Ecuador: Los arroceros, otros protegidos
En 2008 se elevaron a nivel mundial los precios de los alimentos. En ese entonces los arroceros se quejaban de que habían sembrado con miras a exportar a Colombia o Perú, considerando el atractivo precio internacional. Siguiendo el mal ejemplo de los Kirchner con la carne en Argentina, el gobierno de Correa prohibió la exportación de arroz para asegurar un precio bajo en el mercado local.
A no pocos arroceros les gusta participar con libertad en el mercado cuando este les favorece, pero no cuando la fortuna cambia. Los negocios no son así, siempre está el riesgo de perder.
Gracias a la presión de grupos que consideran que sus ganancias deben ser garantizadas a costa de otros, hemos llegado a tener políticas que no solo estatizan la exportación del arroz cuando los precios son altos, sino que lo subsidian cuando el precio internacional cae.
La política de control de precios ha derivado en que ingrese arroz de contrabando al país y se destinen escasos recursos de las Fuerzas Armadas y la Policía nacional a perseguir y decomisar sacos de arroz. Pero pasan décadas y siguen diciendo que necesitan continuar siendo protegidos, bloqueando precisamente aquellas señales del mercado que los forzarían a volverse más eficientes.
Todo negocio, agrícola o no, está sujeto a incertidumbre frente a los vaivenes del mercado nacional e internacional. Sin embargo, muchos empresarios del sector agrícola consideran que tienen corona y merecen protección especial pagada por el resto de la sociedad. Pero una sana aplicación de la igualdad ante la ley nos lleva a mejor puerto. En una economía sana no hay derecho a que te garanticen la viabilidad de tu negocio. Si vamos a proteger a los arroceros, por qué no también proteger a todos los otros negocios. Así nunca alcanzaría recaudación alguna y no lograríamos desarrollar productos de exportación que puedan competir a nivel internacional. Además, se estaría castigando a los consumidores con precios artificialmente altos. Los agricultores que protestan suelen hablar del “precio justo”. La cuestión es: ¿justo para quién y quién lo fija?
Por este sendero logramos crear una economía de muertos vivientes montados sobre el lomo de un pequeño sector productivo que por sí solo ha demostrado que puede competir a nivel global.
En lugar de continuar con la fracasada política de apaciguamiento de los grupos de interés, el Gobierno podría señalar que una de sus prioridades manifiestas es adoptar una política de apertura comercial, la cual derivaría en un acceso a insumos para todos los productores, incluidos los agricultores, a un precio más bajo. Ya se ha dado un paso importante en esta dirección con la liberación de centenares de partidas arancelarias, que incluye equipos e insumos agrícolas.
Por otro lado, vale la pena señalar que es justo cuando la marea baja que vemos cuáles han sido los productores realmente eficientes y es ahí cuando el resto aprende mediante la imitación. Pero para eso hay que eliminar todas aquellas políticas que bloquean la transmisión de las vitales señales de mercado.
Hay formas de ayudar al agro nacional sin continuar por el derrotero del proteccionismo, estas son: la apertura comercial y una reforma financiera que permita acceder a una mayor oferta de crédito y tasas de interés más bajas.
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