Aún no hay que celebrar las reformas en México

The Wall Street Journal

Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lleva apenas 16 meses en la presidencia de México, pero su liderazgo ya ha cambiado la imagen internacional del país. Las reformas constitucionales en los sectores de energía, educación y telecomunicaciones, que alguna vez se creían imposibles, eliminaron las barreras hacia una nueva legislación que promete aumentar la competitividad e impulsar un crecimiento más rápido.

De muchas formas, México parece listo para dejar atrás su pasado corporativista en el cual las empresas estaban bajo el control de un Estado unipartidista. De hecho, expertos han declarado que el éxito es un hecho.

Pero es difícil deshacerse de viejos hábitos.

El socio sureño del Tratado de Libre Comercio de América del Norte aún tiene dos problemas colosales —y relacionados— que amenazan su progreso. Durante una visita a México en febrero escuché bastante sobre ambos.

El primero es el populismo económico de Peña Nieto. El mandatario habla de mercados y crecimiento, pero también está expandiendo el estado de bienestar con nuevas prestaciones de salud y pensiones. Hasta los países ricos tienen problemas hoy para mantener ese tipo de promesas. Pero México además quiere saltearse la parte de generación de riqueza y pasar directamente a redistribuirla. El déficit fiscal está camino a ser más alto de lo que ha sido durante buena parte de la década pasada.

Esto preocupa a muchos mexicanos que aún recuerdan las sucesivas devaluaciones de la segunda mitad del siglo XX provocadas por gobernantes que gastaron mucho y tenían sueños de un Estado grande.

Tras la crisis del peso en 1994, el país juró dejar el déficit. Sin embargo, la tentación de gastar el dinero de los demás forma parte del ADN de los políticos y empeora cuando hay una gran cantidad de dinero en el horizonte. Brasil se metió en problemas en los últimos años luego de descubrir reservas de petróleo y gas en aguas profundas, y después de que el gobierno del Partido de los Trabajadores comenzara a gastar inmediatamente las ganancias anticipadas para ganar elecciones. Los políticos de México no son inmunes a ese tipo de desatino. Sería una pena si interpretaran la apertura del sector petrolero a la inversión privada como un cheque en blanco para el Estado.

El otro desafío de Peña Nieto es heredado: un estado de derecho débil.

La delincuencia organizada prospera en México. El tráfico de drogas hacia consumidores en Estados Unidos causa gran parte de la violencia. Pero la extorsión también está extendida. Millones de mexicanos son víctimas de recaudadores de "impuestos" informales. A veces, estos mafiosos se adjudican un estatus de Robin Hood, demandando pagos en nombre de la "comunidad".

Sin embargo, los maleantes que operan con impunidad son un síntoma de un problema mayor. Setenta años de control centralizado del PRI y poca libertad económica crearon una cultura estatal de corrupción endémica. Los mexicanos que querían salir adelante aprendieron que era mejor contribuir a la clase política que hacerlo de forma independiente.

El presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) comenzó a hacer cambios institucionales para desafiar el favoritismo hacia amigos y familiares a nivel federal e incorporó la competencia política. En 2000, Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, ganó la presidencia e interrumpió la larga racha del PRI. No obstante, quebrar la cultura corporativista del PRI resultó más difícil. Luego de más de una década de mejoras en transparencia y rendición de cuentas, aún queda un largo camino por recorrer.

Hoy, la presión económica a empresas a nivel local es legendaria. Los inversionistas se quejan de que los gobiernos estatales y municipales a menudo usan su poder para conseguir pagos: tarifas y coimas discrecionales. Las empresas pequeñas y medianas son especialmente vulnerables.

Las víctimas de la extorsión gubernamental rara vez lo denuncian; es demasiado peligroso. Pero hablan. Transparencia Internacional, que publica un índice de "percepción de corrupción", ubicó a México en el puesto 106 en una lista de 177 países en 2013. Quedó empatado con Gabón y Nigeria y apenas por encima de Etiopía.

Los vestigios que quedan del PRI de antaño son un motivo por el cual la delincuencia organizada, financiada por la guerra contra las drogas, ha sido tan difícil de eliminar. Cuando los mexicanos honestos se enfrentan a los mafiosos, no sólo se están oponiendo a enormes incentivos de ganancias sino que a menudo también a funcionarios poderosos.

El Congreso y las empresas estatales tienen sus propias tradiciones. La noticia en enero de que Pemex, el monopolio petrolero estatal, compró una empresa de fertilizantes con problemas económicos por la desorbitante suma de US$260 millones llamó la atención porque el dueño es un conocido animal político.

Construir una cultura corporativa y política con ética requiere de minimizar el rol del gobierno en la economía. Por eso la reforma energética de Peña Nieto es tan crucial. La competencia para Pemex hará mucho en el proceso de cambio de México.

Otros factores no inspiran confianza. En la reforma de telecomunicaciones pendiente, el papel que el Estado retiene como proveedor de banda ancha diluye en favor de intereses políticos lo que se supone debe ser una reforma del mercado.

Peña Nieto está en una situación difícil. Para llevar adelante sus reformas, necesita el respaldo de las instituciones tradicionales. Pero prometió aprobar leyes anticorrupción y su legado depende de eso. No tiene que hacer ambas cosas a la vez. Sin embargo, sólo tiene hasta la mitad de su mandato de seis años para aprobar lo que importa. Después de eso, ya no tendrá margen para hacerlo.