¿Cuánto debería ganar un diputado?

Estamos indignados por el aumento salarial que se decretaron los diputados.  Hasta febrero, los diputados ganaban Q.9 mil 550 de salario base, además de las dietas y los gastos de representación, para un total de Q.29 mil 150 mensuales. El acta 10-2025, firmada por directivos del Congreso, estipula que ahora el salario base será de Q. 46 mil 700. Sumándole a ese monto las dietas y los gastos de representación, los diputados ganarán Q66 mil 300 al mes.  Intuimos que es un aumento exagerado, pero ¿cómo establecer cuánto debería ganar un diputado?  ¿A partir de qué cifra es demasiado?

En el mercado abierto, los salarios nos revelan el valor que los consumidores asignan a los servicios que presta el individuo.  Los salarios son resultado de la productividad y del buen desempeño del trabajador, pero también de cuántas personas quieren acceder al puesto y cuántos puestos están disponibles.  Pongamos por ejemplo el salario de un operador de maquinaria.  Si muchos maquinistas buscan empleo, el salario será empujado hacia abajo, porque la fábrica puede elegir al mejor entre varios postulantes.  Si muchos negocios quieren contratar maquinistas, entonces ellas tendrán que ofrecer salarios más altos para atraer a los candidatos competentes.  Si un maquinista incumple con sus obligaciones o comete errores graves, perderá su empleo.

Los salarios son dinámicos en un mercado competitivo.  Tanto el empleador como el empleado quedan satisfechos cuando suscriben voluntariamente un contrato, y cada arreglo será distinto y variable a través del tiempo.

En cambio, en el mercado político los ciudadanos-votantes contratamos a nuestros representantes por planilla.  Algunos de esos pequeñitos nombres listados en la papeleta electoral pasan a integrar el Congreso y ostentan el poder monopólico para hacer leyes. Una vez toman posesión, los diputados tienen garantizado su trabajo por cuatro años sin importar la calidad de su gestión. Podemos enviarles cartas, llenar encuestas o lanzarnos a las calles, pero nuestras acciones casi nunca impactan en su situación laboral.  Además, saben que es materialmente imposible satisfacer a todos sus representados simultáneamente y por tanto, se enfocan en promesas, manejo de imagen y el cultivo de su popularidad.

Los diputados hacen las reglas para administrar el Congreso en el que ellos mismos laboran.  Ellos deciden cuánto ganan, en lugar de “tomar” un precio-salario generado por el mercado.  Los incentivos están mal puestos, pues naturalmente tenderán a priorizar su interés propio,  aunque luego adopten un discurso que hace ver su decisión como algo que tiene ramificaciones positivas para los gobernados.  Seguramente al recetarse semejante aumento, los diputados sabían que pasarían un rato colorado pero que se saldrán con la suya sin dañar permanentemente su imagen y caudal político.

Para fijar un salario en proporción a su mérito y desempeño, los diputados podrían haber efectuado una comparación con los salarios de sus homólogos en otros países, o los de otros funcionarios, o podrían haber ajustado su salario con base en un alza inflacionaria.  Al final, ningún parámetro al cual tienen recurso encierra información sobre el valor que los ciudadanos electores asignamos al trabajo del diputado, porque el mercado político sencillamente no arroja esta información. La verdad es que ni nosotros ni los diputados sabemos si, en conjunto, los decretos que aprueban en el pleno (su trabajo) constituye un beneficio o un costo social. La opinión generalizada es que el servicio que la X Legislatura nos ha prestado no vale los Q. 127,296,000.00 al año que nos va a costar.