¿Qué alimentó un enfrentamiento fatal en México?

The Wall Street Journal

Un choque violento que ocurrido la semana pasada en el estado sureño de Oaxaca en México enfrentó a la policía federal y estatal contra un grupo que protestaba contra el gobierno. Los manifestantes quemaron buses y autos, lanzaron cocteles molotov e incendiaron pilas de desechos. Al menos seis personas perdieron la vida.

Ahora se libra otra batalla sobre quién terminará escribiendo la historia definitiva sobre lo que realmente pasó el domingo sangriento del 19 de junio en Nochixtlán. La narrativa que se convierta en la versión aceptada de lo sucedido importa de gran manera para el futuro de México.

En sondeos con miras a las elecciones presidenciales de julio de 2018, el demagogo antidemocrático de la extrema izquierda Andrés Manuel López Obrador tiene una ventaja preliminar. El político es aliado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que fue el grupo que puso los bloqueos que terminaron en el enfrentamiento con el gobierno.

Los reportes de prensa desde Oaxaca dicen que los grupos revolucionarios extremistas conocidos por provocar violencia también estaban presentes en apoyo a CNTE. Si es así, probablemente el choque no se debió solo a un desacuerdo sobre la política educativa.

Es probable que los insurgentes, que se proponían hacer propaganda, estuvieran buscando una oportunidad de pelear con la policía. Ya que el desafío más apremiante de México es ahora su compromiso con el estado de derecho, las esperanzas presidenciales de López Obrador podrían depender de las conclusiones que el público saque sobre lo que pasó en Nochixtlán.

El presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentra en el cuarto de su periodo de gobierno de seis años. El crecimiento económico es débil y los sondeos ponen sus índices de aprobación en alrededor de 30%. Su gobierno ha sido debilitado por escándalos de corrupción, incluyendo dentro de su propia familia, y su partido tuvo un mal desempeño en a las elecciones para gobernadores este mes.

Sin embargo, Peña Nieto puede recibir crédito por lograr la aprobación en el Congreso de reformas importantes en energía, telecomunicaciones y política educativa.

La reforma a la educación de 2013 —que establece nuevos estándares en la rendición de cuentas luego de no tener casi ninguno— es la más popular. Las nuevas normas requieren por primera vez la evaluación de maestros y permiten a los graduados de universidades no especializadas en docencia competir por puestos de trabajo en el aula. Prohíbe que los maestros vendan sus puestos o los hereden, algo que se practicó por generaciones. Los miembros del sindicato que trabajen como activistas políticos ya no podrán cobrar salario de maestro.

Tales reformas son razonables. Pero los sindicatos de maestros de México adquirieron privilegios extravagantes en el siglo XX cuando eran la tercera vía de la política. No van a rendirse sin dar la pelea. De acuerdo con Claudio X. González, presidente de la organización no gubernamental Mexicanos Primero, tanto el mayor sindicato de maestros, conocido como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el más radical y de menor tamaño CNTE han resistido a la reforma.

El diálogo entre el gobierno y los sindicatos descontentos no ha llegado a ninguna parte. En agosto pasado, Peña Nieto nombró a un nuevo ministro de Educación, Aurelio Nuño, quien se comprometió a cumplir la nueva ley. Esto supone hacer frente a la intransigencia sindical.

Oaxaca es un bastión de la CNTE y un desastre educativo. Ocupó el puesto 31 entre los 32 estados del país en la clasificación anual de la calidad de la educación dado a conocer el jueves por Mexicanos Primero. La CNTE en Oaxaca está especialmente indignada porque el gobierno federal asumió la responsabilidad del presupuesto de educación del estado, negando el acceso de los sindicatos a cientos de millones de dólares que alguna vez controlaban. En junio, agentes federales encarcelaron a dos líderes de la CNTE por cargos de corrupción. El sindicato respondió con bloqueos de vías, lo que privó a los residentes locales de alimentos, medicinas, gasolina y movilidad.

Los opositores del gobierno alegan que la policía disparó contra los manifestantes. Pero el jefe de la fuerza pública federal Enrique Galindo Ceballos cuenta una historia diferente. El oficial dijo públicamente que sus agentes, que no portaban armas de fuego, comenzaron a remover barricadas el viernes 17 de junio y que todo avanzaba de forma ordenada hasta alrededor de las 10:30 de la mañana del domingo, cuando la policía fue emboscada por unos 2.000 individuos que lanzaron bombas incendiarias, piedras y disparos.

Galindo informó que ordenó una “retirada táctica”, pero que la policía quedó rodeada y no pudo salir fácilmente. Siete agentes fueron baleados y algunos perdieron dedos por cortes de machetes. Cerca de 100 oficiales resultaron heridos, de los cuales 41 fueron hospitalizados, dos con lesiones graves.

El gobierno mexicano declinó responder a mi solicitud de comentarios debido a la investigación en curso. Pero el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo ha dicho que ninguno de los muertos eran maestros. Cué también al parecer identificó a tres organizaciones de militantes políticos durante los bloqueos de carreteras. Ellas son el Frente Amplio de Lucha Popular, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui y el Frente Popular Revolucionario.

El caos y la brutalidad son las características de los grupos subversivos. Su objetivo no es acaparar territorio sino desacreditar las instituciones democráticas. Si el estado de derecho prevalece, México necesita una investigación transparente y la publicación de un informe completo.