Venezuela. ¡Eso aquí no va a pasar!

Para muchos, esta nueva carta magna no era más que un engendro. Promovía cinco poderes públicos nacionales: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Creó más poderes que ninguna otra constitución, él, que precisamente odiaba la división de poderes.

A través del voto popular, todavía montado sobre una ola de popularidad y beneficiándose de los crecientes precios petroleros fue concentrando cada vez más poder y erosionando las instituciones que parecían sólidas e indestructibles. Socavó la independencia judicial, y armando un poder electoral, más parecido a un ministerio, fue avanzando en su proyecto personalista, a medida que eliminaba todos los contrapesos de la democracia. Arrasaba con todo lo que le estorbaba, nacionalizaba bancos, cerraba medios de comunicación, expropiaba empresas, apresaba opositores y perseguía periodistas.

Su populismo no tenía precedentes en la historia política del país, el gasto público fue su chequera para comprar votos y conciencias. Gastaba a manos llenas, mientras mayores eran los precios del petróleo también crecía la deuda pública. Para ganar elecciones hacía uso de toda la logística y recursos financieros de Petróleos de Venezuela y demás recursos públicos. El fin justificaba los medios. No sólo quería salvar el país sino que ¨había que salvar el planeta¨, decía en sus alocuciones. Como buen populista, para él no había adversarios políticos, todos eran enemigos: ¨Había que freírles la cabeza en aceite¨.

A pesar de contar con mayoría en el parlamento, este le otorgaba leyes habilitantes para que gobernara por decreto. Hasta someter las leyes a su propio parlamento le fastidiaba. Al final de su mandato en 2012, la Asamblea Nacional había cedido sus atribuciones al Ejecutivo y este había dictado 178 decretos leyes en 11 años. Todas las leyes estaban dirigidas a proponer más controles a la banca, los medios de comunicación, las universidades y restar competencias a los Gobiernos regionales y locales. Ya no cabía ninguna duda, los opositores alertaban que se había consumado un ¨golpe de Estado desde el propio Estado¨.

Pocos venezolanos fueron capaces de prever lo que aconteció con posterioridad. Quién podía suponer que la Venezuela saudita terminaría hambrienta como Cuba, sin gasolina o con 5 millones de venezolanos cruzando las fronteras, mendigando refugio en cualquier país que fuera capaz de acogerlos.

Los comunistas tienen la virtud de esconder sus verdaderas intenciones. El Foro de Sao Paolo, en el caso latinoamericano, giró las instrucciones para que cada quien en su país hiciera los deberes, tomara el poder por las buenas, con los propios mecanismos democráticos, y después lo amarraran con una constitución que hiciera imposible el desmontaje de la trampa. Reelección indefinida para todos los que lograran hacerse con el poder, esa era la intención.

Una vez que Hugo Chávez se declaró marxista e impuso la consigna “patria, socialismo o muerte”, el país se llenó de asesores comunistas. Algunos ya llevaban tiempo cobrando. Entre los más conocidos, que no tenían reparos en presentarse en la televisión pública, que ahora era exclusivamente del partido del Gobierno, podíamos ver al flamante vicepresidente actual del Gobierno de España: Pablo Iglesias.

Al igual que lo hacía su socio Hugo Chávez, el vicepresidente español, aunque ha sido un firme defensor del régimen venezolano, también ocultó sus verdaderas intenciones. En fecha 06-06-2016, el diario ABC publicó un reportaje, firmado por el periodista Roberto Pérez, titulado “Así camufla Podemos su plan comunista”. Hacía mención a que su imagen no refleja sus ideales, dicen no ser de izquierdas ni de derechas, pero ocultan su ideología radical. Su objetivo está planificado de antemano: conquistar el poder, poner en práctica el comunismo y acometer un nuevo proceso constituyente que  derribe el actual régimen constitucional. Todo ello fue declarado por Pablo Iglesias, dice el informe del periodista Pérez, escasos meses antes de que naciera Podemos en una charla que impartió en Zaragoza en unas jornadas de las juventudes comunistas.

Decía Iglesias que había que cuidar mucho el lenguaje. Era mejor presentarse como demócratas porque “mola” más. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado. “Hay que ocupar los espacios de la sociedad civil, el deporte, la cultura, el cine…”.

Muchos españoles no creyeron que Pablo iglesias llegara al poder, aunque fuera con la cuota que ahora tiene con el PSOE de Pedro Sánchez. Mucho menos creyeron que pudiera influir en las instituciones democráticas españolas como lo ha venido haciendo. Su plan es a largo plazo. Busca desmontar los poderes del Estado que tanto le estorban e imponer el abuso autoritario. Dentro de sus objetivos para consolidarse en el poder siempre defendió el pacto con los independentistas. Ahora se pone de manifiesto cuando facilita y promueve el pacto con ellos y con los herederos del brazo político de ETA.

Algo está pasando en la política española que nos recuerda la Venezuela de Chávez en sus inicios. En España también “puede pasar”. No es casual que la nueva fiscal general sea una exministra del Gobierno de Sánchez. Esto se parece a la politización de la justicia en Venezuela, donde Maduro colocó a un delincuente de su partido al frente de esa importante institución. La inspiración bolivariana del Gobierno de coalición es notoria. Han aprovechado la pandemia para imponer esa visión. Ahí tenemos la presión a la justicia, la falta de transparencia en las decisiones, la ausencia de explicaciones al Congreso de las actuaciones del Ejecutivo, la multiplicación de ministerios y comisiones asignadas a dedo, las puertas giratorias en empresas públicas, el uso excesivo de los decretos o la agresión a instituciones como la Guardia Civil y los tribunales. Por otro lado, la insistencia de Iglesias en que él es el padre del “escudo social” nos recuerda al Chávez socorrista de los desvalidos que hizo todo lo posible por crear un Estado asistencialista que garantizara la fidelidad permanente de los votantes y la dependencia absoluta de las dádivas del Estado.