El eje de la cocaína Bolivia-yihad

The Wall Street Journal

Una masacre perpetrada el mes pasado por Boko Haram en un poblado del noreste de Nigeria captó la atención del mundo porque se informó que los terroristas quemaron niños vivos.

Lo que no ha tenido una cobertura tan amplia han sido las creíbles acusaciones de que una fuente clave de financiación de Boko Haram y otros extremistas islámicos es la cocaína producida y exportada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros carteles de narcotraficantes que trabajan en concierto con el gobierno de Bolivia. Estas son las mismas FARC que supuestamente están negociando un acuerdo de paz con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, un pacto que arruinaría su gallina de los huevos de oro.

A los consumidores europeos de drogas recreacionales les gusta la cocaína. Quienes luchan contra las drogas en Europa y el Reino Unido pensaron que podrían frenar la disponibilidad del polvo blanco al atacar las líneas de suministros de América del Sur. Sin embargo, los capos de la cocaína han trasladado sus rutas trasatlánticas hacia África, donde las instituciones débiles no son capaces de detener la delincuencia organizada transnacional. Numerosos informes de prensa han mencionado tanto a Boko Haram como a al-Qaeda en el Magreb como piezas clave en el negocio del tráfico de cocaína hacia Europa a través del Mediterráneo.

La Oficina de Estupefacientes y Aplicación de la Ley Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en noviembre que Colombia es, nuevamente, el mayor exportador de cocaína. No obstante, Bolivia puede ser el país más rentable para la operación de carteles como las FARC.

Esto es lo que sugiere un documento de enero de 2014 de David Spencer, un profesor de contraterrorismo del Centro William J. Perry en Fort McNair, y Hugo Achá Melgar, un periodista boliviano que ahora reside en EE.UU. El reporte hace un seguimiento del ascenso al poder de Evo Morales, presidente de Bolivia y ex dirigente sindical de los cocaleros.

El informe, que aún no ha sido publicado pero que tuve la oportunidad de leer, habla de cómo la agenda de erradicación de cultivos de coca de Washington fue usada por la extrema izquierda de Bolivia para lanzar y construir el movimiento político de los cocaleros a mediados de los años 90. Las protestas masivas que paralizaron el país fueron posibles gracias a una combinación de dinero del bajo mundo y violencia.

En octubre de 2003 y junio de 2005 los cocaleros lograron derrocar dos gobiernos elegidos democráticamente, y luego ganaron la subsecuente elección de 2005.

Morales niega que dirija un narcoestado. Y debido a que en 2008 expulsó del país a la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), la inteligencia estadounidense es limitada. De todas formas, cada vez más evidencia sugiere que la cocaína traficada con los terroristas islámicos es ahora una fuente importante de los ingresos por exportaciones de Bolivia.

En 2006, cuando Morales asumió la presidencia por primera vez, la Oficina de la Casa Blanca encargada de la Política Nacional de Control de Drogas estimó que en Bolivia se cultivaban 21.500 hectáreas de coca. Para 2014, esa estimación se disparó a 35.000 hectáreas, lo que no sorprendió ya que Morales legalizó el cultivo de coca en terrenos que son clave para la herencia cultural de Bolivia y donde la hoja es usada para mascar y hacer té.

No obstante, la mayor expansión de los cultivos de coca se ha producido en la región del Chapare, donde se produce una variedad que no se puede mascar. Y en un artículo de la revista brasileña Veja titulado La república de la cocaína, el periodista Duda Teixeira reportó que apenas un tercio de los cultivos de coca en Bolivia tendría como destino los usos tradicionales.

El área total de cultivos de coca en Colombia es mayor que el de Bolivia. Sin embargo, la tierra del Chapare permite la siembra de una variedad de coca que tiene una hoja más grande, se reproduce más rápido y tiene un mayor contenido del ingrediente activo necesario para producir cocaína comparada con la que se cultiva en Colombia.

Los críticos de Morales sostienen que varios carteles, incluyendo mexicanos, brasileños, colombianos y africanos, han obtenido concesiones que les permiten acceder a esos cultivos, así como instalar laboratorios para procesar las hojas y exportar el producto.

En 2010, Roger Pinto Molina era un senador en Bolivia cuando miembros de la policía y del gobierno de Morales le llevaron documentos que, según él, probaban que dos miembros del gabinete tenían lazos con carteles colombianos y brasileños. En su artículo de Veja, Teixeira escribió que había leído los documentos, incluyendo un reporte de una unidad de inteligencia de la policía boliviana, ligando a por lo menos un miembro del gabinete a los carteles. El gobierno de Bolivia ha negado las acusaciones del artículo de Teixeira.

La semana pasada, Pinto me dijo por teléfono que presentó la evidencia a Morales, y que poco después el gobierno inició investigaciones en su contra. El senador huyó a la embajada de Brasil, donde permaneció por dos años hasta que logró escapar del país.

Antes de 2006, las embarcaciones con bandera boliviana no operaban en las zonas de conflicto del Mediterráneo. Bajo el mando de Morales, eso ha cambiado. En septiembre, Grecia detuvo una que tenía 500.000 cartuchos de municiones y 5.000 rifles con destino a un puerto en Libia. En enero, Turquía incautó otra frente a las costas de Libia con 13 toneladas de hachís.

Probablemente nada de esto será importante para la carrera política de Morales. El 21 de febrero llevará acabo un referéndum sobre si podría ser reelegido otras dos veces. Con el país aparentemente lleno de dinero lavado, es seguro que gane el “sí”.