Perú: tiempos revueltos

La Tercera

Es muy difícil, aquí en Lima, separar la paja del trigo, discernir qué es lo importante y qué forma parte de una actualidad transeúnte. La sucesión de escándalos políticos, el estrellato mediático de personajes de esperpento, los tumultos que están otra vez intentando paralizar proyectos mineros, el ruido de sables preelectorales y, por encima de ello, unas instituciones débiles a las que todo esto somete a un zarandeo excesivo, no ofrecen un espectáculo saludable. Pero tampoco un panorama medianamente claro, sobre cuyo tapiz uno pueda hacer rodar los dados del futuro. En el Perú resulta imposible hacer pronósticos.

Vayamos, para intentar dar a este magma alguna forma inteligible, por partes. Desde hace meses, la actualidad está monopolizada por escándalos de dos tipos. Unos están relacionados con personajillos que fueron en su día cercanos a las máximas instancias del partido del gobierno, incluyendo el presidente y su esposa, y a los que hoy se atribuye delitos que van del tráfico de influencias al cohecho o el uso de métodos ilegales contra adversarios. Otros tienen que ver con una extendida práctica de espionaje contra políticos, empresarios, periodistas y personas públicas de distinta índole a través de un sistema de inteligencia centralizado en la Dini (Dirección Nacional de Inteligencia), pero con brazos operativos en distintos organismos estatales.

Es difícil, en muchos de estos casos, establecer las responsabilidades exactas, el grado preciso de veracidad en las denuncias y la naturaleza de la relación entre Palacio de Gobierno y lo sucedido. Evidentemente, en los casos de los lobbies ilegales hubo negligencia al permitirse a personas vinculadas a los primeros tiempos del Partido Nacionalista y el proyecto humalista merodear por el Estado, circunstancia que aprovecharon sin escrúpulos. Y en los casos de “reglaje” o “rastrillaje” a personas públicas (según la nomenclatura local, dependiendo de la práctica) es imposible no suponer un grado significativo de conocimiento de la Presidencia de la República de lo que sucedía, pues las autoridades de la Dini fueron nombradas por el gobierno de acuerdo con criterios de cercanía y confianza (el jefe nombrado al asumir Humala el mando fue un compañero de promoción militar del presidente). Esa institución -ahora en reorganización- rinde cuentas de forma directa al jefe del Estado, además del presidente o presidenta del Consejo de Ministros. Un presidente, en este caso, que no ha ocultado desde el primer día la enorme prioridad que daba a los asuntos relacionados con la seguridad.

Más allá de estas responsabilidades es imposible decir nada muy definitivo y probablemente pasará mucho tiempo antes de que sepamos más. Sin embargo, las consecuencias políticas son de gran magnitud: mientras perpetro estas líneas, el futuro de la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, pende de un hilo. La oposición ha reunido ya algo más de 50 votos de los 65 necesarios para censurarla en el Congreso. En cualquier circunstancia, esto sería delicado; en la actual lo es doblemente porque ella representa lo mejor del gobierno y nadie tiene duda alguna de que es ajena, en lo personal, a las prácticas de espionaje mencionadas. Hacerle pagar a ella el precio del escándalo no sería grave si no se diera un contexto como el actual, en el que una corriente enemistada con los usos democráticos está intentando desplazarla desde el interior del Estado y desde algunos sectores del Partido Nacionalista. La percepción generalizada es que esta corriente está muy cerca de un ex ministro del Interior, el general Daniel Urresti, con pretensiones de candidato presidencial, antecedentes graves en relación con los derechos humanos y simpatías de las máximas instancias del poder, interesadas en explotar su aparente popularidad.

Añadamos a este cóctel otros dos ingredientes. Uno es la desaceleración económica, mayor de la esperada, y otro es la agitación social que se vive otra vez en torno a proyectos mineros en ciertas zonas del país.

El crecimiento económico de enero, en términos anualizados, fue de apenas 1,6% y hay ya indicios de que el de febrero, que todavía la estadística oficial no ha recogido, será inferior. La atonía de la inversión y de las exportaciones no sólo ha impactado el PIB sino las cuentas externas, de modo que la brecha exterior se ha abierto aun más de lo que estaba. El estancamiento de la recaudación de los principales tributos ha eliminado a su vez el superávit fiscal, de manera que, si se proyecta el año completo, vuelve a mostrar sus feas orejas el déficit presupuestario que el Perú había, se creía, dejado atrás para siempre. La receta que se aplicó para tratar de mantener el ritmo económico -un aumento promedio del gasto público de más de 10 por ciento al año- no ha funcionado. Pero lo más importante es que a los factores internacionales culpables del fuerte descenso de la actividad económica se han sumado los internos. Aquí, precisamente, es donde la economía entronca con la inestabilidad y el enrarecimiento político al que hice referencia antes.

Luego está la agitación social. El último foco de agitación es Tía María (Arequipa), un proyecto cuprífero de la Southern Copper, perteneciente al Grupo México, que representará unos 1.400 millones de dólares de inversión y generará una producción de unas 120 mil toneladas de cátodos de cobre por año. Diversos grupos acusan a la empresa de querer contaminar sus valles con este proyecto y están organizando protestas violentas con participación de organizaciones políticas que ya jugaron un papel en la región de Cajamarca, donde paralizaron el proyecto Conga en su día. Si se tiene en cuenta que la Southern Copper tiene programada otra inversión importante para ampliar su operación en Toquepala y que las empresas mexicanas tienen invertidos unos 14 mil millones de dólares en el país, resulta evidente, por los vasos comunicantes que suelen operar en estos contextos, que están en juego muchas cosas. El año pasado la inversión minera cayó más de 11 por ciento en el Perú, de manera que estas señales no auguran nada bueno.

Este complejo cuadro ofrece pocas perspectivas de mejora porque ya calientan motores los participantes de lo que será uno de los procesos electorales más feroces de que se tenga memoria. Los comicios tendrán lugar en abril y la campaña, propiamente hablando, empezará en octubre de este año, pero lo tradicional es que una vez finalizado el verano, lo que es inminente, se ingrese a una etapa de precampaña electoral no declarada. Al clima de escándalos, fragilidad política, odios incontrolados y merma muy considerable de la actividad económica se sumará, pues, una lucha descarnada por el poder entre el humalismo y sus dos grandes enemigos: el fujimorismo y el aprismo. No porque no haya otras fuerzas en pugna (algunas, incluso, nada mal colocadas), sino porque el enfrentamiento entre estas organizaciones está fuera de lo que se estila, normalmente, en una democracia sólida.

Las encuestas señalan que Keiko Fujimori, lidera la intención de voto con un tercio de las preferencias. El segundo lugar, a cierta distancia pero en posición expectante, está el ex primer ministro y ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, seguido del ex mandatario Alan García. Mucho más rezagado se encuentra el ex presidente Alejandro Toledo. El gobierno no cuenta en este momento con una candidatura que compita en los primeros lugares, pero el general Urresti, acusado por la fiscalía de ser autor mediato del asesinato de un periodista cuando era jefe de inteligencia en un cuartel militar de Ayacucho en los años 80, registra en un sondeo un siete por ciento significativo. Su aprobación, alta en comparación con la de todos los funcionarios del gobierno gracias a su estilo virulentamente populista, permite pensar a Ollanta Humala y su esposa que al nacionalismo puede colarse en la segunda vuelta o, al menos, que este personaje puede garantizarles una bancada parlamentaria numerosa que los proteja contra ajustes de cuenta futuros.

Para el Perú, que el fujimorismo lidere las encuestas representa, ante todo, mantener abierta una vieja herida y asegurar que el ambiente de fuerte polarización que se produjo en la segunda vuelta de 2011 entre Humala y Keiko se repita. Que, además, Alan García, el enemigo más directo del gobierno, se sitúe en un tercer lugar que no dista demasiado del segundo, implica la seria posibilidad de una segunda vuelta entre dos fuerzas, el fujimorismo y el aprismo, que despiertan en un sector amplio de peruanos enormes resistencias éticas. Pero impedir esto implica hoy, para peruanos de buena fe que ven en Urresti una amenaza a la democracia y una apuesta aventurera, un dilema endemoniado.

De allí que surja la figura de Pedro Pablo Kuczynski, mientras no sea desplazado por otro, como “salvador”. Se trata, sin embargo, de una persona de edad muy avanzada al que la izquierda no aprecia en exceso debido a su vinculación con la gran empresa peruana y al que la imagen extranjerizante que le han creado sus críticos (tiene un pasaporte estadounidense) convierte en un improbable triunfador en el Perú de hoy.

Todo esto agudiza la ansiedad de los distintos sectores de opinión de cara al proceso electoral.

En lo inmediato, cobra especial importancia el forcejeo al interior del nacionalismo entre el sector populista de dudosas convicciones democráticas con raíces militares encarnado por el ex ministro del Interior Daniel Urresti y la actual primera ministra. Ana Jara está empañada en limpiar el aparato de inteligencia y otras instancias de los personajes, muy probablemente vinculados a la corriente rival, que han desviado su trayectoria hacia prácticas ilícitas, como ocurrió en tiempos del fujimorismo y en tiempos del aprismo. Y también está empañada en fortalecer a un sector de su partido que se resiste a entregarse a una aventura como la que implicará la candidatura populista autoritaria de Urresti. Pero esto enfrenta un obstáculo doble: la pe- netración que han logrado los sectores vinculados a esa corriente dentro del aparato del Estado y, lo que es quizá más importante, la ambigüedad del propio Humala y su esposa, que dejan coexistir a las dos corrientes rivales sin optar con claridad.

La oposición, que a estas alturas cree poder reunir votos para censurar a la primera ministra, no parece entender que está jugando con fuego. Si logra su propósito y saca del camino a la persona más fiable del gobierno, desde el punto de vista del respeto a las formas democráticas, puede abrir las puertas para que el sector cercano a Urresti acabe de consolidarse en el Estado, ya sin rivales internos. Todo ello se traduciría probablemente en la utilización del aparato del Estado con miras a apuntalar la candidatura del ex ministro del Interior, para espanto de medio país y de los agentes económicos.

Sí, tiempos revueltos.