De Tlatelolco a Tiananmen

El Nuevo Herald

Me pregunto si la distancia camufló el murmullo de los estudiantes muertos que persigue al presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario mexicano tuvo que viajar hasta China, en las antípodas del estado de Guerrero, para alejarse de esa doliente letanía que desde el pasado 26 de septiembre lo acompaña. Es la pena constante de los padres de los 43 muchachos de la escuela de pedagogía de Ayotzinapa que, según han relatado tres sicarios, fueron asesinados a sangre fría por órdenes del alcalde de la localidad de Iguala.

Peña Nieto se ha paseado con el líder Xi Jingping y juntos han firmado acuerdos económicos que traen a colación la supuesta modernidad de dos grandes Estados que dan el salto a la competitividad del siglo XXI. Sin embargo, en el ámbito de los derechos humanos ambas naciones tienen un récord nefasto. La historia del comunismo en China está plagada de crímenes atroces contra los opositores y presidio político hasta el presente. En el caso de México, desde los tiempos del poder prolongado del PRI, que Vargas Llosa llegó a calificar de dictadura perfecta, hasta el día de hoy la impunidad ha sido un mal endémico. A pesar de que China y México tienen dos realidades y modelos políticos muy diferentes, sus gobiernos no ofrecen garantías a todos sus ciudadanos e incluso pueden ser los responsables directos de la vulnerabilidad de un amplio sector de la población.

Difícilmente Xi Jingping le preguntó a su homólogo mexicano sobre la crisis que ha provocado el manejo de la desaparición de los 43 estudiantes y los ecos de la matanza de Tlatelolco en 1968, cuando la policía y el ejército cargaron contra los manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas en el Distrito Federal. Eso habría sido resucitar otra masacre, la de la Plaza de Tiananmen, en la que murieron centenares de estudiantes y disidentes chinos que en 1989 soñaban con liderar cambios. Hoy día Tiananmen es un lugar prohibido para quienes pretendan honrar la memoria de los que allí cayeron defendiendo la libertad.

Peña Nieto continúa su periplo por tierras remotas, alejado del sentimiento general de indignación frente a un gobierno, el suyo, que, tal y como ha aseverado José Miguel Vivanco, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, ha actuado “tarde y mal” a la hora de encarar las circunstancias que rodearon la desaparición de los 43 normalistas. Al parecer, la policía municipal se los entregó al cartel de Guerreros Unidos para que se deshicieran de unos jóvenes que estorbaban al alcalde de Iguala y a su esposa. Desde el momento de los hechos, el presidente tardó más de un mes en reunirse con las familias afectadas.

Human Rights Watch, que es una organización consagrada a la defensa de los derechos humanos, además de resaltar las “demoras inexplicables y anuncios públicos contradictorios” que han sido una afrenta para los desesperados padres de los estudiantes, insiste en que la escalofriante cifra de más de 22,000 desaparecidos en todo el país apunta a un Estado fallido que no protege debidamente a sus ciudadanos. En el sexenio de Felipe Calderón no se pudo subsanar tamaño desamparo y bajo Peña Nieto el panorama es aún más desolador.

Mientras el presidente mexicano hace su tournée, los familiares de los estudiantes desaparecidos han iniciado su propia marcha por el país. Su objetivo es llegar a la capital el 20 de noviembre y allí, a un tiro de piedra de la residencia presidencial de Los Pinos, exigir respuestas más contundentes y esclarecedoras que una bolsa llena de cenizas que podrían ser los restos de algunos de los muchachos. Hoy los padres de Ayotzinapa se niegan a que sofoquen el murmullo de sus hijos. Me temo que no hay rincón en el mundo donde Peña Nieto pueda escapar al clamor de tanto dolor.