Las familias pagan el precio del gasto gubernamental

La familia moderna de dos ingresos no se encuentra mejor que la familia de un ingreso de varias décadas atrás. De hecho, las finanzas familiares están más próximas que nunca al desastre. Así lo afirman Elizabeth Warren y Amelia Warren Tyagi en su polémico libro, “The Two-Income Trap: Why Middle-Class Mothers and Fathers Are Going Broke.” (“La trampa de los Dos Ingresos: ¿Por qué las Madres y los Padres de la Clase Media Están Por Quebrar.”)

Pero ellas omiten una razón fundamental por la cual están luchando las familias: el tamaño del gobierno y el gasto gubernamental crecientes.

Básicamente, ellas sostienen que el costo de aquello que es esencial—vivienda, educación, seguro médico—se ha incrementado más rápidamente que los salarios, y ofrecen evidencia de peso. La Oficina de Estadísticas Laborales encuentra que las familias en 2000 gastaron un 44 por ciento menos en aparatos electrodomésticos que las familias en 1973; un 22 por ciento menos en alimentos; un 21 por ciento menos en vestimenta. Es razonable concluir o, al menos, sospechar fuertemente que el ingreso discrecional ha disminuido. Otra evidencia apoya esa conclusión: más de 1.6 millones de bancarrotas se presentaron el pasado año, más del 7.4 por ciento que el año anterior.

El libro, sin embargo, presta poca consideración a otros factores del empobrecimiento, tales como las altísimas alícuotas tributarias y la proliferación de los cánones y multas gubernamentales, al igual que a la creciente carga de reglamentos bajo las cuales las empresas deben luchar para seguir siendo rentables.

El libro, el cual emplea información anterior al 11 de septiembre, no refleja el costo de la guerra en Irak. En cambio, destaca el costo de los programas sociales instituidos en nombre de la corrección política, muchos de los cuales se atrincheraron durante la administración Clinton.

Esa ingeniería social incluye a la industria del abuso infantil y a la industria del acoso sexual. Los críticos se refieren a ellas como “industrias” debido a que sus políticas de aplicación de la ley han establecido burocracias infladas y costosas que sorben en el bebedero público. El costo para las familias que tributan es inmenso.

Considérese un pequeño ejemplo de apenas una burocracia. En 1997, la Ley de Adopción y Familias Seguras (ASFA según su sigla en inglés) promovió una nueva política de adopción para reducir el número de niños desamparados en el cuidado adoptivo—a un altísimo record como resultado de ser “arrancados” de sus padres bajo definiciones de “abuso” cada vez más amplias. En un informe de prensa, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. declaraba como su objetivo “duplicar para 2002 el número de niños en cuidado adoptivo que sean adoptados o de otra manera ubicados de manera permanente.”

Un incentivo financiero fue ofrecido. La ASFA (Sección 201) indica que “$4.000 a $6.000” serán otorgados por cada niño adoptado más allá del “número base” del estado. La misma proporciona también “asistencia técnica” para ayudar a los estados a subir esos números. Así la ASFA creó su propia mini-burocracia dentro de la industria más masiva del abuso infantil con un incentivo para remover a los niños de sus familias.

Aquellos cuyos salarios y prestigio derivan de una burocracia tienen un incentivo incorporado para continuar a esa burocracia. La agencia puede ser incompetente o infligir daño pero su tendencia será la de continuar y crecer.

La ayuda impositiva directa rendida a la ingeniería social es solamente el costo más visible. Los costos ocultos son tanto más significativos.

Considérense los costos ocultos impuestos sobre el lugar de trabajo, y por lo tanto sobre la familia, por la industria del acoso sexual. Los mismos incluyen: a la burocracia y a los litigios que vuelven a las empresas menos rentables—menos proclives a contratar y más propensas a subir los precios; empresas marginales que se derrumban debido a la tensión de cumplimentar los requisitos gubernamentales; empleados menos productivos quienes son contratados o promovidos en virtud del género, disminuyendo así la productividad general de la sociedad.

La feminista iconoclasta Daphne Patai efectuó una crónica sobre el costo oculto de la industria del acoso sexual para la academia en su libro “Heterofhobia: Sexual Harassment and the Future of Feminism” (“Heterofobia: El Acoso Sexual y el Futuro del Feminismo.”) Nuevamente, apenas un pequeño ejemplo: la escuela en la cual ella enseña, la University of Massachussets en Amherst, pagaba de $1.250 a $1.800 por día por entrenador para un curso sobre la prevención del acoso sexual. La universidad pagó $10.000 adicionales por gastos tales como viaje, hoteles y comidas. El curso era simplemente un aspecto de un programa de acoso sexual más amplio en meramente una universidad. Las familias afrontaron el embate no solamente en impuestos sino también en aranceles educativos crecientes.

Existe un palpable y creciente temor económico entre la clase media. Algunos culpan al endeudamiento familiar por sus propias aflicciones financieras. Un nuevo término se ha incorporado al diálogo norteamericano. La affluenza es definida primariamente como “la exagerada, indolente e incumplida sensación que resulta de los esfuerzos de mantenerse al nivel de la familia Jones.”

Pero la mayoría de las personas que conozco no están compitiendo con sus vecinos. Están luchando para pagar una hipoteca, para proveer a la educación de sus hijos, haciendo malabares con dos trabajos, y cuidando de un progenitor anciano… Las estadísticas respaldan esta observación anecdótica.

De acuerdo con un reciente sondeo “Retail Rituals: Women’s Changing Attitudes Toward Shopping” (“Rituales Minoristas: Las Cambiantes Actitudes de las Mujeres Al Comprar”), el 60 por ciento de las mujeres han alterado radicalmente la forma en que efectúan sus compras durante los dos pasados años. Investigadores en la St. Louis University y en la Louisiana State University consultaron a 753 mujeres y encontraron que un 30 por ciento ve en la actualidad al comprar como una obligación antes que un placer; un 33 por ciento exige al menos un descuento de la mitad antes de buscar una tienda específica; y, un 18 por ciento dice que su comportamiento más conservador se debe al temor económico.

Es desatinado culpar a las familias por su propia victimización. Es hora de eliminar la ingeniería social de la pila de “cuentas atrasadas” que las familias deben pagar. Incluso si las familias pudiesen solventar a las burocracias que surgieron durante la jarana emborrachada del gasto de las recientes décadas, los niños de hoy no pueden hacerlo.

Traducido por Gabriel Gasave