El régimen de Ortega fue encontrado culpable de crímenes de lesa humanidad por la ONU

Canal 26

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa quien ocupa el cargo de vicepresidenta, Rosario Murillo, así como altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales, fueron encontradas culpables de violación  los derechos humanos.

Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU llegó a esta conclusión tras un exhaustivo informe que buscaba investigar y recabar pruebas sobre la situación del país.

Los crímenes de lesa humanidad de los que se acusa a la cúpula política y de seguridad de Nicaragua cubren un espectro muy amplio de abusos, tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, así como un nivel tal de censura que impide a los ciudadanos participar en los asuntos públicos, expresarse, reunirse o ejercer su libertad de conciencia y religión.

"Estos crímenes han sido cometidos por razones políticas y siguen siendo cometidos hoy. El aparato estatal en su integridad ha sido convertido en un arma de persecución contra la población" declaró el presidente del grupo, Jan Simon.

Retiro de la nacionalidad

A todos esos crímenes se ha sumado últimamente la negación del derecho a la nacionalidad y al de permanecer en el propio país.

El gobierno ha retirado recientemente y de forma arbitraria la nacionalidad a 316 personas a las que ha acusado de traición a la patria. De éstas, 222 fueron expulsadas del país.

"Técnicamente se ha creado una figura que creíamos desaparecida y que es el destierro. Pero además las víctimas han perdido cualquier posibilidad de recibir las pensiones a las que tenían derecho porque han desaparecido del sistema estatal de Nicaragua, con lo que les quita la posibilidad de subsistir", explicó a EFE la experta del grupo Angela Buitrago.

De hecho, la pareja presidencial ha ordenado la "muerte civil" de esas personas, ya que además de privarlas de una nacionalidad, las ha eliminado de los registros de nacimientos y ha confiscado abusivamente sus propiedades y otras pertenencias.

Estado al servicio

El grupo de expertos confirmó que para perpetrar la multitud de crímenes de los últimos cinco años contra la población "una variedad de actores e instituciones" siguieron las órdenes emanadas de la Presidencia y de la Vicepresidencia contra todo aquel con una postura diferente a la del gobierno o que podía ser sospechoso de criticarlo.

Entre los hechos que el grupo ha podido determinar está que la Policía y grupos armados progobierno ejecutaron a oponentes o personas percibidas como tales, y esto siguiendo instrucciones de autoridades nacionales, locales o de líderes territoriales del partido de Ortega.

Sobre la participación del Ejército de Nicaragua en la represión de la protesta social, el informe reconoce que se requieren investigaciones adicionales, pero Simon reconoció que no puede caber duda de que la institución armada actúa -como todo el resto del aparato público- con el fin de mantener a la pareja presidencial en el poder.