La píldora recetada del estado policial de Bush

El reciente plan de la Administración Bush para hacer del abuso de los medicamentos recetados un foco principal de la Estrategia Nacional del Control de Fármacos revela simplemente cuán entremetido el gobierno se ha vuelto en las decisiones médicas personales del pueblo estadounidense.

El plan incluye nuevas agencias estatales de vigilancia que monitoreen a los usuarios de medicamentos recetados para asegurarse que ellos no estén a la pesca de facultativos que sean proclives a prescribirles fácilmente productos farmacéuticos “innecesarios”—así como también una red de tecnología hormiga para buscar online compañías farmacéuticas que vendan ilegalmente medicamentos controlados.

La idea de un Gran Hermano espiando las visitas a su médico puede espantarlo. Pero esta no es la primera vez que tácticas de un estado policial han sido empleadas contra las elecciones sobre el cuidado de su salud de los pacientes para aplicar la versión gubernamental de la buena medicina. La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA son sus siglas en inglés), la agencia que decide el status legal de los medicamentos posee –literalmente- un historial de esgrimir sus grandes armas.

En 1987, más de dos docenas de agentes de la FDA y de Alguaciles de los EE.UU., en aplicación de regulaciones sobre las vitaminas, irrumpieron por la fuerza con un ariete en el edificio de oficinas de la Life Extension Foundation y apuntaron con armas a los empleados que se encontraban en el interior, y confiscaron medio millón de dólares en vitaminas, computadoras, mercadería, literatura, y efectos personales. Tras años de batallas legales y la admisión de parte de la FDA de numerosas acciones ilegales, incluyendo el falso testimonio del agente Martin Katz para obtener una orden de allanamiento, la agencia finalmente claudicó.

En mayo de 1993 agentes de la FDA invadieron el hogar de Kirwin Whitnah, apuntando sus armas contra una mujer que allí se encontraba, todo porque Whitnah promovía la venta de Deprenyl—un fármaco aprobado por la FDA y utilizado para reducir la degradación cerebral en pacientes con Parkinson—y la agencia consideraba a eso lo mismo que venderlo ilegalmente. Nada de Deprenyl fue encontrado y nadie fue acusado de un crimen, pero los agentes incluso confiscaron la computadora de Whitnah, los registros comerciales, las listas de direcciones de correo, y $4.500 en giros de dinero.

La FDA ha incluso aterrorizado a individuos con relación a alimentos para mascotas. Para hacer cumplir las regulaciones sobre las etiquetas en los alimentos para mascotas, un agente de la FDA en 1990 confiscó mercadería de Sissy McGill y clausuró su tienda, todo ello sin una orden judicial de allanamiento. El gobierno le colocó grilletes durante su juicio, la multó con $10.000, y la confinó a una prisión de máxima seguridad por casi seis meses, donde casi murió de un ataque cerebral. Una política interesante para una agencia que ostensiblemente protege la salud de los estadounidenses.

Hay docenas de historias similares de horror de la FDA. Pocas personas esperaban que estas terroríficas incursiones policiales se originaran en la regulación de la FDA de los productos farmacéuticos. No podemos predecir qué estremecedoras consecuencias no queridas manarán de un programa federal de vigilancia para espiarlo cuando concurra al médico.

Para justificar la necesidad de nuevas y extremas medidas contra el abuso de los medicamentos recetados, la Casa Blanca cita un estudio que muestra que los fármacos recetados, como un grupo, son más abusados que cualquier droga ilegal que no sea la marihuana. Esta comparación plantea algunos interrogantes.

Primero, ¿cómo define la FDA al “abuso”? La agencia declara a todo el empleo de la marihuana como “abuso” y como no-medicinal. También establece estándares sobre qué medicamentos recetados pueden ser utilizados, a los cuales los médicos comúnmente ignoran. Un estudio de la Oficina de la Contabilidad General halló que el 56 por ciento de los pacientes con cáncer reciben medicinas por motivos no aprobados. La FDA simplemente no puede mantenerse actualizada con la ciencia médica, y los médicos de los Estados Unidos encuentran que recetar medicamentos para usos “no autorizados” salva vidas. ¿Deberían los dictados de la FDA no hacerle caso a los millones de ciudadanos que votaron por legalizar a la marihuana para usos médicos, y a los miles de médicos que recetan medicinas de maneras políticamente incorrectas?

Segundo, considerando que miles de millones de dólares de los impuestos son anualmente gastados para encarcelar a decenas de miles de fumadores de marihuana—y no obstante ello más personas todavía “abusan” de esta sustancia totalmente prohibida que de todas los otros fármacos recetados combinados—¿podemos esperar que políticas aún más draconianas refrenen el “abuso” de los medicamentos recetados?

La historia de las incursiones de la FDA y de los fracasos en la política estadounidense sobre los medicamentos demuestra que las políticas gubernamentales sobre los fármacos recetados, llevadas al extremo, no son más sanas ni menos violentas que su guerra contra las drogas ilegales. La regulación de todos los fármacos—legales e ilegales—comienza con un proceso político defectuoso y descansa en última instancia en irrupciones policiales con armas. Expandir las facultades policíacas y de vigilancia para detener el “abuso” de drogas, sin importar la cuantía de la fuerza o del dinero empleados y el número de víctimas, fracasará probablemente tal como dichas medidas han fallado en detener el “abuso” de la marihuana.

Los EE.UU. deberían abandonar su fallidas políticas sobre las drogas, no expandirlas. El tratamiento medico debería ser un asunto personal, a ser decidido por los pacientes y los médicos. Las libertades y el dinero ahorrados serán por lejos mayores que cualquiera de los beneficios de la paternalista policía de la receta que Bush planea para enfermar a los dolientes y adictos de los Estados Unidos.

Traducido por Gabriel Gasave