El futuro de México en un volado: continuidad o cambio
En México terminaron las campañas presidenciales este miércoles, y el país se alista a asistir a las urnas el domingo 2 de junio. Hemos sido testigos de un proceso electoral que ha sido profundamente injusto y parcial, y con un árbitro electoral intervenido y con miedo de ejercer su autoridad y hacer respetar la legalidad.
Ni en los peores tiempos del PRI (que por las buenas y por las malas gobernó al país por 80 años) con su dictadura perfecta, llamada así por el escritor Mario Vargas Llosa, habíamos presenciado tal abuso de poder, la intromisión del gobierno y del presidente López Obrador para imponer a su candidata, atacar y amenazar a la oposición, y amordazar a la autoridad electoral.
Durante toda la campaña, la candidata oficial, Claudia Sheinbaum, partió con una gran ventaja durante muchos meses y tuvo acceso a todos los recursos públicos imaginables, e incluso muy probablemente a voluminosos recursos provenientes del crimen organizado, y se vieron variadas formas de compra del voto, coerción, intimidación y violencia en contra de la oposición y de la ciudadanía (incluyendo la sospecha de compra de encuestas para desmotivar la participación e inducir el voto en favor del oficialismo, lo que ya se practicó en 2023 en las elecciones locales del Estado de México), por parte del gobierno, el oficialismo, e incluso, del propio crimen organizado. A la fecha, por ejemplo, se contabilizan 749 víctimas de violencia política durante todo el proceso electoral, incluyendo 231 asesinatos de candidatos o personas vinculadas a los partidos o sus campañas, según la consultora Integralia.
México elegirá nuevo presidente entre dos candidatas que divergen profundamente en su visión de país. Para Claudia Sheinbaum por ejemplo, su tarea de gobierno sería cuidar y continuar el legado del presidente López Obrador, en un país donde gracias a él, la división de poderes es letra muerta. Pero es consecuente con la estrategia Sheinbaum a quien no le preocupan los electores, sino solo un voto, el supremo, el de López Obrador.
De modo que el posible triunfo de Sheinbaum, significaría la puesta en práctica del llamado Plan C de López Obrador, que es la destrucción completa de los organismos constitucionales autónomos de control y la sujeción de la Suprema Corte de Justicia y la autoridad electoral (y tal vez hasta del Banco central) a los mandatos presidenciales. En una palabra: seguir el ejemplo de tantos países latinoamericanos, que entronizaron autócratas por la vía democrática (Hugo Chávez, Daniel Ortega o como lo intentaron Evo Morales, Manuel Zelaya y Pedro Castillo), sólo para que éstos terminaran por clausurar tal vía.
Continuidad desde la visión de Sheinbaum también implica: seguir con la política del actual gobierno de incrementar el número de pobres extremos, para así incrementar su clientela electoral; haciendo a un lado por tanto, a todos aquellos que no importan como clientes electorales, como es el caso de los niños, donde hoy cuatro de cada 10 niños mexicanos no cuentan con un esquema completo de vacunación. Continuar con logros como que este gobierno ha sido el primero que presentó una disminución en la matricula escolar, por el abandono escolar de un millón de niños tras las pandemia, pero cuya verdadera razón debemos encontrarla en la contracción del nivel de vida de sus familias. O los niños con cáncer, a los que se ha dejado a su suerte. Lo mismo que a los ancianos de más de 70 años, a los que se les saqueó los fondos para su pensión bajo la promesa de que ese dinero incrementaría la pensión de los nuevos pensionados. Proseguir con la sistemática reducción del presupuesto al sector público de salud, para destinar esos fondos a las obras faraónicas del presidente López Obrador. Seguir con la política de desprecio hacia la mujer, hacia las madres que buscan a sus hijos o esposos desaparecidos. Continuar con los insultos y la mentira cotidiana como herramientas fundamentales de gobierno, con el acoso a periodistas, a críticos, académicos y opositores, la persecución a científicos, usando el aparato de justicia con fines políticos. La presión y la amenaza abierta contra medios de comunicación y periodistas. La coacción diarias a millones de mexicanos, hasta en las puertas de sus propios domicilios, de que si no apoyan al oficialismo perderán los programas oficiales de ayudas y subsidios. Seguir con la abierta complicidad con dictadores como Maduro, Díaz Canel o Evo Morales, o con la alianza con el crimen organizado, al cual se deja hacer a lo largo y ancho del país, con un número importante de municipios en poder del crimen y en donde el Estado mexicano ya no tiene ninguna autoridad. Hacerse de la vista gorda frente a la criminal permisividad ante la pandemia de Covid que costó cientos de miles de muertos y se calcula que al menos 300 mil mexicanos hubieran podido evitar la muerte, con una más oportuna estrategia y un mejor sistema de salud, el cual este gobierno destruyó desde su primer día de gestión. Seguir con la militarización sistemática y descarada del país, de acuerdo a las recetas cubana y venezolana de enriquecer a los mandos militares para que sean el sostén armado del poder. Las acciones de López Obrador para coartar libertades –como la automática e inconstitucional prisión preventiva oficiosa– y la restricción de derechos ciudadanos –como la anulación del derecho al Amparo judicial–. La destrucción de las áreas naturales del país, de la selva del sureste o el saqueo de los fondos públicos para atender desastres naturales e incendios. Continuar con la desvergüenza presidencial de refrendar promesas a unas semanas de dejar el poder, como el tener un sistema de salud como el de Dinamarca o detener los índices de violencia y criminalidad, como si gobernara un país de idiotas y desmemoriados. Seguir practicando el dispendio y la ostentosa corrupción de la familia presidencial en un país con tantas necesidades, que se acrecientan día con día. Ante ese legado de López Obrador y MORENA, su partido, hablar de continuidad quiere decir, en realidad, complicidad.
La oferta por tanto de Sheinbaum no es de continuidad, sino de complicidad criminal y persecución a sus críticos. La de Xóchitl Gálvez al menos apunta al diálogo, la reconciliación, la reconstrucción del gobierno, la corrección de todos estos déficit, errores y negligencias, lo cual ha hecho que el régimen la vea como una enemiga, porque significa desmontar su extensa red de complicidades, beneficios y privilegios, muchos de ellos de cariz delictiva.
Este domingo, México se juega su futuro en un volado: es decir, decidirá su futuro en un juego de azar. Al respecto, muchos retos se ciernen sobre el horizonte mexicano: el tema migratorio, la venidera revisión del T-MEC, resolver de una vez las violaciones de México al Tratado en temas como maíz o energía, atender los crónicos problema del agua y la generación eléctrica, un nuevo modus vivendi con el próximo gobierno estadounidense, dejar atrás el mediocre crecimiento de la economía y aprovechar oportunidades como el nearshoring o el cambio tecnológico en el que estamos inmersos, temas que han estado casi ausentes en las campañas.
Así que nos nos sorprenda que quien resulte electa, pierda buena parte de su gobierno resolviendo los pendientes y recogiendo los escombros que dejará este gobierno, sin atender los retos urgentes e importantes que se nos vienen encima como país.
Con Xóchitl Gálvez y a pesar de su agenda con cierto tufo a populismo de izquierda (una especie de revival del viejo nacionalismo revolucionario del PRI), eligiéndola los mexicanos nos daríamos a nosotros mismos la oportunidad de atender y resolver por seis años sus problemas actuales, en lugar de profundizarlos con Sheinbaum y convertirnos más y más en otra autocracia bananera latinoamericana.
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