La crisis del estado de derecho de México

The Wall Street Journal

¿Qué tienen en común la desaparición en septiembre de 43 estudiantes universitarios que estaban en la custodia de la policía del estado de Guerrero, en México, y las nuevas acusaciones de corrupción del gobierno federal en la concesión de contratos de obras públicas? Ambas muestran que México aún tiene un enorme problema a la hora de hacer cumplir el estado de derecho.

Los dos casos han desatado una crisis política que podría hundir la ambiciosa agenda del presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), si no toma medidas rápidas y decisivas para restaurar la confianza.

Hasta ahora, el presidente había podido ignorar la legendaria anomia de México. El mandatario navegaba una ola de emoción internacional en torno a la apertura del sector energético, con pocos cuestionamientos a su alrededor. Pero a menos que desee hacer causa común con la extrema izquierda —que piensa que lo tiene contra las cuerdas debido a la desaparición de los estudiantes—, necesita reconocer sus errores, purgar su gabinete y hacer del imperio de la ley su primera prioridad.

Según un informe publicado el miércoles por la Embajada de México en Washington, los estudiantes desaparecidos eran activistas políticos. Ingresaron al pueblo de Iguala, en Guerrero, para “tomar prestados por la fuerza dos autobuses privados” para un viaje a Ciudad de México para participar en una protesta.

La embajada dice que la policía abrió fuego sobre los estudiantes y que en el tumulto resultante seis civiles murieron. Los estudiantes arrestados fueron entregados a un cartel criminal local. Miembros de la banda supuestamente confesaron el asesinato de los jóvenes y la incineración de sus cuerpos. El gobernador de Guerrero renunció. El alcalde de Iguala, su esposa, 36 agentes de la policía municipal y más de 35 personas más están bajo arresto.

El gobernador y el alcalde son del Partido Revolucionario Democrático (PRD), pero los sindicatos de maestros y Andrés Manuel López Obrador, el ex alcalde de extrema izquierda de Ciudad de México, ahora tratan de desestabilizar el gobierno de Peña Nieto al ligarlo a la desaparición de los estudiantes. La semana pasada, los militantes tomaron ayuntamientos, atacaron edificios del gobierno, bloquearon carreteras y quemaron autos en al menos tres estados.

La buena noticia es que pocos temas han unido tanto a la sociedad civil mexicana como la desaparición de los estudiantes y la violenta respuesta de la extrema izquierda. Hay poca simpatía por López Obrador. La prioridad del público es el estado de derecho.

Restablecer el imperio de la ley en momentos en que los criminales tienen tanto poder es una tarea complicada. La política de drogas de Estados Unidos y el apetito de los estadounidenses por los narcóticos han conspirado para abrumar a las autoridades en muchas partes de México. Peña Nieto puede dar un primer paso si demuestra que el estado puede manejar esta investigación con transparencia. Pero tendrá que ir mucho más allá.

Para mostrar que México está comprometido con poner fin a la impunidad y mejorar la seguridad pública, el presidente debería usar su influencia para presionar por la implementación completa del nuevo código penal que obliga que, para 2016, todos los sistemas judiciales federales y de los estados se hayan pasado al sistema oral acusatorio, frente al tradicional sistema escrito inquisitivo de México.

El abogado de Monterrey Ernesto Canales fundó el grupo cívico Renace en 1994 para trabajar por esta reforma en su estado natal de Nuevo León. En una entrevista en Nueva York hace unos meses me dijo que el cambio significará “un aumento en la sustancia sobre la formalidad en los juicios públicos y un incremento en la transparencia. También elevará las probabilidades de que los jueces sepan qué es lo que pasa en sus juzgados”.

Suena importante. Sin embargo, la aprobación por parte del Congreso de las regulaciones federales necesarias para completar la reforma se está moviendo con gran lentitud y el sistema judicial no tiene apuros para cumplir. Muchos de los 32 estados del país aún tienen que hacer la transición.

Todo el mundo sabe por qué. El sistema oral desafiaría el uso del sistema de justicia penal como un centro de ganancias para el estado. En esa tradición, el acusado puede pagar o ir a la cárcel. La culpabilidad pasa a segundo plano y no hay necesidad de salarios competitivos para la policía, expertos forenses o protocolos transparentes para asegurar la responsabilidad y la comunicación entre las autoridades municipales, estatales y federales.

Esto funciona bien para el establishment y Peña Nieto no ha querido gastar capital político para cambiar las cosas. Convertirse en el campeón de una reforma que se originó en la sociedad civil es ahora su mejor opción para restaurar su credibilidad.

El presidente también tiene que lidiar con las recurrentes acusaciones de que su gobierno tiene el hábito de intercambiar contratos por sobornos. Los inversionistas podrían perdonar transgresiones reales o percibidas si él despide a sus secretarios desacreditados y acepta un nuevo proceso de licitación para los contratos de infraestructura que mantenga la distancia con su equipo. El Partido Acción Nacional (PAN), que desea ver una apertura exitosa del mercado energético, podría estar dispuesto a ayudar si se le asegura que el PRI mantendrá sus manos fuera de la masa.

Eso es pedirle mucho al PRI, pero la promesa de Peña Nieto de transformar México depende de ello.