Ningún buen patriota queda sin castigo en Colombia

The Wall Street Journal

Alfonso Plazas Vega es un coronel del Ejército retirado que estuvo al frente de la Dirección Nacional de Estupefacientes de Colombia. Cumple una condena de 30 años por la desaparición de dos personas que presuntamente se encontraban dentro del Palacio de Justicia en Bogotá cuando fue atacado por el M-19, un grupo guerrillero marxista respaldado por Cuba, en 1985.

En 2011, la declaración del testigo clave usada para condenar al coronel Plazas quedó expuesta como fraudulenta, pero a eso me referiré más adelante. En diciembre, un juez penal de la Corte Suprema que tenía la tarea de revisar los hechos en la apelación recomendó que Plazas fuera liberado y declarado inocente. Sin embargo, siete meses después, sigue detenido en una base militar en Bogotá, donde lo entrevisté en febrero.

El caso Plazas sugiere que un patrón de testimonios falsos y abusos de la fiscalía se han empleado en los juzgados colombianos para condenar a oficiales del ejército que luchan contra el narcoterrorismo. Su condena es también útil para aquellos que buscan un acuerdo de paz con los terroristas de las FARC en La Habana, ya que apoya su engañoso argumento de que los militares son igualmente culpables de cometer atrocidades.

El 6 de noviembre de 1985, la Corte Suprema de Colombia estaba reunida en el Palacio de Justicia en Bogotá para decidir si la extradición de los capos de la droga a Estados Unidos era permitida por la Constitución. El M-19, financiado por Pablo Escobar, burló la seguridad y tomó como rehenes a los magistrados y a otros que estaban al interior del edificio.

El coronel Plazas lideró la operación de rescate con la que el Ejército irrumpió en el Palacio, conduciendo un tanque de guerra por la puerta principal. Los guerrilleros llamaron a una emisora de radio exigiendo que el entonces presidente, Belisario Betancur, diera la orden de cese al fuego a las tropas. Luego, ejecutaron al presidente de la corte al aire. Durante la confrontación, los rebeldes prendieron fuego a los archivos de la corte y pronto un incendio de grandes proporciones se expandió por el edificio.

Había más de 360 personas en el Palacio al inicio del día. Cerca de 100 murieron en el incendio o fueron ejecutadas por los guerrilleros. Las otras fueron rescatadas por el Ejército. El coronel Plazas fue elogiado por su coraje.

Fue un duro golpe para el M-19, que perdió a su comandante durante la batalla. En 1990, el grupo firmó un acuerdo de paz con el gobierno, con el que obtuvo un indulto general por sus horrorosos crímenes y el derecho a formar un partido político. El bajo mundo, alimentado por el consumo estadounidense de cocaína, siguió prosperando.

Plazas se retiró del Ejército y encabezó la Dirección Nacional de Estupefacientes entre 2002 y 2004. Se ganó una reputación por aplicar enérgicamente las leyes de incautación colombianas contra los traficantes de drogas. Según informes de prensa, decomisó bienes valorados en cerca de US$100 millones.

Plazas fue detenido en 2007 y condenado en 2010. La fiscal Ángela María Buitrago se apoyó fuertemente en un documento que dijo era el testimonio del soldado Edgar Villamizar, quien aseguraba que estuvo presente cuando el coronel Plazas dio la orden de asesinar a civiles rescatados del Palacio. Según informes de prensa, a la parte defensora no se le permitió reunirse con Villamizar, ni mucho menos interrogarlo durante el juicio.

No obstante, el periodista colombiano Ricardo Puentes Melo encontró y entrevistó a Villamizar. Puentes llevó a Villamizar a un popular programa de radio de Bogotá, donde dijo que estaba en una base militar en el departamento del Meta, y no en el Palacio de Justicia, el día del ataque del M-19. Registros militares presentados en el tribunal durante el juicio en 2009 habían confirmado esto, pero el juez los ignoró.

Villamizar también le dijo a Puentes que nunca había conocido al coronel Plazas, nunca presentó declaración ante Buitrago y que nunca había firmado ningún testimonio acusando al coronel Plazas. El soldado aseguró que la fiscalía le había advertido que se mantuviera callado durante el juicio.

La fiscalía dice que Villamizar cambió su relato. Sin embargo, fue claro que no podía haber estado presente durante la toma del Palacio. Hace dos semanas, se informó que Villamizar murió repentinamente de un paro cardiaco.

Hay muchas otras circunstancias extrañas que rodean este caso.

Grupos de derechos humanos alegaron inicialmente que el Ejército “desapareció” a 12 personas. Sin embargo, el gobierno, no los militares, había enterrado rápidamente en una fosa común a muchas víctimas no identificadas encontradas dentro del edificio. De acuerdo con una entrevista que Puentes hizo con el jefe de antropología de la Universidad Nacional, cuando los cuerpos fueron exhumados bajo su dirección a partir de 1998, 27 fueron retenidos por el fiscal general.

Pruebas posteriores de ADN en uno de esos cuerpos fueron dadas a conocer y mostraban que pertenecía a una de las presuntas víctimas “desaparecidas”. La fiscalía general nunca suministró un informe completo de ADN de los otros.

Esa y muchas otras inconsistencias obligaron a los tres jueces del Tribunal Superior de Bogotá a reducir en 2012 el número que Plazas presuntamente “desapareció” a dos. Una era una integrante del M-19, quien si hubiera salido del edificio habría sido interrogada por el servicio de inteligencia, no Plazas.

La continua detención de Plazas sugiere que las fuerzas de la ley y el orden están perdiendo en Colombia.