los 1.470 signatarios, o a los economistas que aparecen en mi libro, considerando que su deportación mejoró a los Estados Unidos. Sin embargo, su deportación es consistente con la actual política de inmigración.
Los argumentos nunca deberían ser aceptados simplemente porque provienen de una autoridad. Los expertos a menudo pontifican sobre temas más allá de sus conocimientos. Cualquier argumento, entonces, debe prevalecer o derrumbarse por sus propios méritos. Como indica esta carta abierta, los políticos serían sabios si prestasen a los argumentos de los economistas, de todas las convicciones políticas, una mejor atención si es que desean crear una política inmigratoria que “haga grande a los Estados Unidos”.
Traducido por Gabriel Gasave
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