Dos asuntos acaparan ahora el interés público en la mediterránea Bolivia: el problema de la nacionalización de los hidrocarburos y el funcionamiento de la Asamblea Constituyente que está reunida para redactar una nueva ley fundamental para el país. El tema de los hidrocarburos, al que ya aludí en artículos anteriores, espera su desenlace en las próximas semanas, y por ahora se centra en las discusiones que se llevan a cabo con los inversionistas extranjeros que están en Bolivia y en la destitución del ministro del ramo, una persona bien conocida por su poca inclinación a ceder. Pero lo que ocurre con la constituyente es, en realidad, el centro de las preocupaciones políticas de la mayoría de los bolivianos, el verdadero eje del debate de hoy, porque de él depende, en buena medida, la posibilidad de que Bolivia se convierta o no en una dictadura de corte populista.
La Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, aprobada por el congreso hace ya tiempo para definir sus características y su funcionamiento, establece claramente que todas las decisiones de ese cuerpo se tomarán “por los dos tercios” de sus integrantes. A Evo Morales no le pareció importante la limitación que esta disposición le imponía, confiado como estaba en que obtendría una mayoría aplastante en las elecciones de julio. Pero no fue así: como muy poco más de la mitad de los votos alcanzó a obtener una buena cifra de representantes, 142 sobre un total de 255, lo que le dio la mayoría simple pero no los dos tercios del mandato constituyente, que son 170 diputados, que hubiera necesitado para imponer sin problemas su voluntad.
Hasta aquí, pensará el lector, estamos ante circunstancias normales en toda democracia, en las que el voto popular está fragmentado entre diversas corrientes de opinión y se puede esperar que –mediante acuerdos que buscan el consenso- se llegue a decisiones aceptables para todos. Pero no, estamos hablando de Bolivia, donde una nueva dictadura está en ciernes y la mayoría, por exigua que sea, trata de imponer a toda la nación sus decisiones. La constituyente decidió -por mayoría simple, naturalmente- que sus acuerdos y, en definitiva, la nueva constitución, serían aprobados precisamente por una mayoría simple, la que ellos tienen en estos momentos.
Las consecuencias de este acto, profundamente ilegal, no pueden ser más graves para el país. Evo Morales, y su partido, el MAS (Movimiento al Socialismo), desean imponer a Bolivia una constitución como la venezolana, personalista, con una división de poderes débil y manipulable, centralista y hasta racista. Levantan la bandera de la opresión de los pueblos indígenas pero hacen, a la vez, odiosas distinciones, en un país donde la amplia mayoría de la población es en realidad mestiza y las culturas indígenas están profundamente imbricadas con la tradición occidental. Alentado por Chávez, y por el agonizante Fidel Castro, Morales intenta convertirse en otro más de los tantos dictadores que ha tenido la nación andina a lo largo de su historia.
Pero claro, nada de esto ha pasado desapercibido para la mayoría de los bolivianos, que ya han salido a la calle en estos meses para defender la libertad de la educación ante una nueva ley que imponía un férreo control estatal. Ahora, a la vista de lo que está ocurriendo con la constituyente, cuatro departamentos (estados) de los nueve que tiene Bolivia han realizado un imponente paro cívico y aumentan las manifestaciones de rechazo a la forma en que el MAS quiere aniquilar las minorías. Seis prefectos (gobernadores) y varios representantes cívicos han vuelto a manifestarse en contra de la manipulación de la Constituyente y a favor de la autonomía de los departamentos, por la que se ha manifestado abiertamente una buena parte del electorado nacional.
Lo que ocurre en Bolivia debería preocupar a los demócratas de todo el continente, porque es una expresión más de la ofensiva que los populistas radicales y autoritarios quieren para la América Latina. Lo que Chávez ha logrado en Venezuela manipulando elecciones y con una constitución que todo le permite, es una virtual dictadura donde tiene asegurada la presidencia de modo casi vitalicio. Lo mismo puede ocurrir en Bolivia ahora, y pudo haber pasado si los electorados de Perú, México y otras naciones, no hubiera respondido con madurez ante esta nueva amenaza.
La democracia liberal no es, como algunos piensan, el reinado absoluto de las mayorías, sino un régimen en que se usa la regla de la mayoría pero se respetan a plenitud las opiniones y los derechos de las minorías. Si las elecciones se usan para elegir caudillos que luego ejercen su poder personal de un modo arbitrario y sin límites, estamos ante una caricatura de la democracia, ante un régimen dictatorial y autoritario que poco tiene de democrático y nada de liberal. Pero lamentablemente esto es lo que está ocurriendo ahora en la región y lo que puede suceder todavía en algunos países (como Ecuador o Nicaragua) si no se toma conciencia del peligro que corremos.
La tiranía de las mayorías
Dos asuntos acaparan ahora el interés público en la mediterránea Bolivia: el problema de la nacionalización de los hidrocarburos y el funcionamiento de la Asamblea Constituyente que está reunida para redactar una nueva ley fundamental para el país. El tema de los hidrocarburos, al que ya aludí en artículos anteriores, espera su desenlace en las próximas semanas, y por ahora se centra en las discusiones que se llevan a cabo con los inversionistas extranjeros que están en Bolivia y en la destitución del ministro del ramo, una persona bien conocida por su poca inclinación a ceder. Pero lo que ocurre con la constituyente es, en realidad, el centro de las preocupaciones políticas de la mayoría de los bolivianos, el verdadero eje del debate de hoy, porque de él depende, en buena medida, la posibilidad de que Bolivia se convierta o no en una dictadura de corte populista.
La Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, aprobada por el congreso hace ya tiempo para definir sus características y su funcionamiento, establece claramente que todas las decisiones de ese cuerpo se tomarán “por los dos tercios” de sus integrantes. A Evo Morales no le pareció importante la limitación que esta disposición le imponía, confiado como estaba en que obtendría una mayoría aplastante en las elecciones de julio. Pero no fue así: como muy poco más de la mitad de los votos alcanzó a obtener una buena cifra de representantes, 142 sobre un total de 255, lo que le dio la mayoría simple pero no los dos tercios del mandato constituyente, que son 170 diputados, que hubiera necesitado para imponer sin problemas su voluntad.
Hasta aquí, pensará el lector, estamos ante circunstancias normales en toda democracia, en las que el voto popular está fragmentado entre diversas corrientes de opinión y se puede esperar que –mediante acuerdos que buscan el consenso- se llegue a decisiones aceptables para todos. Pero no, estamos hablando de Bolivia, donde una nueva dictadura está en ciernes y la mayoría, por exigua que sea, trata de imponer a toda la nación sus decisiones. La constituyente decidió -por mayoría simple, naturalmente- que sus acuerdos y, en definitiva, la nueva constitución, serían aprobados precisamente por una mayoría simple, la que ellos tienen en estos momentos.
Las consecuencias de este acto, profundamente ilegal, no pueden ser más graves para el país. Evo Morales, y su partido, el MAS (Movimiento al Socialismo), desean imponer a Bolivia una constitución como la venezolana, personalista, con una división de poderes débil y manipulable, centralista y hasta racista. Levantan la bandera de la opresión de los pueblos indígenas pero hacen, a la vez, odiosas distinciones, en un país donde la amplia mayoría de la población es en realidad mestiza y las culturas indígenas están profundamente imbricadas con la tradición occidental. Alentado por Chávez, y por el agonizante Fidel Castro, Morales intenta convertirse en otro más de los tantos dictadores que ha tenido la nación andina a lo largo de su historia.
Pero claro, nada de esto ha pasado desapercibido para la mayoría de los bolivianos, que ya han salido a la calle en estos meses para defender la libertad de la educación ante una nueva ley que imponía un férreo control estatal. Ahora, a la vista de lo que está ocurriendo con la constituyente, cuatro departamentos (estados) de los nueve que tiene Bolivia han realizado un imponente paro cívico y aumentan las manifestaciones de rechazo a la forma en que el MAS quiere aniquilar las minorías. Seis prefectos (gobernadores) y varios representantes cívicos han vuelto a manifestarse en contra de la manipulación de la Constituyente y a favor de la autonomía de los departamentos, por la que se ha manifestado abiertamente una buena parte del electorado nacional.
Lo que ocurre en Bolivia debería preocupar a los demócratas de todo el continente, porque es una expresión más de la ofensiva que los populistas radicales y autoritarios quieren para la América Latina. Lo que Chávez ha logrado en Venezuela manipulando elecciones y con una constitución que todo le permite, es una virtual dictadura donde tiene asegurada la presidencia de modo casi vitalicio. Lo mismo puede ocurrir en Bolivia ahora, y pudo haber pasado si los electorados de Perú, México y otras naciones, no hubiera respondido con madurez ante esta nueva amenaza.
La democracia liberal no es, como algunos piensan, el reinado absoluto de las mayorías, sino un régimen en que se usa la regla de la mayoría pero se respetan a plenitud las opiniones y los derechos de las minorías. Si las elecciones se usan para elegir caudillos que luego ejercen su poder personal de un modo arbitrario y sin límites, estamos ante una caricatura de la democracia, ante un régimen dictatorial y autoritario que poco tiene de democrático y nada de liberal. Pero lamentablemente esto es lo que está ocurriendo ahora en la región y lo que puede suceder todavía en algunos países (como Ecuador o Nicaragua) si no se toma conciencia del peligro que corremos.
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