Resistamos otorgarle al FBI más autoridad en el ciberespacio

El reciente alboroto de los ataques por parte de piratas informáticos-o hackers, como se los denomina en inglés- contra los sitios preferidos en Internet de los Estados Unidos han estimulado a antiguos y a actuales funcionarios del FBI a quejarse de que esa dependencia ha estado paralizada en sus esfuerzos por combatir al delito informático. Según el Washington Post, el ex agente del FBI John Guido se lamentó que la oficina no pueda igualar a los ciber truhanes. «La aplicación de la ley se encuentra detrás de la curva . . . La tecnología se encuentra justo delante nuestro.»

Otros informes noticiosos han confirmado que el FBI está perdiendo la batalla contra los hackers. Solamente el 1,5 por ciento de los agentes del FBI se encuentra entrenado para solucionar delitos informáticos. La economía floreciente y los salarios más elevados en el mundo comercial obstaculizan los esfuerzos de la oficina por contratar y retener a especialistas informáticos calificados.

Por supuesto, tales argumentos ayudan al FBI a promover las metas de cualquier burocracia–obtener más personal y recursos. También, la burocracia del FBI emplea a dichos crímenes altamente visibles para impulsar un aumento de sus facultades en materia de hacer cumplir la ley. Hay rumores sobre que la oficina podría procurar más largas condenas a prisión para los atacantes informáticos. Más importante aún, el director del FBI Louis Freeh está presionando al Congreso para volver a las redes telefónicas y de computación más compatibles con las escuchas telefónicas. El propuesto aumento en las escuchas debería levantar una bandera roja sobre la erosión de las libertades civiles constitucionales y el cuestionamiento de si el gobierno federal debiera ser la primera línea de defensa contra los hackers informáticos. El incremento de las escuchas telefónicas no satisfará a una industria de la computación que ya sospecha de la aplicación de la ley federal y es renuente a cooperar con las autoridades federales por miedo a perder secretos comerciales.

Cada vez que una «crisis» acontece, surge la presión para que el gobierno federal amplíe sus actividades para hacer algo respecto del problema. El gobierno necesita exhibir una respuesta al problema– incluso si sus esfuerzos tienen un mínimo efecto o son contraproducentes. El virus Melissa, el problema del año 2000 (Y2K como se lo conoce en inglés) y ahora el ataque de los hackers a los sitios prominentes de Internet poseen todos una intensificada presión por una respuesta federal. Respondiendo a esa presión, el Presidente Clinton se reunirá con los más prominentes expertos de la seguridad informática del país y los ejecutivos del área de la tecnología para hablar sobre el problema de los hackers y sobre su petición de un presupuesto de 2 mil millones (billones en inglés) para salvaguardar a las redes informáticas de la nación.

No obstante ello, las recientes actividades de los piratas informáticos difícilmente puedan ser calificadas como una crisis nacional. Los ataques de los hackers no fueron una amenaza a la seguridad nacional y tuvieron un efecto económico pequeño. Una estimación destacó que cerca de $100 millones en negocios se perdieron por la sobrecarga por parte de los hackers de los sitios de Internet con mensajes basura y otros $100 millones serán gastados en incrementar la seguridad informática. (El Fiscal General Interino Eric Holder estimó a las pérdidas del comercio y los gastos en las medidas para responder al ataque en solamente «decenas de millones de dólares o más.») La pérdida más grande–mil millones de dólares (billón en inglés)-tuvo lugar bajo la forma de precios más bajos de las acciones de las compañías de Internet atacadas. Pero esos precios de las acciones ya se encuentran rebotando. En el peor de los casos, los $1200 millones de daño total pueden parecer mucho; pero en una economía estadounidense de casi $9 billones (trillion en inglés), la suma es un vuelto insignificante.

La aplicación federal de la ley no debería utilizar el problema de los ataques informáticos–respecto de los cuales la industria de la computación tiene amplios incentivos para contragolpear–como una excusa para expandir sus actividades. La posibilidad de perder negocios y, por lo tanto, ganancias, estimulará a la industria a tomar medidas–en el corto y en el largo plazo–a fin de defenderse contra tales ataques. En el corto plazo, la industria puede utilizar filtros (para filtrar los mensajes basura) e incrementar el ancho de banda (capacidad) para contrarrestar el intento de cualquier hacker de crear un embotellamiento del ciberespacio. En el largo plazo, más recursos de la industria serán dedicados al desarrollo de defensas de una mayor sofisticación. La industria de la computación no puede darse el lujo de que las empresas y los consumidores de la nación pierdan la fe en la confiabilidad del comercio electrónico.

Tales ciber-defensas harán mucho más por disuadir y desalentar a los hackers que un incremento de las intercepciones telefónicas, las cuales poseen el potencial de minar las libertades constitucionales de la sociedad más amplia. El rastreo de los hackers puede ser realizado de un modo mejor con la cooperación de los Proveedores de Servicios de Internet (ISP su sigla en inglés), no con la aplicación de la ley. El FBI está perdiendo la batalla contra los hackers por una razón fundamental: el gobierno no puede estar a tono con las constantemente cambiantes condiciones del mercado–particularmente en la industria de la computación de paso rápido. La aplicación de la ley tiene cierto rol que jugar, pero en la acelerada carrera armamentística en el campo de batalla del ciberespacio, sólo el sector privado está equipado para detener a las rápidamente cambiantes técnicas ofensivas de los hackers.

Traducido por Gabriel Gasave