El Salvador: La Constitución y el robo a los pensionados

 

La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el abuso de poder que el gobierno había estado cometiendo por varios años al forzar a los futuros pensionados del nuevo sistema a subsidiar los gastos del gobierno, obligándolos a prestarle sus ahorros contra el pago de tasas mucho más bajas que las que el gobierno paga en otras deudas. Desde la época del presidente Saca el gobierno ha pretendido que estos ahorrantes tienen el deber de financiar o incluso pagar las pensiones de gente que estaba cubierta por el viejo sistema, un concepto totalmente equivocado e injusto, ya que los pensionados del nuevo sistema no tienen ninguna culpa de que muchos gobiernos del pasado, hasta llegar a 1998, se gastaran en otras cosas los dineros que la gente le entregaba contra la promesa de que esas contribuciones servirían para pagarles las futuras pensiones.

La reforma de las pensiones de 1998 terminó con esa estafa en gran escala, dándoles a los futuros pensionados la propiedad de sus ahorros para que el gobierno no pudiera apropiárselos y luego decir que no tenía cómo pagar las pensiones que adeudaba.

Pero el gobierno encontró una manera de seguir estafando a los futuros pensionados. Los forzó a comprar bonos del Estado por el volumen de las pensiones del viejo sistema que tenía que pagar, y compensaba esos ahorros con tasas de interés del 1 por ciento cuando por otras deudas pagaba entre 7 y 8 por ciento. Esa diferencia de intereses, extraída por entre treinta o cuarenta años, hace la diferencia entre una pensión decente y una que no alcanza.

¿De dónde había sacado el gobierno que uno de los sectores más vulnerables, los futuros pensionados, tenía que recibir pensiones más bajas para que el gobierno tuviera costos financieros menores? De ningún lado. No es legal. No es constitucional. Las pensiones son parte de las obligaciones generales del Estado y el gobierno tiene que pagarlas, igual que paga los puentes y las escuelas y los sueldos de los servidores públicos. Y, si el gobierno tiene un déficit al final del años por todos estos gastos, tiene que financiarlo con un aumento de la deuda general del Estado. No se puede decir que el déficit se deba a las pensiones y no a los carros de la Asamblea, o al caviar y el champan de las recepciones, o a los tiquetes de avión y los pagos de hoteles carísimos para hospedar a los funcionarios viajeros, o a cualquier otro gasto del gobierno.

Es posible que el gobierno ahora trate alguna otra manera de apropiarse de los ahorros de los futuros pensionados del nuevo sistema, así como se apropió de los del sistema antiguo para luego decir que no tiene cómo pagarles las pensiones, como ahora mismo está diciendo. Con una asombrosa falta de consistencia, el gobierno ha tratado de regar la idea de que lo mejor es regresar al sistema antiguo para que los ahorrantes del sistema le entreguen todos sus ahorros (más de 10 mil millones de dólares, suficiente para comprar todos los carros de lujo, todo el caviar, todos los pasajes que quieren) más los cientos de millones que la gente ahorra cada año que pasa.

Los ciudadanos no deben volver a caer en esta estafa tan grande que es lo que causó la deuda de pensiones que hoy existe.

La gente debe entender esto. Debe entender también que medidas como el aumento de la edad de retiro no tiene nada qué ver con las pensiones del sistema nuevo. En dicho sistema, cada quien ahorra para su propia pensión, y si quiere retirarse después para ahorrar más, lo puede hacer sin que la ley lo fuerce a hacerlo. Esto lo quiere hacer el gobierno para sacarle más dinero a la gente para poder pagar las pensiones del sistema viejo.

Al mismo tiempo, el gobierno debe entender que en una democracia moderna los abusos de poder no son permitidos, y que el concepto de "aquí mando yo y hago lo que me da la gana", ya no puede usarse en el Siglo XXI. El robo a los ciudadanos ya no es permitido.

El autor es Máster en Economía, Northwestern University y columnista de El Diario de Hoy.