Por Manuel Sánchez González

El Financiero, México

Una referencia indispensable para evaluar el desempeño de cualquier gobierno es la definición clara de sus funciones. La identificación teórica de esas responsabilidades ha estado influida por la evolución del pensamiento económico.

El punto de partida moderno se remonta a Adam Smith, quien asignó al gobierno pocas, pero esenciales tareas, cuya cabal realización resulta complicada para los particulares. En su libro La riqueza de las naciones, el llamado “Padre de la economía” consideró que el soberano tiene tres obligaciones para con sus ciudadanos: la defensa contra la violencia y la invasión del exterior; la protección contra la injusticia u opresión de otros miembros de la sociedad mediante la administración “exacta” de la justicia; y la provisión de ciertas obras e instituciones públicas que, si bien no son rentables privadamente, producen un beneficio social superior a su costo.

La visión enfocada de Smith y otros economistas que lo sucedieron tendió a coincidir con el quehacer general de muchos gobiernos durante el siglo XIX. Entre otros indicadores, se reflejó en una proporción de gasto público que no superó 10 por ciento del PIB. El tamaño del gobierno relativamente pequeño no impidió que algunas naciones registraran un crecimiento económico espectacular, como fue el caso líder de Gran Bretaña.

En contraste, durante el siglo XX, nuevos desarrollos teóricos propiciaron gradualmente un ensanchamiento del papel del gobierno. En particular, el pensamiento marxista contribuyó a incorporar, como afán gubernamental, la redistribución del ingreso, mediante medidas, actualmente difundidas, como los esquemas tributarios progresivos.

Asimismo, las teorías keynesianas impulsaron la deseabilidad de que el gobierno apoyara el ingreso de las personas durante las contracciones económicas. Además, se promovieron los esquemas públicos de pensiones y se crearon empresas estatales.

Finalmente, dos nuevos conceptos económicos dieron pie a una extensión, potencialmente indeterminada, de los encargos gubernamentales. El primero es el de “bien público”, definido como aquél en el que no es posible excluir a nadie de su consumo y el disfrute de unos individuos no limita el de otros. Las labores contempladas por Adam Smith pueden racionalizarse en estos términos, pero también muchas otras, como las estadísticas oficiales, el lenguaje común, las direcciones viales, la transmisión de radio y televisión abierta, etcétera.

La segunda noción es la de “externalidad”, consistente en un costo o beneficio de una actividad o situación sobre personas no involucradas, las cuales no son compensadas o no pagan, según sea el caso, por ese efecto. Un ejemplo negativo es la contaminación producida por una fábrica y uno positivo, el beneficio de una vivienda atractiva sobre los vecinos.

Tanto en los bienes públicos como en las externalidades, se invoca la participación del gobierno, al inferirse que, de otra manera, se producirían o combatirían en un grado inferior al deseable. Sin embargo, con frecuencia, tales conceptos se han aplicado de manera laxa para proponer, en la práctica, una larga lista de actividades como presuntas ocupaciones gubernamentales.

Teniendo en cuenta que el gobierno cuenta con recursos limitados, el enfoque disperso de tareas conlleva el riesgo de descuidar su calidad y efectividad. Además, abre la puerta a otorgar beneficios a grupos de interés y promover políticas paternalistas que resultan contraproducentes para el desarrollo económico.

En México, la Constitución, promulgada en 1917, ha sufrido un sinfín de enmiendas, muchas de las cuales han buscado ampliar el ámbito de acción gubernamental. Dentro de estas exigencias, destaca una creciente lista de derechos de los individuos y las familias que es acompañada de garantías para su cumplimiento.

Por ejemplo, la Constitución señala como derechos: la educación gratuita a todos los niveles incluido el superior, la alimentación “suficiente y de calidad”, la protección de la salud, el acceso al agua, el disfrute de vivienda “digna y decorosa”, el apoyo económico a los discapacitados, una pensión no contributiva para las personas mayores, y becas a estudiantes de todos los niveles, entre muchos otros.

El desempeño del gobierno mexicano ha sido claramente deficiente. La prevalencia de los niveles elevados de inseguridad y corrupción, así como el deterioro de la infraestructura física del país revelan el descuido de las funciones originales del gobierno. El retroceso en los sistemas públicos de educación y salud son sintomáticos de la incapacidad y el desperdicio del gasto gubernamental.

En lugar de seguir acrecentando la lista de compromisos, convendría que el gobierno se enfocara en cumplir con sus responsabilidades fundamentales de forma eficaz.

@mansanchezgz