Son los políticos quienes deberían exhibir mesura, no los medios de comunicación

La Cámara de Representes de los Estados Unidos, en una votación acorde con los lineamientos políticos, sancionó una resolución aparentemente inocua que “espera la cooperación de todas las organizaciones de medios noticiosos para la protección de las vidas de los estadounidenses y la capacidad del gobierno para identificar, desbaratar, y capturar a los terroristas al no hacer públicos programas de inteligencia clasificados tal como el “Programa de Rastreo del Financiamiento del Terrorismo”. El programa involucra el monitoreo gubernamental de transferencias bancarias electrónicas para las actividades sospechada de terroristas. En realidad, la resolución, aprobada poco antes de la celebración de la independencia de los EE.UU. de la opresión autocrática, estuvo dirigida a intimidar a la prensa libre—un componente fundamental de la libertad estadounidense.

Como suele ser el caso con muchos programas clasificados del gobierno de los EE.UU. para monitorear las actividades de los adversarios, las noticias de que el gobierno estadounidense estaba fisgoneando en las transacciones bancarias electrónicas internacionales fue menos un sobresalto para el enemigo que estaba siendo monitoreado que para el pueblo estadounidense. En virtud de que los terroristas han estado al tanto de dicha vigilancia por parte de los gobiernos, desde hace mucho tiempo han comenzado a emplear el sistema más informal del Medio Oriente para las transacciones financieras—denominado hawala-el que involucra mensajeros y facilitadores de envíos de dinero. Incluso el público debería haberse percatado de dichas actividades gubernamentales, dado el constante alarde de la administración Bush respecto de rastrear los flujos financieros hacia los grupos terroristas.

Además, algunas de las transacciones de los terroristas que permanecen en los canales financieros comunes y que están siendo monitoreadas se encuentran contenidas en el vasto volumen de las transferencias electrónicas del sistema bancario internacional. Tratar de seguirles la pista es como intentar hallar un grano de arena en particular en una playa.

Pese a la circunstancia de que la revelación del monitoreo secreto que hicieron los medios tuvo un efecto muy poco nocivo sobre la “guerra contra el terror” de los Estados Unidos, es un año electoral de medio término-en el cual la participación de los leales al partido usualmente resulta un factor crítico-y los temerosos republicanos no perdieron el tiempo en tratar de energizar a su base política golpeando a los “medios liberales”. La promulgación de la resolución de la Cámara de Representantes vino inmediatamente después de la reprimenda a la prensa del Presidente Bush y del Vicepresidente Cheney y de los pedidos de enjuiciamiento de aquellos periódicos involucrados y la revocación de sus credenciales de prensa para ingresar a la Casa Blanca. Durante el debate parlamentario, los republicanos, como siempre, intentaron retratar al argumento en términos de una prensa izquierdista ayudando ansiosamente a los terroristas. El representante republicano Spencer Bacchus de Alabama bramó, “Si usted es Al Qaeda, la respuesta apropiada a esta publicación es, ‘Gracias’”.

Por supuesto, el daño para la nación del programa de espionaje filtrado es mucho menor que el perjuicio del gobierno al amedrentar a la prensa libre. La Primera Enmienda, garantizando la libertad de prensa, es el pilar de nuestra sociedad libre. Incluso la retórica oficial, tal como la resolución de la Cámara, puede sutilmente desalentar a los reporteros y directores a descubrir y publicar información que resulte vital que el público conozca. La amenaza de enjuiciarlos es incluso más perniciosa para el libre flujo de la información necesaria para el mantenimiento de una república saludable.

Si los empleados del gobierno que filtraron la información clasificada pueden ser identificados, deberían ser procesados. Ellos rubricaron un juramento acordando no revelar secretos gubernamentales. Pero los miembros de la prensa no efectuaron tal promesa. Si el gobierno resulta incompetente para mantener los secretos, los medios, en una sociedad libre, no deberían ser enjuiciados por publicarlos. Es mucho menos dañino para una sociedad libre tratar de evitar que los empleados del gobierno realicen filtraciones que el hecho de evitar que la prensa las publique.

En el Día de la Independencia de un año electoral competitivo, los políticos deberían recordar que las palabras tienen consecuencias para las libertades por las que se combatió en la fundación de la nación. En lugar de intentar intimidar a los medios de comunicación para que actúen con mesura, quizás los líderes políticos deberían constreñir su propia retórica.