Los controles de precios y el gasto público no solucionarán la inflación

Los Estados Unidos experimentaron el año pasado su mayor tasa de inflación en casi 40 años. No es de extrañar que el público espere que el gobierno haga algo para controlar la inflación. Si los políticos esperan conseguirlo, tendrán que abordar las causas profundas de la inflación y no disimular sus síntomas.

La tasa de inflación del año pasado del 6,8% fue la más alta desde 1982. El 72% de los estadounidenses, según una encuesta de la CNN realizada a mediados de diciembre, opina que el gobierno está haciendo muy poco para reducirla.

Algunos, como la profesora de economía de la Universidad de Massachusetts, Isabella Weber, están actualmente proponiendo controles de precios impuestos por el gobierno.

Como demostraron Robert Schuettinger y Eamonn Butler en su libro de 1979, 4000 años de controles de precios y salarios, los controles de precios han sido impuestos a lo largo de la historia del mundo, y siempre han fracasado. Son una idea tan mala que el economista de izquierdas y premio Nobel Paul Krugman calificó el argumento de Weber de «verdaderamente estúpido» antes de disculparse por su tono grosero.

Pero la reacción inicial de Krugman fue acertada. El aumento de los precios es un síntoma de un problema subyacente, no el problema en sí. La utilización del poder gubernamental para limitar lo incrementos de los precios será tan bueno a largo plazo como intentar detener el calentamiento global impidiendo que los termómetros registren temperaturas más altas.

También es importante que los responsables políticos reconozcan que, aunque la tasa de inflación es una medida agregada, no todos los precios suben por igual. Cada precio individual, de la carne vacuna y las aves de corral, la gasolina, los leños y la madera terciada, los automóviles nuevos, etc., transmite información sobre la escasez relativa de específicos bienes o servicios. Estas señales de los precios incentivan a los consumidores a cambiar a bienes relativamente menos escasos (y, por tanto, menos costosos), al tiempo que incentivan a los empresarios y productores a encontrar modos más eficientes de producir los bienes buscados o a hallar alternativas deseables. Los controles de precios impiden estos ajustes del mercado, provocando escasez y excedentes innecesarios y disuadiendo la innovación.

Los controles salariales y de precios del presidente Richard Nixon en la década de 1970 provocaron escasez y no hicieron nada para frenar la inflación, que persiguió tanto a su sucesor inmediato, Gerald Ford, como al sucesor del presidente Ford, Jimmy Carter. La misma política no conduciría a un resultado diferente hoy en día.

La inflación en el fondo es causada por un exceso de dinero que persigue muy pocos bienes y servicios. No es difícil ver cómo los Estados Unidos llegaron a esta situación inflacionaria durante la pandemia de COVID-19. Por el lado del dinero, el gobierno federal inyectó más de 6 billones de dólares (trillones en inglés) en la economía, mientras la Reserva Federal se acomodaba con tasas de interés históricamente bajas, fomentando aún más el gasto con dinero prestado. Mientras tanto, del lado de los bienes y servicios, la producción se vio obstaculizada por las ordenes de confinamiento y otras interrupciones relacionadas con la pandemia, tanto en el país como en nuestras cadenas de abastecimiento en el exterior.

Para frenar la inflación es necesario frenar el estímulo monetario y al mismo tiempo incrementar la producción económica. La Reserva Federal ha señalado una política monetaria más estricta para 2022 y parece que el proyecto de ley de gasto «Build Back Better» («Reconstruir Mejor») del presidente Joe Biden de 5 billones de dólares (trillones en inglés) se encuentra atascado en un cuello de botella político. Esto debería frenar el crecimiento del lado del dinero de la ecuación y enfriar un poco la demanda.

Pero, ¿qué pueden hacer los políticos para impulsar la producción, lo que también ayudaría a enfriar la inflación? La respuesta: dejar de aplicar políticas que desincentiven la producción de los bienes y servicios necesarios.

Por ejemplo, dado que los problemas de la cadena de abastecimiento están limitando tanto la producción estadounidense como el acceso a los bienes importados, Washington podría derogar (o suspender mediante una orden ejecutiva) la anticuada Ley de la Marina Mercante de 1920, más conocida como la Ley Jones. Esta ley proteccionista impide que barcos extranjeros realicen escalas en múltiples puertos de los EE.UU. al exigir que los buques de carga que naveguen entre puertos estadounidenses sean de fabricación nacional y propiedad de ciudadanos estadounidenses y estén tripulados por ellos. La eliminación de estas restricciones ayudaría a aliviar los problemas de la cadena de abastecimiento a corto plazo, al tiempo que reduciría los costos en general y mejoraría la productividad a largo plazo.

Las políticas gubernamentales también han contribuido significativamente a los grandes aumentos de los costes de la energía y la vivienda.

Con un galón de gasolina regular sin plomo costando más de 3,30 dólares a nivel nacional el 7 de diciembre, según la AAA, y que probablemente suba más, el presidente Biden podría (y debería) revertir las restricciones que impuso a la producción nacional de petróleo y gas poco después de asumir el cargo.

Como documentamos un colega y yo en nuestro libro Housing America: Building Out of a Crisis, el gobierno también tiene una importante responsabilidad en el elevado costo de la vivienda. Las restricciones de zonificación estatales y locales, los códigos de construcción, las regulaciones de permisos y la burocracia limitan la edificación y aumentan los precios.

La inflación no es un fenómeno natural. Es generada en gran medida a través de la acción o inacción humana.

Aunque no conozcan todos los detalles, los ciudadanos son conscientes de ello. Ahora desean que los políticos deshagan el entuerto que han generado.

Traducido por Gabriel Gasave