Sin duda habrán visto las inquietantes imágenes procedentes de Perú. Manifestantes violentos han incendiado edificios gubernamentales, obligado a cerrar aeropuertos, secuestrado a policías, atacado las oficinas de medios de comunicación, saqueado tiendas, invadido fábricas y bloqueado carreteras y rutas de acceso a centros de distribución de alimentos. Al menos siete personas han muerto y cientos han resultado heridas.
Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido han expresado su apoyo a Dina Boluarte, la primera mujer presidenta de Perú, y han pedido que se ponga fin al pandemónium. La Sra. Boluarte ha declarado el estado de emergencia, pero no está claro si esto bastará para contener la violencia bien organizada.
La Sra. Boluarte, ex vicepresidenta, asumió el cargo después de que Pedro Castillo, su predecesor, fuera destituido por el Congreso peruano y removido de su cargo tras un intento de «autogolpe» a principios de este mes que habría convertido a Perú en una dictadura. Ha sido detenido y está siendo investigado.
Contrariamente a la narrativa que se encuentra propalando la extrema izquierda peruana, con la ayuda de los gobiernos populistas de izquierda de México, Colombia, Argentina y Bolivia, el Sr. Castillo no es una víctima. Castillo intentó destruir las instituciones democráticas de Perú disolviendo el Congreso y el poder judicial y gobernando por decreto. Ordenó la detención de los fiscales que lo estaban investigando. Y su convocatoria a una asamblea constituyente para reescribir la Constitución tenía un único propósito: incrementar su poder y reducir el de cualquiera que pudiera desafiarle.
Todas las medidas eran ilegales, reminiscencia del trágico pasado de Perú, cuando una sucesión de golpes de Estado y autogolpes impidió que arraigara el Estado de Derecho. Por suerte para el país, este intento más reciente fracasó.
Antiguo funcionario del sindicato de docentes cercano al MOVADEF -una fachada de Sendero Luminoso, la organización terrorista maoísta-, el Sr. Castillo se presentó a las elecciones presidenciales de 2021 como candidato del mal llamado partido Perú Libre, otro grupo marxista-leninista.
Su campaña giró en torno a la promesa de reescribir la Constitución. Aunque ganó por muy poco, su promesa de rehacer la Constitución infundió temor a millones de peruanos, y no sólo a los que apoyaban a su oponente, Keiko Fujimori, hija de otro expresidente.
El temor estaba justificado porque otros países latinoamericanos han seguido el mismo camino, por el que populistas de extrema izquierda acceden al poder mediante medios electorales legítimos para luego desmantelar las instituciones políticas democráticas y el sistema legal del país y concentrar el poder permanente en sus propias manos.
Según la legislación vigente, la Constitución peruana sólo puede ser reformada por el Congreso, donde Castillo y sus aliados no obtuvieron mayoría. Una vez en el poder, buscó formas de sortear este impedimento, mientras Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, estaba ocupado ubicando a sus peones en puestos clave de todo el país.
Durante su mandato de un año y medio, el Sr. Castillo se vio implicado en más escándalos de corrupción que muchos de sus corruptos predecesores en cinco años. Pero logró evitar el juicio político, en parte porque sobornó a varios miembros del Congreso.
Entonces, la fiscal general de Perú presentó cargos de corrupción contra él, por primera vez para un presidente en ejercicio, y su popularidad cayó en picada. A principios de este mes decidió dar un golpe de Estado, esperando el apoyo de las fuerzas armadas. Calculó mal. El ejército y la policía se negaron a obedecer, lo que condujo a su detención.
Los tribunales han determinado que permanezca en prisión preventiva mientras se le investiga.
La crisis ha desencadenado acciones violentas de extremistas, sobre todo en el sur, con autócratas y aspirantes a autócratas latinoamericanos, incluidos los cuatro gobiernos antes mencionados, así como Venezuela y Cuba, atizando el fuego desde el exterior.
Hablando con mis numerosos contactos en toda la región, está claro que la izquierda latina ha sufrido un importante revés en un país sudamericano clave, y lo saben. Su respuesta ha sido interferir descaradamente en los asuntos de Perú del lado de un corrupto aspirante a dictador.
Es la hora de la verdad para la democracia liberal de Perú, ahora un escenario de batalla clave en América Latina. Si los populistas autoritarios logran su cometido, habrán ganado un importante aliado; si no lo consiguen, la democracia sobreviviente de Perú podría inspirar una oleada de movimientos antipopulistas deseosos de revertir una peligrosa tendencia que ha colocado a la región en la senda de la dictadura y la miseria económica.
Traducido por Gabriel Gasave
Momento decisivo en Perú: Su Gobierno impidió con acierto un golpe de Estado
Mayimbú / Wikimedia Commons
Sin duda habrán visto las inquietantes imágenes procedentes de Perú. Manifestantes violentos han incendiado edificios gubernamentales, obligado a cerrar aeropuertos, secuestrado a policías, atacado las oficinas de medios de comunicación, saqueado tiendas, invadido fábricas y bloqueado carreteras y rutas de acceso a centros de distribución de alimentos. Al menos siete personas han muerto y cientos han resultado heridas.
Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido han expresado su apoyo a Dina Boluarte, la primera mujer presidenta de Perú, y han pedido que se ponga fin al pandemónium. La Sra. Boluarte ha declarado el estado de emergencia, pero no está claro si esto bastará para contener la violencia bien organizada.
La Sra. Boluarte, ex vicepresidenta, asumió el cargo después de que Pedro Castillo, su predecesor, fuera destituido por el Congreso peruano y removido de su cargo tras un intento de «autogolpe» a principios de este mes que habría convertido a Perú en una dictadura. Ha sido detenido y está siendo investigado.
Contrariamente a la narrativa que se encuentra propalando la extrema izquierda peruana, con la ayuda de los gobiernos populistas de izquierda de México, Colombia, Argentina y Bolivia, el Sr. Castillo no es una víctima. Castillo intentó destruir las instituciones democráticas de Perú disolviendo el Congreso y el poder judicial y gobernando por decreto. Ordenó la detención de los fiscales que lo estaban investigando. Y su convocatoria a una asamblea constituyente para reescribir la Constitución tenía un único propósito: incrementar su poder y reducir el de cualquiera que pudiera desafiarle.
Todas las medidas eran ilegales, reminiscencia del trágico pasado de Perú, cuando una sucesión de golpes de Estado y autogolpes impidió que arraigara el Estado de Derecho. Por suerte para el país, este intento más reciente fracasó.
Antiguo funcionario del sindicato de docentes cercano al MOVADEF -una fachada de Sendero Luminoso, la organización terrorista maoísta-, el Sr. Castillo se presentó a las elecciones presidenciales de 2021 como candidato del mal llamado partido Perú Libre, otro grupo marxista-leninista.
Su campaña giró en torno a la promesa de reescribir la Constitución. Aunque ganó por muy poco, su promesa de rehacer la Constitución infundió temor a millones de peruanos, y no sólo a los que apoyaban a su oponente, Keiko Fujimori, hija de otro expresidente.
El temor estaba justificado porque otros países latinoamericanos han seguido el mismo camino, por el que populistas de extrema izquierda acceden al poder mediante medios electorales legítimos para luego desmantelar las instituciones políticas democráticas y el sistema legal del país y concentrar el poder permanente en sus propias manos.
Según la legislación vigente, la Constitución peruana sólo puede ser reformada por el Congreso, donde Castillo y sus aliados no obtuvieron mayoría. Una vez en el poder, buscó formas de sortear este impedimento, mientras Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, estaba ocupado ubicando a sus peones en puestos clave de todo el país.
Durante su mandato de un año y medio, el Sr. Castillo se vio implicado en más escándalos de corrupción que muchos de sus corruptos predecesores en cinco años. Pero logró evitar el juicio político, en parte porque sobornó a varios miembros del Congreso.
Entonces, la fiscal general de Perú presentó cargos de corrupción contra él, por primera vez para un presidente en ejercicio, y su popularidad cayó en picada. A principios de este mes decidió dar un golpe de Estado, esperando el apoyo de las fuerzas armadas. Calculó mal. El ejército y la policía se negaron a obedecer, lo que condujo a su detención.
Los tribunales han determinado que permanezca en prisión preventiva mientras se le investiga.
La crisis ha desencadenado acciones violentas de extremistas, sobre todo en el sur, con autócratas y aspirantes a autócratas latinoamericanos, incluidos los cuatro gobiernos antes mencionados, así como Venezuela y Cuba, atizando el fuego desde el exterior.
Hablando con mis numerosos contactos en toda la región, está claro que la izquierda latina ha sufrido un importante revés en un país sudamericano clave, y lo saben. Su respuesta ha sido interferir descaradamente en los asuntos de Perú del lado de un corrupto aspirante a dictador.
Es la hora de la verdad para la democracia liberal de Perú, ahora un escenario de batalla clave en América Latina. Si los populistas autoritarios logran su cometido, habrán ganado un importante aliado; si no lo consiguen, la democracia sobreviviente de Perú podría inspirar una oleada de movimientos antipopulistas deseosos de revertir una peligrosa tendencia que ha colocado a la región en la senda de la dictadura y la miseria económica.
Traducido por Gabriel Gasave
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