El Salvador: La diferencia entre rentear y poner impuestos

Las últimas declaraciones del presidente sobre los impuestos –que, después de subirlos, ahora están haciendo cálculos para ver si los aumentan otra vez hasta que lleguen al 20 por ciento del PIB– demuestran que el gobierno todavía no ha logrado establecer la diferencia entre los así llamados "impuestos de guerra" y las rentas de las pandillas, por un lado, y los impuestos estatales por el otro. Ciertamente, todos ellos son contribuciones que alguien extrae a la fuerza de la población. Pero hay enormes diferencias entre ellas.

Todas las diferencias emanan de la identidad del que extrae las contribuciones, lo cual establece también el propósito de ellas. Los "impuestos de guerra" y las rentas son extraídos por grupos parásitos que usan los recursos para sobrevivir y seguir extrayendo recursos de la población. Los que los extraen son particulares y los usan para sus propios propósitos, particulares también.

Los impuestos estatales, por otro lado, son extraídos por representantes subordinados al pueblo con el único propósito de realizar obras que vayan en beneficio del pueblo entero. Su uso para el bien del pueblo convierte a los impuestos estatales en los únicos legítimos entre las contribuciones coercitivas.

Pero, ¿cómo es que el pueblo tiene que usar la fuerza para cobrar recursos que serán en beneficio del pueblo mismo? ¿No hay una contradicción allí?

No la hay. La necesidad de coerción proviene de la existencia de ciertos bienes llamados públicos, que tienen como característica principal que, una vez producidos, no se puede evitar que favorezcan a todos los miembros de la sociedad, independientemente de si han pagado por su producción o no. Por ejemplo, si el gobierno cumple con su deber y garantiza la seguridad pública, todos los ciudadanos, tanto los que han pagado impuestos como los que no, se benefician de ella. Igualmente, si una municipalidad construye un parque que añade a la belleza de la ciudad y limpia el aire, todos los habitantes de la ciudad disfrutan de estos beneficios, hayan o no hayan pagado sus impuestos municipales.

Compara esto usted con un bien privado, como es un refresco. Sólo disfrutan de él los que lo pagan mientras que del parque disfrutan los que pagan y los que no. Debido a esto, hay una tendencia en la gente a no pagar por los bienes públicos ya que aunque no los paguen los disfrutan igual. Por eso, los bienes públicos tienen que pagarse con cobros a la fuerza.

Pero, por supuesto, el dinero así cobrado tiene que gastarse en pagar bienes públicos –como la seguridad pública, la salud y educación del pueblo entero, la sanidad, etc.– y no en pagarles bienes privados a los que están en el gobierno, como buen whisky, carros de lujo y puestos gubernamentales para sus amigos aunque no tengan ninguna capacidad.

El gobierno no tiene ningún derecho a sacarle un porcentaje dado (como digamos, el 20 por ciento) de sus ingresos a la gente. El gobierno no tiene ningún derecho de rentearle nada a nadie. Los impuestos tienen que legitimarse con la demostración de que con ellos el gobierno está proveyendo, de una manera eficiente, los bienes públicos que el pueblo desea.

Esto obviamente no lo entiende el gobierno, ya que conforme el país ha ido pagando más impuestos el volumen y la calidad de los servicios públicos se han ido deteriorando, mientras que el clientelismo y el desperdicio ha ido aumentando. Es claro que el país no paga impuestos para llenar los ministerios con miembros del FMLN ni para que los diputados y otros funcionarios gasten enormes cantidades en viajes imposibles de justificar, mientras no hay medicinas en los hospitales, mientras las escuelas se están cayendo y no tienen materiales, mientras la sociedad está pasando por la crisis de inseguridad más grave de su historia.

El gobierno debe entender esto, debe darse cuenta de que lo que cobra no son rentas, que los que las ponen las calculan hasta donde las víctimas aguantan y con las que sienten que puede hacer lo que le da la gana. Son impuestos, por los que tiene que dar cuenta a la población.

El autor es Máster en Economía, Northwestern University y columnista de El Diario de Hoy.