Removamos los incentivos legales que permiten mentir

Bill Cosby es el último de los iconos culturales que enfrenta acusaciones de mala conducta sexual altamente publicitadas y no probadas.

En verdad, los cargos policiales no han sido iniciados. Sea lo que fuese que se pruebe como cierto acerca de la conducta de Cosby, el escándalo emergente plantea una vez más interrogantes respecto de cómo debería la sociedad lidiar con esta clase de acusaciones.

¿Qué puede hacerse acerca de la creciente percepción de que las acusaciones falsas-especialmente por parte de mujeres-son comunes en cuestiones de divorcio, de manutención de los hijos, y en los casos de abuso sexual que derivan en poco más que historias que compiten?

Las falsas acusaciones que atrapan la atención están usualmente conectadas al abuso sexual y a las celebridades. Por ejemplo, un titular de la semana pasada expresaba: «H.S. Coach Concedió $4,5 Millones por Falsa Acusación en Causa de Sexo: Ningún Cargo Fue Jamás Incoado Contra Patrick Gillan.»

No obstante, la fotografía de Gillan fue exhibida en la TV y en varios periódicos, junto con la acusación. Otro titular destacaba: «La Mujer que Acusó al Esposo de Celine Dion de Violación Va a Prisión.» El artículo seguía explicando: «Una mujer que intentó extorsionar por millones de dólares… ha sido sentenciada a cinco años de prisión.»

Pero las falsas acusaciones que impactan sobre la mayoría de los individuos son más usuales. Las mismas, por lo general, tienen lugar en el proceso de divorcio, en batallas sobre la custodia de los hijos o sobre la manutención de los mismos. Durante años, los defensores de los derechos de los padres han acusado a los tribunales de familia de ser «anti-varones» y de aprobar maquinalmente los reclamos de las mujeres. Y, a juzgar por el creciente interés en conceptos como el de custodia compartida, sus voces están siendo escuchadas.

Desdichadamente, los titulares sensacionalistas junto con la desilusión de los hombres, están creando una especie de reacción antagónica contra las mujeres que llevan a cabo cualquier tipo de acusaciones-verdaderas o falsa. Esa reacción debiera estar dirigida contra el propio sistema legal por ofrecer incentivos para mentir.

La circunstancia de que los individuos mienten-no tan sólo las mujeres, sino la gente-ha sido reconocida durante muchos siglos. No es ninguna coincidencia de que el Noveno Mandamiento sea el de «no darás testimonio falso contra tu prójimo»; la escritura se encuentra ampliamente interpretada como para referirse al testimonio vertido bajo juramento ante un tribunal.

La naturaleza humana no ha cambiado, y un sistema legal responsable debe promover la honestidad. Por ejemplo, el sistema puede exigir un juramento en el tribunal penal y aplicar sanciones por perjurio. Para que sean eficaces, estas salvaguardias tienen que ser aplicadas por igual sobre ambos sexos y a todas las razas. En la actualidad, la aplicación de tales salvaguardias se ha vuelto algo sumamente importante para las mujeres si es que ellas desean que sus acusaciones legítimas sean tomadas seriamente en el futuro.

Los antiguos hebreos empleaban un estándar aún más severo. Aquellos que brindaban falso testimonio ante un tribunal eran responsables por cualquier castigo que se le hubiese aplicado al acusado, incluida la muerte.

Afortunadamente, las falsas acusaciones pueden ser minimizadas sin tomar medidas draconianas. La solución más simple es la de remover del sistema legal los incentivos para mentir. En muchos casos, removiendo el incentivo eliminará los juicios sensacionalistas con oscuros escenarios de «él dijo /ella dijo.»

Por lo general, tanto el incentivo como la mentira se encuentran bien definidos. Por ejemplo, considérense los reclamos por paternidad que son probados como falsos. Dichos reclamos casi nunca resultan en sanciones legales contra una madre que ha mentido a sabiendas. En verdad, ella puede continuar percibiendo la cuota alimentaria infantil después de que la falsedad sea revelada. Esto se debe a que muchos estados exigen a los padres «mencionados» como tales, que paguen los alimentos, incluso cuando las pruebas de ADN demuestran que no tienen ninguna relación biológica con los niños.

La situación puede estar cambiando en el futuro cercano.

El Washington Times informó acerca de una situación en California que establece un precedente en la materia, donde el pronunciamiento de un tribunal en junio pasado y una ley que entró en vigencia el 1 de enero permiten en la actualidad que las obligaciones alimentarias existentes sean suprimidas por parte de aquellos hombres que puedan probar no ser los padres biológicos.

Un abogado de California, Marc Angelucci, se encuentra presionando para establecer otro precedente. Ha incoado una demanda por ante un tribunal civil procurando la restitución de parte de la madre y de los funcionarios del condado de Los Angeles de las cuotas alimentarias que su cliente fue obligado a pagar por un niño que no era suyo. Su cliente es Taron James, fundador de la organización Veterans Against Paternity Fraud; la siguiente reunión del tribunal sobre el caso tuvo lugar el 25 de enero.

Esta es un área ideal para que los tribunales eliminen un incentivo para mentir al remover el premio por hacerlo y al aplicar sanciones contra el fraude. Las causas que atrapan a los medios pueden presentar a las falsas acusaciones como un problema social, pero es en el andar cotidiano de la administración de justicia que la solución emergerá.

Existen otras soluciones a efectos de remover el incentivo para mentir. Mencionamos al menos a dos de ellas demasiado brevemente:

• Exigir que los cargos criminales, como los de abuso sexual, sean probados más allá de una duda razonable en un tribunal penal antes de que los mismos puedan proceder bajo más laxos estándares de evidencia (y de honestidad) dentro de los tribunales civiles. Esto removería el incentivo financiero de un premio concedido por un tribunal civil.
• Dejar de aplicar las leyes anti-SLAPP (Sigla con la que se conoce a las leyes sobre «Strategic Lawsuits Against Public Participation» es decir “Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública”) para probar los casos de falsa acusaciones. Las leyes anti-SLAPP fueron sancionadas para evitar que las grandes empresas demandasen de manera maliciosa y, de esa forma, silenciaran a los ciudadanos privados, y a los activistas populares. La misma prohíbe dichas demandas.

En algunas áreas, como en Massachusetts, la ley ha sido aplicada para inmunizar a los trabajadores sociales y a las madres que procuran la custodia, de las consecuencias de su mala conducta. Esto distorsiona a la intención de la ley anti-SLAPP. La misma está siendo utilizada literalmente por aquellos en el poder contra «el hombre de la calle.»

A medida que las jugosas acusaciones fluyen hacia los noticiarios, el fastidioso escepticismo con el cual vemos tanto al acusado como a los acusadores probablemente aumentará. El cinismo es una no-solución fácil. Aquellos que desean resolver el problema de las acusaciones falsas se arremangarán y comenzarán a hacer retroceder a los incentivos legales que recompensan la mentira y denigran a la justicia.

Traducido por Gabriel Gasave