Guatemala: En elecciones revueltas, ganancia de…

República

A raíz de la crisis generada por la ineptitud, o como mínimo complacencia, de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ante la ineficiencia de la Dirección de Informática para registrar, almacenar y procesar los datos de las actas electorales; la credibilidad en una de las pocas instituciones confiables está siendo menoscabada.

El sistema electoral guatemalteco está diseñado de tal forma que son los ciudadanos quienes se encargan de la recepción, escrutinio y cómputo de los votos, también participan los fiscales de los partidos políticos, así como observadores tanto nacionales como internacionales para garantizar la transparencia del proceso de votación

Son las Juntas Receptoras de Votos, JRV, los voluntarios y el mismo votante,  los principales protagonistas de este proceso. Son estos ciudadanos quiénes, desde muy temprano, se encargan de hacer funcionar el proceso electoral. Muchos de ellos están comprometidos con hacer bien las cosas, a pesar de la oferta política y de los desatinos de algunas autoridades como las Cortes y los Tribunales.  

Son los ciudadanos que integran las JRV quienes examinan y registran, a través de actas, los votos de sus conciudadanos. Es bajo la mirada de fiscales y observadores que realizan este proceso que por cierto los magistrados intentaron censurar el uso de celulares para documentarlo.

Considero que el hecho de hablar de fraude en las elecciones, de pedir la anulación de las mismas sin más elementos que información no verificada, carece de validez. El manejo incorrecto en la comunicación de los magistrados y, en algún momento, de las mismas Juntas Electorales Departamentales ayudó a la desinformación e incertidumbre de los ciudadanos. Esto último fue aprovechado por quienes tratan de llevar agua, o votos, para su molino.

Debemos recordar que son las actas las que validan estas votaciones, son estas actas el elemento clave para verificar si hubo o no fraude. Si se habla de fraude se debe demostrar, para empezar, que los votos no fueron contados correctamente en un número significativo de las JRV, que un número significativo de actas fueron modificadas por las JRV. Es decir, que una gran parte de estos ciudadanos se pusieron de acuerdo para modificar esta información y favorecer a algún partido, candidato o comité específico.

Sin embargo, al parecer conforme se va dando a conocer la información, lo que sucedió fue una ineficiencia por parte de quienes se encargaron de procesar la información de las actas en  el sistema informático. Parece ser que el sistema no fue validado para las diferentes escenarios que se presentarían en las boletas, que no se cumplió con los estándares básicos de validación del sistema.

Sigo sin comprender cómo los actuales magistrados, que ya habían organizado las elecciones de 2015, cometieron tantos “errores”.  Si bien es cierto las reformas fueron nefastas, los únicos cambios incluidos en el tema de las votaciones fue aumentar el número de diputados e incluir la validez jurídica del voto nulo para repetir elecciones. Estas variables adicionales no son tan significativas como para cambiar de tal forma el sistema informático.

Es claro, que la fiscal general o el portavoz del Ministerio Público deberían ya estar anunciando el inicio de investigaciones por la posible comisión de algún delito así como deslindar responsabilidades por semejante desastre.

Esta  situación  ha sido muy costosa puesto que se ha socavado la confianza en un sistema electoral basado en la participación ciudadana, un sistema que era de los pocos confiables para la ciudadanía en general. Es por eso que, los magistrados del TSE, los directores de las áreas involucradas, en especial el director de informática y las Juntas Electorales Departamentales que no han salido a defender a sus JRV, les deben ofrecer como mínimo disculpas a todos los ciudadanos honestos que participaron en las JRV y a quienes emitieron su voto confiando en el sistema electoral.

Ante estas elecciones revueltas, desde su convocatoria, no han faltado quienes proclaman fraude sin mayores elementos, aprovechando la falta de claridad y contundencia de parte de los magistrados para resolver la situación enmendando los “errores” cometidos.  Es claro que poner en cero el sistema cuando se presentaron las anomalías no ayuda a la transparencia pero hasta que no se revisen las actas ante la presencia de fiscales, se audite el sistema informático y se demuestre con pruebas, no podemos asegurar que hubo un fraude.

En elecciones revueltas, ganancia de…. ¿realmente, en el largo plazo, habrá ganadores?

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