Argentina: La libertad de prensa, en riesgo

La Nación

Juan Pablo Suárez dirige desde Santiago del Estero el medio digital Última Hora y fue detenido e incomunicado el 9 de diciembre de 2013 durante 10 días en una celda de 1,50 x 1 metros salvo los días que fue trasladado al hospital. En esa misma celda, depende del día, había otros presos comunes, es decir, detenidos en condiciones infrahumanas.

El delito por el que se lo imputó inicialmente era incitación a la sedición.

El delito es excarcelable, es decir, aun existiendo pruebas que lo inculparan, debió ser fichado y liberado en pocas horas.

Desde el momento en que fue detenido, los periodistas de Santiago del Estero comenzaron a poner dudas y sospechas sobre Suárez, desde si realmente era un periodista hasta justificar su detención por estar involucrado como gestor de los levantamientos policiales.

Todo ese desafortunado comportamiento de los colegas sirvió (a la manera de la época de la dictadura militar) para que las entidades periodísticas tardaran hasta 10 días en reaccionar de manera clara y contundente por la detención y maltrato de Juan Pablo Suárez, quien, aun si fuera culpable, no debió estar detenido ni un minuto.

Una vez que se lo liberó, seguramente por la presión de medios y organismos nacionales e internacionales como el Committee to Protect Journalists, se lo imputó con la ley antiterrorista y fue citado a declarar. Como es usual en esos casos, se le debe decir cuál es la imputación y exhibir las pruebas que hay en su contra. Las "pruebas" en cuestión eran cuatro notas y un Excel con los mensajes de texto que habían salido supuestamente de su celular y que se interpretaban como una incitación a la sedición. Los mensajes arengaban a policías a organizar el levantamiento.

Las cuatro notas, como pudimos constatar, son reportes similares a los hechos por muchos medios en todo el país durante los levantamientos policiales y saqueos de antes de fin de año y no sirven para acusar a nadie; los mensajes de texto (los que pueden ser interpretados como comprometedores) fueron enviados desde el celular de Suárez después de haber sido detenido y de que su celular quedara incautado. Es decir que la propia policía, para tenderle una trampa, los envió una vez que secuestró su teléfono. Eso es todo lo que hay en su contra.

Mientras, gracias a la enorme presión que se ejerció desde los medios, el Congreso y distintas ONG, el juez sacó de la carátula la ley antiterrorista, pero procesó a Suárez por incitación. Repito, después de ver los elementos obrantes en la causa y aunque había quedado claro que los mensajes fueron hechos por la policía, en lugar de procesar a los funcionarios que inventaron la causa, la Justicia procesó a Suárez.

Si bien la imputación es falsa a todas luces, pareciera que el hecho de sacar la ley antiterrorista de la causa bastó para que este terrible asunto pase a segundo plano.

Este caso no tuvo como finalidad exclusiva neutralizar a Suárez sino advertir a toda la prensa santiagueña sobre los costos de molestar al poder feudal. Al día de hoy algunos colegas, para justificar su silencio, siguen tirando acusaciones acerca de Suárez que no pueden ser fundadas. Lo que no comprenden es que, aun siendo Suárez culpable de algún otro ilícito, la Justicia deberá juzgarlo por ello y no por ejercer su trabajo de periodista, en donde no es posible observar delito alguno. Nosotros debemos defender la libertad de prensa a toda costa. Aun de aquellos que nos caen mal.

Lo que pasó con el periodista Horacio Esterman, en Tucumán, a quien se le levantó un programa radial por denunciar chanchullos del intendente de Concepción, como lo que en su momento pasó en Formosa, donde un periodista fue también apresado y otro en el Oeste, Aníbal Palma, fue picaneado con una herramienta para mover ganado, forma parte de los cientos de incidentes que Fopea viene investigando e informando a la opinión pública. Estos ejemplos muestran que es cada vez más difícil ejercer nuestro trabajo en la Argentina y, especialmente, en varias provincias del interior.

En algunas, como Formosa, donde el 70% de los ciudadanos dependen del Estado provincial, ya sea por subsidios o salarios, cuando surge una causa penal por alguna acusación del Estado contra un formoseño es prácticamente imposible conseguir un abogado que quiera enfrentar al poder feudal. Salvo algunos pequeños medios digitales, no existe prensa en Formosa que se atreva a criticar las acciones de gobierno. Las represalias se hacen ver de manera inmediata y sin disimulo.

Este cronista fue seguido por fuerzas policiales o de inteligencia cada vez que estuvo trabajando en la provincia. En cada control de ruta, al advertir que éramos periodistas, tanto la policía como la Gendarmería nos demoraba unos minutos mientras informaba por radio a su comando, donde seguramente les autorizaban a que siguiéramos camino.

Viejos medios del interior han desaparecido o se han tenido que entregar al poder de turno para subsistir con la pauta oficial a cambio de una significativa reducción de su libertad de acción. Los periodistas de esos medios, por lo general, no admiten públicamente que no pueden escribir sobre ciertos temas. Otros niegan rotundamente la censura, lo que dificulta muchas veces llevar adelante desde otros lugares del país acciones que divulguen el problema.

Es por eso que las entidades periodísticas deben diseñar y consensuar nuevas formas y maneras de acción rápida y contundente para recuperar la libertad de prensa hoy dañada y reducida.