La DEA, drogas y sexo

La Tercera

Parece una canción del Tri mexicano (“violencia, drogas y sexo es como el rock’n’roll…, violencia, drogas y sexo es el camino del gol”), pero es la cómica historia de tres años en que se ha visto envuelta la DEA, la superagencia antidrogas estadounidense. Una historia que tuvo su desenlace esta semana con la caída de Miche-lle Leonhart, su jefa desde 2007.

Como todo lo que sucede en Washington, hay una versión oficial y otra real. La oficial es que lo que le ha costado el puesto a este personaje, que llevaba casi una década al mando del mayor aparato burocrático antidrogas del mundo, con un presupuesto de casi tres mil millones de dólares, son las noches sicalípticas de sus agentes en Colombia, proclives a contratar prostitutas a través de narcotraficantes. La verdadera historia, aunque menos novelesca, es más importante. Tiene que ver con el cambio de la Administración Obama respecto de las drogas.

Leonhart llevaba tiempo tratando de revertir la tendencia de su gobierno a ser cada vez más tolerante frente a la legalización de la marihuana en ciertos estados y menos intenso en la persecución de su cultivo, comercialización y consumo. Pero Obama y su ministro de Justicia saliente, Eric Holder, pisaron fuerte y Leonhart, debilitada por el escándalo de las prostitutas, ha arrojado la toalla.

Todo empezó en los días previos a la Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena en 2012. Se filtró a la prensa entonces que un grupo de agentes de la DEA que preparaba la llegada del Presidente Obama había tenido relaciones sexuales con prostitutas locales; uno de ellos había sostenido una fuerte discusión con la suya por negarse a pagarle. La prensa estadounidense se cebó en los detalles de lo ocurrido y la visita de Obama perdió gran parte de su solemnidad.

Al interior de la DEA las cosas tomaron un cariz menos risueño. Como toda organización burocrática que se precie, inició una empapeladísima investigación que tardaría tres años en llegar a conclusiones definitivas. Desde un primer momento resultó evidente que los agentes sí habían contratado prostitutas, se habían arriesgado a ser víctimas de algún chantaje y habían tenido tratos con un submundo en el que había policías coludidos con el hampa. Pero resultó más huidiza la información sobre el alcance de lo sucedido. Se supo finalmente que desde hacía mucho rato las oficinas de la DEA en Colombia eran sedes de fiestas con prostitutas contratadas a través de agentes relacionados con narcotraficantes.

Todo esto forma parte de un informe del inspector general que se ha conocido recientemente. Un grupo de parlamentarios pidió la renuncia de Leonhart. Ello no hubiera bastado por sí solo para lograrla (ya había sobrevivido, hace tres años, a lo peor del escándalo sexual de sus agentes). Tan poca importancia da el propio gobierno a las faltas cometidas por los agentes, que los castigos han sido apenas suspensiones sin sueldo de entre dos y 10 días.

El problema era político. Leonhart llevaba a cabo una sorda pero intensa batalla burocrática contra lo que percibía como un relajamiento de la línea del gobierno frente a ciertas drogas. Aunque había síntomas múltiples desde hace algún tiempo de que la Administración Obama quería modificar la línea seguida por sus antecesores, ningún dato resulta más confirmatorio y definitivo que la caída de Leonhart. Uno de sus antecesores, Peter Bensinger, sostiene que el episodio sexual ha sido “un pretexto” para forzar su renuncia por las desavenencias “claras” en relación con “la ley federal contra las drogas, la ley de confiscaciones de activos y las sentencias mínimas por hechos relacionados con el tráfico de sustancias prohibidas”.

¿Qué está pasando? En lo esencial, Leonhart, una mujer con una carrera de 35 años que venía de la policía de Baltimore, expresaba la vieja mentalidad frente a la marihuana. Sus jefes, incluyendo al ministro de Justicia, creen que ha llegado la hora de aplicar una nueva mentalidad. Como las leyes federales persisten, han encontrado formas administrativas y políticas de suavizar su aplicación o incluso eludirla. Esto implica que el aparato del Estado está empezando a alinearse con el cambio radical que se ha producido en la opinión pública y en los votantes.

Todas las encuestas indican que entre 54 y 60 por ciento de los estadounidenses están a favor de la legalización de la marihuana. Como se sabe, sólo cuatro estados -Colorado, Oregón, Washington y Alas-ka- han legalizado tanto el uso recreacional como el uso medicinal del cannabis. Dos ciudades de Maine (Portland y South Portland) han hecho lo mismo. La capital, Washington DC, ha aprobado la legalización pero por su estatus especial ciertas decisiones tienen que ser refrendadas por el Congreso, que en este caso ha bloqueado la legalización del comercio.

La tendencia parece imparable. Otros cinco estados están presentando o próximos a presentar iniciativas parecidas a sus legislaturas, que podrían ser aprobadas antes de 2016. Para no hablar de que en una veintena de estados el uso medicinal de la marihuana ya está permitido.

Desde el punto de vista de la Casa Blanca, el reto jurídico es complejo. La ley federal, que viene desde los tiempos de Richard Nixon, coloca a la marihuana entre las sustancias “más peligrosas” (todas ellas pertenecientes a lo que se conoce como Schedule 1, la primera de cinco categorías en orden descendente de riesgo para la salud). La propia creación de la DEA, en 1973, buscaba perseguir esas drogas prohibidas sin cuartel. Constitucionalmente, la ley federal prevalece sobre la de los estados a menos que -y no es el caso- la Corte Suprema las declare inconstitucionales. . Pero esto implicaría desatar una guerra política y policial contra casi la mitad de los estados del país.

En un principio, los gobiernos se aferraron a la ley federal para tratar de revertir la tendencia a la legalización. Fue el caso, por ejemplo, de Clinton cuando California aprobó en 1996 el uso medicinal de la marihuana, hecho fronterizo que marcó el inicio de una tendencia. Antes de eso había habido episodios de descriminalización que no llegaban -en términos jurídicos- a equivaler a la legalización y, por tanto, dejaban un resquicio para su persecución. Oregón fue el primer estado en descriminalizar la marihuana en los años 70. Pero lo de California representa un salto cualitativo. Clinton y Bush padre instruyeron a sus ministros de Justicia (que también hacen en Estados Unidos las veces de fiscales generales) para que siguieran aplicando la ley federal en contra de la decisión de los estados.

Obama llegó con una actitud distinta pero se cuidó mucho de forzar las cosas en sus primeros años. Mantuvo un discurso contundente en contra de la legalización, aseguró que seguiría aplicando las leyes y dio a Eric Holder instrucciones de guiarse por la ley federal. Sin embargo, dejó entrever que era partidario de no aplicar sentencias tan duras por ofensas menores y que era mejor priorizar la persecución del tráfico antes que el consumo (especialmente el tráfico de gran tamaño). Donde más se notó el cambio fue en lo referente al uso medicinal. Holder anunció en 2009, por tanto al inicio del gobierno, que no perseguiría a “pacientes con enfermedades serias o a sus cuidadores” por “acogerse a las leyes de sus estados sobre la marihuana medicinal”.

Al igual que ocurrió con el matrimonio homosexual, Obama fue variando poco a poco su postura, a tono con la opinión pública, y lo empezó a hacer notar ya entrado su segundo gobierno. El momento clave fue el de la aprobación de sendas iniciativas en Oregón y Washington para legalizar el uso recreacional de la droga. Venciendo la resistencia tenaz de la jefa de la DEA, Holder comunicó a los gobernadores de ambos estados que Obama no aplicaría la ley federal por encima de la legislación estatal y que sólo exigiría que se regulase la marihuana de un modo que permita cumplir ciertas reglas. Entre ellas, por ejemplo, estaba el impedir que los menores de edad pudieran acceder legalmente al cannabis.

Esta decisión partió en dos al gobierno en todas las instancias relacionadas con la aplicación de la ley antidrogas, particularmente la DEA. La lucha interna desembocó en las filtraciones a la prensa de lo sucedido con los agentes antidrogas en Colombia, un proceso que iría minando con los días la situación de la jefa del organismo.

La posición de Obama no varió tanto como para impulsarlo a aceptar la legalización a escala federal pero en una entrevista en el New Yorker por primera vez dio muestras de lo que verdaderamente pensaba: “Como está bien documentado, fumé marihuana de chico, lo que veo como un mal hábito. No muy distinto de los cigarillos, que fumé durante una parte importante de mi vida… No la considero más peligrosa que el alcohol…, les he dicho a mis hijas que es un mal hábito, una pérdida de tiempo”.

Estas no eran, evidentemente, las expresiones de un sheriff sino de un padre consejero. Reflejaban la actitud de alguien que ve en el futuro cercano un tratamiento jurídico y policial del cannabis semejante al del alcohol.

En paralelo, ya había síntomas de que se estaba restringiendo la persecución federal de la droga. Uno de ellos era la reducción significativa de las confiscaciones de propiedad relacionadas con delitos vinculados a los estupefacientes. Esta ha sido una de las fuentes importantes de recursos para la erradicación de cultivos, por ejemplo. Su disminución inevitablemente implicó también la reducción de la destrucción de los cultivos de marihuana, en contra de la opinión de la jefa de la DEA. Cuando Obama llegó al poder, se destruyeron más de 10,4 millones de plantas. El año pasado se destruyeron algo más de cuatro millones, es decir menos de la mitad.

Las implicaciones de esto para el mundo no son pequeñas. Estados Unidos ha gastado más de 100 mil millones de dólares a través de la DEA en el combate contra las drogas, una de las cuales ha sido la marihuana. Las consecuencias han sido traumáticas desde todos los puntos de vista, incluyendo la desproporcionada población afroamericana en las cárceles por ofensas no violentas y la desestabilización institucional de muchas repúblicas latinoamericanas en las que la condición ilegal del comercio ha aumentado de forma considerable el poder de las mafias. Que en Estados Unidos, aunque sea de forma lenta y parcial, haya ahora una inequívoca tendencia en contra de priorizar el método represivo indica que podríamos estar más cerca de lo que parecía hace pocos años de un giro copernicano en la manera de afrontar este problema.