Argentina: Los juicios pendientes por lesa humanidad

Infobae

Todo indica que en breve la Argentina recuperará la democracia republicana; por consiguiente, es de esperarse una normalización institucional y un funcionamiento ajustado a derecho en los distintos poderes del Estado. Sobre todo en el Judicial, que ha sido protagonista de arbitrariedades y prevaricaciones sistemáticas a lo largo de todo el régimen que inaugurara Néstor Kirchner promediando el año 2003.

El punto clímax de este funcionamiento anómalo probablemente se haya dado en el marco del Poder Judicial, fundamentalmente en lo relativo a los paródicos juicios denominados de "lesa humanidad". Es decir, juicios impulsados contra miembros de las Fuerzas Armadas (a lo que encima les han sumado civiles) con motivo de la represión antiterrorista llevada a cabo durante los violentos años setenta. En efecto, esas persecuciones pretendidamente judiciales se vienen impulsando a instancias no del derecho ni del debido proceso, sino de la orden política dictada oportunamente desde el del Poder Ejecutivo Nacional en el 2003.

El crimen de lesa humanidad, conforme lo define el artículo 7 del Estatuto de Roma suscrito en 1998 e incorporado por la Argentina en el año 2001 (y cuya normativa es aplicable sólo a los hechos acontecidos con posterioridad a la incorporación de dicho estatuto en la legislación local) es el"ataque generalizado o sistemático contra una población civil". Se precia: "Por ataque contra una población civil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización".

Nos interesa traer a comento dichas definiciones, puesto que desde que Néstor Kirchner ocupó el sillón de Rivadavia realizó un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia al derrocar a cuatro de los siete jueces del cuerpo (es decir, el 57,2% de sus miembros), a fin de obtener una mayoría de facto e ilegítima con base en nombramientos de magistrados colocados por la ventana y, con ello, dar curso a la innoble cacería de militares y civiles (muchos de ellos octogenarios). Estos son acusados a la marchanta de haber actuado en la guerra antisubversiva, cuya represión se intensificó no a partir de marzo de 1976, sino de febrero de 1975, cuando el actual partido gobernante (a la sazón, capitaneado por Isabel Perón) ordenó a las Fuerzas Armadas mediante decretos sucesivos "aniquilar el accionar de los elementos subversivos" (Decretos 2770/771/772).

Si bien este conflicto armado culminó a fin de los años setenta y luego fue superado legalmente por indultos y normativas de pacificación (como las leyes de obediencia debida y punto final) emitidas en tiempos democráticos y avaladas en cuanto a su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia (tanto durante la Presidencia de Raúl Alfonsín como en la de Carlos Menem y la del propio Fernando de la Rúa), la posterior corte de facto que irregularmente impuso Néstor Kirchner para perseguir ilegalmente a los militares ordenó desoír no sólo toda esa legislación, las sentencias y la jurisprudencia, sino vulnerar además los siguientes principios jurídicos reconocidos expresa y deliberadamente por nuestra Constitución Nacional. A saber, principio de cosa juzgada, principio de irretroactividad de la ley penal, principio de ley penal más benigna, principio de juez natural, principio de ne bis in idem (derechos previstos, entre otros artículos, por el 18 de la Constitución Nacional), además de los consabidos principios de prescripción previstos de sobra en la legislación penal vigente y en los tratados internacionales a los que nuestro país suscribe (tal el caso de la mismísima Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo noveno).

Pues bien, a partir de la imposición de esta Corte Judicial artificial, el aparato del Estado, por medio de sus dependientes y sus obedientes jueces federales (de los cuales el kirchnerismo nombró a más de la mitad durante su reinado), comenzó a perseguir injustamente y a sabiendas (es decir, incurriendo en prevaricato) a cuanto "genocida" presunto se le cruzara. La persecución fue llevada a cabo por estos indecorosos magistrados con el evidente objetivo de cuidar sus cargos, sus ascensos y otras especulaciones crematísticas o políticas.

Luego, este ataque sistemático y generalizado a la población octogenaria llevado adelante por esta embestida política a partir del año 2003 se encargó de encarcelar a más de dos mil personas (a pesar de que sólo 289 de los detenidos fueron condenados en este lapso), de los cuales 324 murieron en cautiverio (cantidad superior a los condenados) por expreso abandono de persona por parte de muchas de las autoridades judiciales que, por acción u omisión, incumplieron con sus deberes de funcionario público, ya que estos, no contentos con ordenar injustas detenciones, ni siquiera osaron otorgarles a sus secuestrados el pertinente arresto domiciliario. En su lugar, hacinaron a sus víctimas en cárceles manifiestamente inadaptadas para contener internos de edad avanzada, teniendo en cuenta que para el Código Penal Argentino el arresto domiciliario (previsto en su artículo 10) resulta operativo toda vez que el imputado supere los 70 años de edad: el promedio de edad de los dos mil presos a los que nos estamos refiriendo supera los 75 años (a los que hay que descontarles los 324 que fueron asesinados por el sistema).

Como el grueso de estos oficinistas que fungen de magistrados en la desacreditada burocracia judicial responden a un sistema político que les bajó órdenes específicas de violentar elementales principios constitucionales en el marco de este ataque sistemático y generalizado contra víctimas vulnerables que mueren a diario, urge imperiosamente que, al restaurarse y rescatarse el Estado de derecho a partir de diciembre del corriente, se lleven adelante todas las acusaciones e imputaciones habidas contra jueces, fiscales y funcionarios de todas las jerarquías que hayan participado directa o colateralmente en esta agresión física y moral contra quienes fueron primero mal encarcelados y posteriormente abandonados o apaleados por el arbitrario andamiaje estatal.

Proveer de conformidad será un esperado acto de justicia.

El autor es abogado e historiador. Su último libro se titula Perón, el fetiche de las masas. Biografía de un dictador (Prólogo de Rosendo Fraga). Unión Editorial. 2015.