Consideraciones sobre una ley de aguas

Guatemala, al igual que muchos países en vías de desarrollo del mundo entero, tiene  problemas con un recurso que es cada día relativamente más escaso, el agua limpia o potable.  Algunos políticos consideran que el agua debería ser un bien estatal gratuito accesible a todos.  Sin embargo, llegar a tener un sistema así es una utopía, no funciona, es ineficiente y causa mucho desperdicio.  Los sistemas estatales no se dan abasto para abastecer a toda la población y cada día se necesita más inversión de escasos recursos.  El agua entubada es muy barata, pero el agua de aquellos que no la reciben, aunque sean parte de la red, es la más cara porque al no tenerla la deben comprar en cisternas, toneles y cubetas.  Son los más pobres de la sociedad, los que viven al margen, quienes compran el agua a los mayores precios del mercado.

En el mundo, de acuerdo con un magnífico reporte especial sobre el agua de la revista National Geographic, hay abundante agua pero el 97% es salada.  El 3% es dulce, pero de esto el 70% es hielo y nieve.  El 30% es agua dulce que usamos para la agricultura, la industria y los hogares.   Debido a la contaminación de los ríos, lagos y subsuelo, por un lado, y a la mayor demanda por el crecimiento de la población, cada día el agua potable es relativamente más escasa.  Como un bien escaso, para que sea accesible a todos debe considerarse como un bien privado.  Esto es, deberían poder establecerse derechos de propiedad privada de agua.  Estos derechos tendrían que ser suficientemente claros, bien definidos y protegidos para que quienes los poseen puedan cuidarla y poder venderla a precios del mercado sin ninguna intervención del gobierno.  De esta manera, los usuarios, ya sean para la agricultura, industria o uso personal, harían un uso racional de este escaso recurso para minimizar su costo o su gasto.  Solo así se lograría una mayor eficiencia y el agua no se desperdiciaría.

Hace años viví en un condominio donde el agua era común a los distintos apartamentos.  El agua se obtenía de un pozo del jardín común de la propiedad.  Era normal ver gente lavando sus carros y dejar el chorro abierto desperdiciando el agua.  Si en algún apartamento había alguna fuga en los baños no había urgencia por repararlo de inmediato.  El consumo de agua era algo irrelevante, aunque lo pagaran los vecinos como parte de la cuota común de mantenimiento.  Los más vivos se aprovechaban de esta situación, pues no tenían que pagar.  No lo hacían con mala intención, simplemente no percibían el costo del agua que consumían.  La Administración sufría porque cada día la demanda era mayor hasta que se agotó la capacidad del pozo.  Se instalaron medidores de agua en cada unidad y como por arte de magia, el consumo total disminuyó.  Ahora cada uno, aparte de su cuota de mantenimiento, tenía que pagar por el agua que consumía.  Los condómines comenzaron a cuidar el agua en su apartamento para que fuera bien utilizada y no se desperdiciara.  Esta eficiencia a nivel global se da solo en un mercado libre, con derechos de propiedad bien establecidos y con precios de mercado sin ninguna intervención estatal.

Hay ejemplos de derechos de propiedad privados que funcionan maravillosamente y que pueden ser casos de estudio en Chile, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia, Sudáfrica, Argentina y otros para mencionar unos pocos.  No todos los sistemas son privados, pero los que sí lo son funcionan excelentemente bien.   Dejar en manos del gobierno un recurso tan importante es un error.  Si queremos agua para todos a los mejores precios del mercado debemos establecer derechos de propiedad privada de ese escaso recurso.

El autor es empresario, catedrático universitario y Director del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES).