Descentralizando la lucha contra la pandemia

Por supuesto, la meta-medida fue saludada con gran debate y polémica, y no es para menos, porque como mínimo parece una forma torticera de declarar una situación de este estilo; por otro lado, por muy ingenuo que uno quiera ser, hay una posibilidad muy real que los políticos que gobiernan España en estos momentos utilicen tal vehículo para fines muy distintos de los que se pretenden.

Pero, si dejamos de lado estas prevenciones (cosa que quizá no habría que hacer, pues pueden ser mayores los daños que vengan de ahí que los beneficios que se obtengan por las razones que ahora explicaré), hay que reconocer que este sí parece un paso en la buena decisión. Me refiero, a dejar que sean las CC. AA. las que tomen las medidas para detener la pandemia amparándose en las competencias que asume el Gobierno como consecuencia de la declaración  del citado estado de alarma, y que a continuación descentraliza.

En efecto, por mucho que se le llame pandemia, la enfermedad se contagia localmente, pues precisa de la proximidad de los individuos para su progreso. Por tanto, es evidente que las situaciones en cada área geográfica van a ser completamente distintas en función de determinados parámetros, como la densidad poblacional u otros. Si esto es así, no tiene sentido que se tomen medidas nacionales o supranacionales, incluso quizá regionales, para detener la extensión de la enfermedad. Y, sin embargo, es lo que han hecho todos los países europeos y muchos otros, empezando por España.

La única razón por la que se han tomado medidas a nivel nacional es porque esa es la jurisdicción geográfica de los gobiernos que han tomado las medidas. Algo que, en España, se reproduce cuando miramos a nivel de comunidad autónoma. ¿Por qué se cierra Castilla-León y no Cantabria? Pues porque así quedaron definidas las respectivas comunidades autónomas cuando se definieron a mediados de los 70, no porque el virus siga patrones de comportamiento distintos según las fronteras políticas.

Por ello, hay que valorar adecuadamente este primer paso descentralizador del gobierno español. Obviamente, no es la solución ideal, pero sí un avance en la dirección correcta.

Dos son las principales ventajas que presenta el nuevo modelo respecto al anterior de absoluta centralización. La primera ya se ha apuntado: mejor adaptación a cada realidad regional, aunque con los límites descritos también hace un párrafo. Si la comunidad es suficientemente pequeña, quizá este grado de descentralización sea suficiente: La Rioja, el País Vasco o Murcia, pueden ser lo suficientemente homogéneas para que sus decisiones estén suficientemente adaptadas a la realidad. Pero, al mismo tiempo, Andalucía, Castilla-La Mancha o Aragón, son demasiado extensos y heterogéneos como para que el grado de adaptación sea válido. El camino adelante pasaría porque las CC. AA. descentralizaran las decisiones a nivel de comarcas o de municipios, y así sucesivamente.

La segunda ventaja tiene un potencial quizás mayor. En efecto, al no ser una decisión centralizada, cada una de las CC. AA. puede tratar de innovar en sus medidas, aplicando distintas posibles soluciones a los problemas planteados. Así, en vez de una entidad haciendo pruebas, nos encontramos con 17, por lo que las probabilidades de que alguien acierte son mayores. Y si alguien acierta, las demás CC. AA. podrán tratar de aplicar el mismo remedio en sus casos. Evidentemente, con la ceguera ideológica que aflige a muchos de sus mandatarios, hay posibilidades de que opten por mantenella y no enmendalla, pero sin duda lo pagarán en las elecciones. A modo de ejemplo, solo hay que ver lo que está pasando con la hostelería en Cataluña a la vista de los resultados obtenidos por los métodos menos invasivos utilizados en la Comunidad de Madrid.

En el fondo, aunque disfrazado con otros términos, estoy hablando del sano ejercicio de la competencia, aplicado en este caso a las medidas contra la covid. Si el Gobierno central se queda con el “monopolio” de la lucha contra la covid, sabemos por teoría económica que la innovación se resentirá (aparte de la eficiencia, por supuesto). Al haber abierto el “mercado” tenemos al menos 17 competidores tratando de hacerlo bien.

Además, me atrevería a decir que contrariamente a lo afirmado por Mises en su burocracia respecto a la falta de incentivos para innovar en ese tipo de organizaciones, no sería el caso aquí, pues tenemos a políticos actuando como emprendedores, y sí que internalizarían tanto los beneficios como las pérdidas por sus decisiones, siempre en términos electorales.

Una vez más, si vas descentralizando más el ámbito de las decisiones, mayor número de competidores entrará al “mercado” (en este caso, por ejemplo, los municipios) y también cabe esperar una solución con más probabilidad.

Obviamente, en el extremo, o sea, en la situación ideal, somos cada uno de nosotros los que adaptamos las medidas a nuestra protección e innovamos en cómo hacerlo, con los éxitos extendiéndose por imitación, y los fracasos olvidándose rápidamente y con los costes concentrados en la persona que se ha equivocado en la decisión, y no en toda la sociedad.

Pero dejemos de soñar. De momento, limitémonos a dar la enhorabuena al Gobierno por una medida acertada y cerremos los ojos sobre las verdaderas razones que les pueden haber llevado a tomarla, que me temo serán algo más tenebrosas que las que acabo de describir.